Un informe de Plataforma por la Lengua defensa que «no hay ningún impedimento legal» para la oficialidad del catalán en la Unión Europea y que, por lo tanto, es una «decisión política» del Consejo de la UE. En este mismo documento apuntan que todos los tratados europeos firmados por los 27 estados miembro queda recogido que son los mismos estados los que tienen la potestad para decidir qué lenguas son oficiales o no, por lo cual, si todos los requisitos legales están garantizados, la decisión solo responde a decisiones políticas.
Entre otras cuestiones, el informe destaca que la ley comunitaria no tiene un «requisito explícito» sobre que la lengua en cuestión tenga que ser oficial en todo el estado para poder ser reconocida como oficial en la UE, por lo cual, el catalán cumple el requisito. De hecho, el informe apunta que el inglés no es la principal lengua oficial a ninguno de los estados miembro, y que aun así es lengua oficial a Europa. Es decir, el documento subraya que el inglés es considerada lengua oficial secundaria tanto en Irlanda como Malta, pero tiene un carácter legalmente «subordinado» al maltés y el irlandés, un hecho que se podría comparar al que tiene el catalán en el Estado: «Esto hace del inglés un caso especial, puesto que tiene el estatus de oficial en la UE y de lengua de trabajo, sin reunir las condiciones de estatus oficial a ningún estado miembro con la misma claridad que el resto de lenguas», remarca el informe.
Una decisión política
El informe, elaborado por Karen McAuliffe, profesora de Derecho y Lengua en la Universidad de Birmingham, y por Takis Tridimas, profesor de Derecho Europeo y codirector del Centro de Derecho Europeo al King’s College de Londres, remarca que el catalán ya tiene estatus oficial en el Estado, a pesar de que no quede reconocido dentro de la «ley primaria de la UE»: «Se puede concluir que esta condición es más una consideración política que el Consejo ha decidido de manera autónoma», apuntan los juristas. Teniendo en cuenta que el informe concluye que la decisión sobre si oficializar o no el catalán a Europa es puramente política, los autores del texto apuntan que «excluir el catalán de ser una lengua oficial sería una visión rígida y restrictiva contraria al principio europeo de multilingüismo y, como ha apuntado el relator especial de la ONU sobre minorías Fernand de Varennes, supone una forma de discriminación según la ley internacional».
