Maniobra para evitar dar explicaciones sobre los instrumentos de ciberespionaje de los que dispone el Estado, aunque sean de empresas tecnológicas que despiertan todo tipo de críticas, sospechas y suspicacias. En este caso, de Palantir. Una empresa de software estadounidense especializada en tecnologías basadas en la inteligencia artificial para políticas de seguridad. Una compañía que ha saltado a la palestra por el uso que han hecho de ella EE.UU. e Israel en conflictos como Afganistán, Irak o Gaza o incluso, internamente, como la policía de inmigración estadounidense, el ICE, que ha levantado polvo entre las organizaciones internacionales que defienden los derechos civiles y humanos. Sobre todo por la facilidad que tiene la tecnología de estas empresas para fiscalizar y utilizar los datos personales que los Estados tienen de sus ciudadanos.
Dos adjudicaciones por parte de la Prefectura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa, que depende del ministerio de Margarita Robles, han levantado la liebre. En concreto, son adjudicaciones a Palantir Technologies Spain, S.L. por un total de 16,8 millones de euros en los últimos años. En el año 2022 se le adjudicó un contrato por valor de 256.200 €, y en el año 2023 un contrato por valor de 16,54 M€, ambos al 50% en las categorías “arquitectura e ingeniería” y “software y licencias”. El portavoz de asuntos de Justicia y Derechos de Junts en el Congreso, Josep Pagès, ha pedido explicaciones por estas compras. La sorpresa ha sido que parte de sus peticiones de información han quedado aplazadas por parte de la Mesa del Congreso al considerar que es «materia reservada» y que, en todo caso, si se tuviera que dar alguna explicación se debería hacer en la comisión de control del Congreso de Gastos reservados donde se controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
«Monitorizar a los ciudadanos»
Pagès asegura que persistirá para obtener la información. De hecho, no ha reformulado preguntas, y al mismo tiempo ha presentado un requerimiento de información al gobierno del Estado. Una de las otras fórmulas internas del poder legislativo para pedir explicaciones al ejecutivo sobre su actividad. Pagès teme que con estos contratos y otros que se puedan haber adjudicado o celebrado puedan «de forma proactiva y masiva, estar monitorizando el comportamiento de los ciudadanos en redes sociales y plataformas».
Para Pagès, la simple existencia de las adjudicaciones a Palantir plantea «la existencia de riesgos para la privacidad, la rendición de cuentas y la democracia con la contratación, por parte del Ministerio de Defensa y de sus servicios de información o secretos». En todo caso, Pagès insiste en El Món que no desistirá para «la obtención de los contratos que el Ministerio de Defensa y de cualquier otro organismo del Estado español haya formalizado con Palantir Technologies Spain, S.L.». De hecho, ha reformulado preguntas para obtener de manera más inmediata las respuestas y presionar al PSOE.
Transparencia también lo niega
De hecho, la información que requiere es el Informe jurídico que justifica el uso del procedimiento negociado sin publicidad, cómo es que solo había un licitador, a qué datos tendrá acceso, los encuentros y reuniones entre los representantes de Palantir y del ministerio de Defensa, y qué tipo de uso se hará de las aplicaciones de ciberespionaje o ciberinteligencia, si serán operaciones militares, inteligencia estratégica, ciberseguridad, control de fronteras o cooperación internacional. De hecho, en la plataforma de Contratación del Estado no consta ninguno de los documentos habituales de las contrataciones.
Vale decir que el 13 de julio de 2023 se registró una petición a la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, una solicitud de acceso a la información pública. Pero el 13 de septiembre de 2023, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON), el general Fernando García González‐Valerio, alegaba que no se podía otorgar más información porque «la existencia de información clasificada hace inviable el acceso a la totalidad de la información solicitada. De hecho, argumentaba que informar de los contratos «causaría un perjuicio más grave a la seguridad nacional y la defensa que el interés público de acceso que se pretende preservar».
