Plataforma per la Llengua da un paso más para proteger los derechos de los catalanohablantes en la movilidad tras lograr incorporar cláusulas lingüísticas en las concesiones para las líneas de autobuses interurbanos de Catalunya. La entidad en defensa del catalán ha presentado 15 alegaciones ante la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para exigir que los futuros servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de titularidad estatal garanticen la lengua en todos los trayectos que pasen por Catalunya y el País Valencià. «Es necesario garantizar, en definitiva, que se respeten los derechos lingüísticos de los consumidores catalanohablantes en todos los servicios con origen o destino en los territorios de habla catalana», defiende la entidad en un comunicado.
Las alegaciones se han registrado en el período de información pública de los anteproyectos de concesión de varios corredores clave, como los que conectan Barcelona con Madrid, Sevilla, Galicia, Euskadi o Aragón, así como líneas estratégicas como Teruel-Castellón-Barcelona, Valencia-Alicante-Murcia o la Madrid-Albacete-Alicante. La ONG del catalán reclama que las obligaciones lingüísticas se incluyan de manera vinculante en los contratos de concesión y que estén sujetas a mecanismos estrictos de control y sanción por incumplimiento. Entre las principales peticiones, la entidad presidida por Òscar Escuder solicita que el catalán esté disponible en toda la información esencial del servicio, la atención oral y escrita a los usuarios, la señalización, los canales digitales, la documentación contractual, los procedimientos de reclamación y las comunicaciones sobre incidencias.
Desde la información esencial hasta los canales digitales y la atención oral
Para hacer efectivo el blindaje de la lengua en el servicio, la ONG del catalán formula una serie de peticiones concretas que abarcan la totalidad de la prestación del servicio. La entidad reclama una cláusula general que obligue a las concesionarias a ofrecer en catalán toda la información esencial para el viajero, como los horarios, las tarifas, los itinerarios, las condiciones de acceso y la gestión de incidencias. Esta presencia del catalán deberá desplegarse de manera normalizada en la cartelería, las pantallas informativas, la megafonía, las máquinas de venta y los entornos digitales como webs y aplicaciones móviles. Así mismo, el texto exige que los usuarios puedan dirigirse en su lengua al personal de las operadoras en cualquier canal de atención al cliente, tanto antes como durante y después del viaje.
La documentación contractual, como los billetes, las facturas y las condiciones generales, también deberá estar disponible en catalán, así como las hojas de reclamación y los procedimientos de queja. Para evitar que estas medidas queden en papel mojado, la organización propone incorporar formación específica sobre derechos lingüísticos para los trabajadores de atención al público, establecer auditorías periódicas y fijar penalizaciones por incumplimiento que se apliquen también a las empresas subcontratadas. Finalmente, la entidad recuerda que la titularidad estatal de los servicios no exime a las empresas ni a la administración de respetar el ordenamiento jurídico y la normativa de consumo de los territorios donde operan.
Aumentan las quejas de los usuarios
La necesidad de blindar estos derechos viene avalada por los datos de la entidad: en lo que llevamos de 2026, Plataforma per la Llengua ya ha recogido 12 quejas por agravios lingüísticos en el transporte por carretera en Catalunya –la mayoría por atención oral–, una cifra que ya supera el total registrado en todo 2025 y 2024, cuando se registraron 11 cada año. En este sentido, la entidad en defensa de la lengua señala que Hife, Moventis o Alsa son algunas de las empresas responsables de los servicios en los que se han registrado las denuncias.
