El pasado mes de julio, la Moncloa remitió un aviso a varias instituciones, corporaciones estatales y empresas con capital público para que evitaran la compra de material generado por Palantir, la empresa estadounidense de software especializada en tecnologías basadas en la inteligencia artificial para políticas de seguridad. Una decisión política después de la polvareda que levantó la información que relacionaba el uso de sus productos de ciberespionaje por parte de EE.UU. e Israel en conflictos como Afganistán, Irak o Gaza o, incluso, internamente, como en el caso de la policía de inmigración estadounidense, el ICE.
Los argumentos que sostenían la decisión del gobierno de Pedro Sánchez se basaban sobre todo en la facilidad que tiene la tecnología de estas empresas para fiscalizar y utilizar los datos personales que los estados tienen de sus ciudadanos. De hecho, era la denuncia de varias entidades defensoras de los derechos civiles y políticos. Curiosamente, el mismo gobierno español, en respuesta a petición de Junts en el Congreso, declaró como información «reservada» la referente a los contratos con esta multinacional tecnológica.
Pero, ahora, una petición del presidente de la Asociación PFE, acrónimo de Protección de la Frontera Electrónica, ha destapado la caja de los truenos. Después de un largo camino procesal, APFE ha conseguido un documento emitido por parte de la Prefectura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa, al cual ha tenido acceso El Món, que no solo admite que los contratos con Palantir continúan vigentes, sino que, además, la última licitación ha supuesto 3 millones más de gasto, pasando de un contrato que se adjudicó en el año 2023 por valor de 16,54 millones a 19,48 millones. Incluso, la respuesta del Estado Mayor de la Defensa, máximo mando uniformado del Ejército, la Armada y el Ejército del Aire y el Ciberespacio, subraya que «no existe ninguna decisión de desistimiento o renuncia relativa al contrato en vigor».
Información sí, pero no toda
Obtener información de los contratos de Palantir no ha sido un camino fácil. El 13 de julio de 2023 ya se registró una petición a la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, una solicitud de acceso a la información pública. Pero, el 13 de septiembre de 2023, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON), el general Fernando García González‐Valerio, alegaba que no se podía otorgar más información porque “la existencia de información clasificada hace inviable el acceso a la totalidad de la información solicitada». De hecho, argumentaba que informar de estos contratos “causaría un perjuicio más grave a la seguridad nacional y la defensa que el interés público de acceso que se pretende preservar”.
El pasado 28 de julio, no obstante, APFE recibió la respuesta a una petición formulada un mes antes sobre los importes y la vigencia de los contratos. A través de una «nota informativa», el Estado Mayor de la Defensa, explica el estado de la contratación. Así, indica que el expediente 2023/SP02002001/00001311E de «contratación de una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas continúa vigente». La «nota» asegura que no ha habido ningún desistimiento ni renuncia del contrato. Sin embargo, evita dar explicaciones sobre alguna prórroga.
Así, resalta en la petición que se hizo sobre si hay algún expediente de renovación o nueva licitación, el Estado Mayor responde que «aplica los límites de acceso a la información establecidos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en tanto que es una «información clasificada de acuerdo con los principios de seguridad que deben imperar en los objetivos y actividades de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas». En concreto, es una adjudicación a Palantir Technologies Spain, S.L. por un total de 16,54 millones de euros. Sin contar que en el año 2022 se le adjudicó un contrato por valor de 256.200 euros. Ambos en las categorías “arquitectura e ingeniería” y “software y licencias”. La APFE, sin embargo, no se conforma con la información y, a través del mismo canal, ha solicitado también a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y a la Guardia Civil. Ambas peticiones están aceptadas y en tramitación.
