El Gobierno de Salvador Illa recupera una de sus grandes regulaciones en el ámbito de las energías renovables. El ejecutivo ha conseguido el visto bueno del Parlamento de Cataluña para convalidar el Decreto 22/2025, de resiliencia del suministro eléctrico de Cataluña. Lo ha logrado con el voto a favor del PSC, Junts, ERC y los Comunes, la abstención del PP, la CUP y Alianza, y el voto en contra de Vox. Se trata de el heredero del decreto 12/2025, que la Generalitat retiró el pasado mes de julio por no contar con los apoyos necesarios para convalidarlo. En aquella ocasión, fue una primera respuesta de la administración catalana al apagón general de abril. Aquel proyecto enfatizaba, tal como ha recordado la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, «la resiliencia y las baterías» para evitar una situación como la que padeció el conjunto del Estado con la fallida eléctrica. Cuatro meses después, ha señalado, el texto «se ha enriquecido» con contribuciones de los partidos, del sector renovable y de partes afectadas, como las comunidades de regantes.
Ya en la primera versión del decreto, el apartado que más apreciaba el sector renovable era el tratamiento de las baterías y, en general, el sistema de almacenamiento de la energía con el que debe contar Cataluña, especialmente después del apagón general. Según datos del Departamento, la administración catalana ya acumula más de 150 proyectos de baterías con una capacidad de almacenamiento de casi 1.500 MW. «Aseguran la resiliencia y garantizan el suministro eléctrico», defienden. En este sentido, el decreto 22/2025 recupera medidas incluidas en la primera instancia, como la declaración de los aparatos de almacenamiento como servicios técnicos, lo que facilita que se puedan instalar cerca de subestaciones de conexión. También se aclara la regulación de las baterías en instalaciones de autoconsumo industrial. Como nuevas medidas, el decreto regula por primera vez la hibridación de baterías con parques eólicos y fotovoltaicos.
Aparte de las cuestiones que ya trataba el decreto original, el nuevo texto incluye diversas normas de facilitación administrativa para las renovables, nuevas formas de participación ciudadana en los proyectos o facilidades para el autoconsumo industrial, que ahora es considerado como activo «de interés público superior», lo que permite, por ejemplo, que los municipios cedan espacios públicos. Era este apelativo, precisamente, el que generó disenso entre las formaciones que apoyan al Gobierno en la primera versión del decreto. Entonces, la Generalitat pretendía calificar de interés público superior todos los proyectos de generación renovable, de almacenamiento y de distribución eléctrica. Entonces, la oposición del campesinado -con Unió de Pagesos y Revolta Pagesa a la cabeza- y parte del mundo local forzó el brazo de formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya. Ahora, esta figura se ha reservado solo para ciertas instalaciones de autoconsumo, mayoritariamente industriales, en tejados u otras infraestructuras. «La ciudadanía entiende mucho mejor estos proyectos, porque se ve directamente quién se beneficia de la generación: va para la empresa que da trabajo a los vecinos», ha razonado Paneque en un encuentro con medios. Cabe destacar que esta consideración deberá llegar por orden de la Comisión Europea, pero no lo hará hasta que el Estado complete la transposición de la directiva comunitaria que obliga a priorizar las energías verdes.
Por primera vez, comunidades energéticas
Entre otras cuestiones, el decreto regula por primera vez la figura de las comunidades energéticas. Las entidades, que agrupan particulares o empresas que buscan generar su propia energía y gestionar la infraestructura, pasarán a formar parte de un registro público que les dotará de más autonomía. El texto también establece el camino para que las corporaciones municipales puedan formar parte. En el ámbito del autoconsumo, aceleran el aterrizaje en el Principado del autoconsumo eólico, especialmente dirigido al ámbito industrial. Cataluña solo cuenta con dos instalaciones de este estilo: la del centro logístico de Amazon al Far d’Empordà y la de la papelera alemana Kronospan en Tortosa.
El Gobierno ha abordado con este decreto parte del conflicto con el campo catalán por las instalaciones fotovoltaicas. En un acuerdo entre el sector renovable y las comunidades de regantes, el decreto prohíbe la instalación de placas en terrenos de regadío. También garantiza la participación en un 20% de la población de los municipios afectados en los proyectos de renovables, con la intención de que «nazcan con la colaboración del territorio» para evitar la oposición social que generan algunos casos. Por otro lado, a favor de los promotores, el texto prohíbe a los municipios implementar prohibiciones totales a las renovables.
Eliminar la burocracia
Según el Departamento, uno de los objetivos de la ampliación del decreto era acelerar los trámites necesarios para implementar instalaciones de renovables en el territorio catalán. Hasta ahora, la espera media para poder llevar adelante un proyecto de generación era de hasta tres años, un hecho que «restaba competitividad» respecto a territorios donde la burocracia es más rápida. En adelante, esperan los especialistas de Transición Energética, estas iniciativas deberían estar esperando solo 18 meses, como máximo. Entre otras concesiones a los promotores, la norma añade la tramitación acelerada de renovables en espacios antropizados, como infraestructuras o entornos urbanos; y facilidades para instalar generadores, conexiones o baterías cerca de carreteras.
También elimina obstáculos para el repotenciamiento de infraestructuras: antes, cuando se debía añadir capacidad a una red o un parque generador, la administración lo trataba como una obra nueva; como si se tuviera que construir desde cero. Abre la puerta, por otro lado, a declarar como de utilidad pública una línea que conecta un parque de autoconsumo con excedentes con un gran consumidor, y eleva la potencia mínima para obligar a una autorización administrativa hasta los 500kw. Se activa, además, un trámite que hasta ahora estaba fuera del alcance de los promotores: la venta de licencias. Es decir, si un promotor se queda sin recursos para llevar adelante un parque cuando ya ha completado el período de autorización, podrá vender la licencia a un tercero que sí tenga el músculo financiero para asumir la construcción inmediatamente. «Son pequeños retoques a lo largo de toda la autorización que permiten ir más rápidamente», argumentan desde el departamento.
