Nuevo informe sobre la entidad en defensa de los derechos humanos Irídia sobre la violencia institucional. Un profuso documento de 88 páginas donde el equipo jurídico, técnico y psicológico de Irídia aportan datos y hechos sobre casos de violencia institucional que han llevado durante el año 2023. El estudio, presentado esta mañana en Barcelona, alerta del riesgo «de impunidad» de la violencia institucional, un elemento racista cada vez más evidente y reclaman cambios al poder legislativo, ejecutivo y judicial para aplicar los derechos humanos de manera cierta y contundente al ámbito de la seguridad pública y de la administración.
Irídia utiliza como base de su informe el Servicio de Atención y Denuncia en casos de Violencia Institucional (SAIDAVI). Es decir, un servicio a través del cual se llevan a los tribunales casos en que agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios penitenciarios o agentes de seguridad privada vulneran los derechos de las personas por medio del ejercicio de la bastante física o psicológica». En resumidas cuentas, el que el centro describe como torturas y maltratos que se registran al sistema penal.
Todo que la entidad admite adelantos en las últimas décadas en materia de e investigación de la tortura y los maltratos, denuncian que «en Cataluña continúan existiendo estas vulneraciones, así como una serie de prácticas y procedimientos, tanto policiales como judiciales, que dificultan la erradicación». En este sentido, destacan de manera especial el que consideran «preocupantes dinámicas que limitan el espacio de actuación y organización de la sociedad civil, como por ejemplo las infiltraciones policiales, o el hecho que los mecanismos por racismo en el marco de la actuación de los cuerpos policiales todavía sean insuficientes». Así mismo, lamentan que «a pesar de la gran tarea de las entidades memorialistas en Cataluña y los adelantos legislativos logrados, las torturas cometidas por los cuerpos policiales durante el franquismo hoy en día todavía restan impunes».
Aplicar los protocolos
Una de las peticiones más relevantes de Irídia es que el Gobierno «aplique los protocolos ya existentes sobre información, acompañamiento y asesoramiento a las víctimas de lesiones, maltrato o incluso la muerte causada por la actuación policial o penitenciaria». De hecho, no piden nada del otro jueves porque como bien recuerda la entidad, ya hay protocolos similares que se apliquen en la violencia machista o los accidentes de tráfico, pero no en el caso de lisiados o muertos a manos de policías o funcionarios de prisiones. En este sentido, destacan que existen desde el caso de Ester Quintana.
Por otro lado, también reclaman por enésima vez en el Parlamento y el Gobierno que se cree un mecanismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales o penitenciarias, puesto que los actuales mecanismos son lentos o no funcionan bien. Esta iniciativa fue rechazada de las conclusiones a la Comisión del Parlamento sobre el modelo policial.
Las cifras del 2023
Según los datos aportados por Irídia, durante el 2023 156 personas se dirigieron al Saidavi para denunciar presuntas vulneraciones de derechos humanos. De este total, 55 personas y 2 colectivos han sufrido violencia institucional y sus casos entraban dentro del ámbito de actuación del Servicio. En cuanto al perfil de las 55 personas afectadas, 20 eran mujeres, 34 eran hombres y de una de las personas no consta el género.
Finalmente, de los 57 casos atendidos, 35 han estado por actuaciones policiales o de seguridad privada al espacio público, 5 por denuncias de vulneraciones de derechos en la prisión, 5 en casos en que la persona se encontraba bajo custodia policial, 4 en domicilios privados, 4 en contexto de protesta, 1 al CIE y 3 en contextos diversos diferentes de los anteriores. Así mismo, Irídia subraya que como mínimo en 13 de los casos que se han atendido durante el año 2023, en la primera atención se ha identificado un componente discriminatorio en la actuación policial: en 9 casos por racismo, en 2 casos por LGBTI-fobia, en un caso por ambos motivos y en un caso porque la persona tenía una discapacidad física.
Durante el 2023 Irídia ha litigado en un total de 56 casos, pero solo 9 se han asumido este año: 19 en contexto de espacio público o domicilio, 19 en defensa del derecho de protesta, derecho a la información o infiltración policial a los movimientos sociales, 16 en contexto de privación de libertad en comisarías, prisiones o CIE, y dos por torturas durante el franquismo a la comisaría de vía Laietana. Un total de 49 de los casos continúan abiertos, y en el 40% de estos hay un componente de racismo. En 42 casos se va por la vía penal, mientras que los otros siete son una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat o el gobierno español, sea por la vía administrativa o contenciosa.
En los casos penales, hay un total de 156 policías, funcionarios de prisiones o vigilantes de seguridad privada encausados: 63 policías nacionales, 48 mozos, 23 policías locales, 10 funcionarios de prisiones y 12 vigilantes privados.
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