Los Mossos d’Esquadra han intervenido en 8.234 desahucios en poco más de tres años, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de marzo de 2023, un periodo que incluye la pandemia y, por lo tanto, meses en que estuvieron suspensos. En 1.269 de estos casos han participado directamente unidades de orden público, una presencia cuestionada por muchos sectores. Casi, la totalidad de estas intervenciones han estado a cargo del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) –los antidisturbios territorializados– y solo en cuatro ocasiones ha participado la unidad central del orden público de la policía de la Generalitat, la Brigada Móvil (Brimo), por el riesgo potencial que podría tener el desahucio todo y tener carácter social. En todas las ocasiones, han participado también efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Así lo especifican los datos de un informe del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, del pasado 29 de mayo, aportado en el Parlamento, al cual ha tenido acceso El Mundo.
Estas cifras explican la iniciativa de la consejería de Interior que Elena propuso en una conferencia la semana pasada en Barcelona. En concreto, pidió que haya una reforma legal que permita distinguir entre ocupaciones sociales y ocupaciones delincuenciales. Una cobertura legal que ayudaría a establecer nuevos protocolos de actuación en desahucios y desalojos. En el mismo informe, Interior quiere dejar patente que el papel de la policía en estas actuaciones es meramente ejecutivo de las órdenes judiciales. «Las unidades de orden público solo actúan a requerimiento de orden judicial», insiste el informe presentado.
Un «procedimiento normalizado de trabajo»
Según el dosier presentado en la cámara catalana, todos los datos recogidos responden al procedimiento normalizado de trabajo (PNT, en el acrónimo policial) de actuación de los Mossos d’Esquadra en desalojos de inmuebles por mandato judicial. De hecho, incluye dentro del concepto de desalojo los desahucios que responden a un procedimiento civil o de los lanzamientos que son en «diligencias de ejecución forzosa de una resolución judicial sea civil o sea penal y que consiste a desalojar físicamente los ocupantes de una vivienda o local». En síntesis, Interior, y según este documento, entiende como desalojo la acción de apoyo policial a la autoridad judicial para hacer cumplir su orden de desahucio o lanzamiento».
Una premisa que sirve al consejero para destacar que la «policía no puede hacer desalojos de inmuebles sin orden judicial». En todos los casos de un desalojo, la policía de referencia son las unidades de seguridad ciudadana (USC) y en caso de necesidad de apoyo de orden público, las ARRO, los antidisturbios regionales. «Son las dos unidades que ejecutan los desahucios», indica el consejero. En todo caso, la Brigada Móvil no es una unidad de referencia en desahucios sociales.
Y la Brimo, cuándo?
Según el estudio presentado por Interior, la Brigada Móvil solo «puede hacer desahucios de especial riesgo o de carácter radical, pero en desahucios de tipo social lleva a cabo tareas de apoyo en el cumplimiento de órdenes judiciales y de apoyo a las unidades policiales que llevan a cabo el desalojo». Ahora bien, Interior especifica que estos «servicios de apoyo consisten a estar disponibles, pero no en la ejecución directa del servicio y de la orden judicial, dado que esta función recae en los servicios del territorio». Así recalca que las intervenciones de la Brimo en estos casos es «excepcional» y está muy controlada.
De hecho, y siempre según los números del departamento, la Brigada Móvil ha intervenido en solo cuatro desahucios en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de marzo del 2023, cuando se ha cerrado la estadística del informe. «No ha participado en ningún desahucio social desde el 31 de enero del 2022», asegura el informe. De los 4 desahucios, tres se registraron en Barcelona y uno a Blanes.
La intervención policial, siempre por orden judicial
Un detalle que miran de destacar desde Interior en su escrito, es que «la intervención de la policía de la Generalitat en desahucios siempre obedece al cumplimiento de órdenes judiciales, en que se requiere auxilio para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento adoptada en el marco del procedimiento judicial». Estas órdenes judiciales, siempre según el escrito de Interior, van dirigidas a los mandos de los Mossos del territorio que dan cumplimiento en sus funciones de policía judicial. Es decir, son intervenciones policiales con «recursos ordinarios asignados».
En cuanto a las ARRO, Elena remarca que «no intervienen de oficio» y solo actúan si son requeridas por la autoridad judicial competente o el jefe del dispositivo, o cuando los mandos superiores valoren que en el entorno del desalojo se pueden producir riesgos graves para la seguridad de las personas y los bienes, acciones que puedan comprometer el orden público y/o acciones que dificulten e impidan la ejecución de la orden judicial.
Interior admite, pero, que de las 1.265 intervenciones con ARRO no se puede discernir hoy por hoy qué han sido ordenadas por el juzgado. «Actualmente», se excusa el departamento, «las aplicaciones informáticas de los Mossos no permiten explotar la información de la demanda específica de la presencia de la Brimo o de ARRO, si esta ha sido ordenada por la autoridad judicial específicamente o a petición de los mandos superiores ni, si es el caso, qué juzgado la ha pedido». «A menudo los juzgados se limitan a solicitar orden público sin explicitar si las unidades policiales son ARRO o Brimo», subrayan desde la dirección de Interior. En todo caso, el 2020 el 91% de los desahucios tuvieron antidisturbios por requerimiento expreso de los jueces.
Mapa de las actuaciones
Según los documentos aportados, las ciudades con más desahucios con ARRO en los últimos tres años y tres meses han sido el Hospitalet del Llobregat, con 406 en total, mientras que con USC ha habido 372; y Barcelona, con 244 de los 2.400 donde han actuado los binomios de seguridad ciudadana. Sigue el listado, Santa Coloma de Gramenet, con 121; Terrassa con 51; Lleida, 41; Badalona, 34; 23 a Mataró y al Prat del Llobregat; 19 a Salt; 16 Sabadell, 15 Constantí; 12 Manresa o 11 a Rubí.
