Una de las sospechas más expresadas por los portavoces en la comisión de Interior del Parlamento de la CUP y los Comuns, Xavier Pellicer y Andrés García Berrio, es que los Mossos d’Esquadra realizan «identificaciones discriminatorias». Una circunstancia que el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, negó a priori, aunque sí ha encargado un estudio. Según ha explicado en una respuesta parlamentaria la misma consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, «se está confeccionando un amplio estudio sobre la propensión o no a algún tipo de sesgo discriminatorio en las identificaciones que lleva a cabo la policía de la Generalitat».
Un estudio estadístico que se lleva a cabo teniendo en cuenta «todas las identificaciones» realizadas en el país por los Mossos d’Esquadra durante el año 2024. La encargada del estudio es la Comisaría General de Inspección y Evaluación (CGIA). Los parámetros del estudio, aunque no se han hecho públicos, contienen las «indicaciones de los organismos garantes de la defensa de los derechos humanos, las conclusiones de la Comisión de Estudio del Modelo Policial y la nueva normativa más reciente en esta materia». «La policía de la Generalitat está firmemente comprometida a auditar las identificaciones policiales para conocer y analizar este posible sesgo», responde la consejera a petición del diputado García Berrio.
De hecho, el mismo Trapero cuando era comisario en jefe de la DGIA, también ordenó un estudio sobre el posible sesgo racista de las detenciones. Un informe que presentó al Parlamento y que, pese a la negativa del departamento a entregarlo, Transparencia de la Generalitat obligó a entregar una parte y las conclusiones a El Món. Un estudio que, si bien certificaba que las personas extranjeras estaban más tiempo detenidas, defendía que era por cuestiones logísticas como encontrar un intérprete o bien esperar información de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía sobre el arrestado.
«Prohibido cualquier acto discriminatorio»
En su respuesta, Parlon recuerda que «el ejercicio de las funciones policiales prohíbe cualquier trato discriminatorio basado en cualquier circunstancia personal o social». Por ello, remarca que el cuerpo de Mossos d’Esquadra dispone de «numerosos mecanismos que garantizan que las actuaciones policiales respeten los principios a los cuales deben ceñirse». En este sentido, la consejera menciona «la formación que reciben los agentes, los códigos éticos de aplicación al trabajo policial, la supervisión de las actuaciones policiales por los mandos, la evaluación y auditoría de los servicios, la aplicación del régimen disciplinario».
Además, añade «la supervisión y la tutela institucional sobre el funcionamiento de la administración pública que llevan a cabo diferentes instituciones independientes, como el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo y otros organismos de defensa de los derechos humanos, y la interlocución directa con la ciudadanía que siempre y en todo momento puede poner en conocimiento de la dirección del cuerpo cualquier actuación que consideren irregular». Precisamente, en este punto las mismas organizaciones en las que se basan los parámetros de estudio del sesgo discriminatorio, así como la CUP y los Comuns, reclaman un organismo independiente de control policial.
