Plataforma per la Llengua ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso de reposición contra la resolución judicial dictada la semana pasada que ordenaba ejecutar la sentencia que recortaba el decreto para proteger el catalán en la escuela. La ONG en defensa de la lengua considera que el auto judicial es «un nuevo intento de los españolistas para dominar el discurso y desgastar la escuela», pero remarca que la orden «no debe encender ninguna alarma» porque los artículos anulados en la sentencia ya los regulan otras normativas. Aun así, pide al tribunal que retire la resolución porque la petición de ejecución de la sentencia que pedía Asamblea por una Escuela Bilingüe «es interesada, inapropiada formalmente, innecesaria e injustificada».
Además, la entidad en defensa del catalán insta al Gobierno a que aplique los artículos del decreto de régimen lingüístico que no fueron anulados por la orden del TSJC, y pone énfasis en el artículo 36. Este establece que se pueden sancionar a los docentes que no cumplan el proyecto lingüístico de centro y que los nuevos docentes que entren al sistema deben acreditar un nivel C2 de catalán. Entre los artículos vigentes, también remarca el 16, que concreta que el catalán es la lengua propia de la administración educativa y se debe emplear en las comunicaciones internas, en el resto de interacciones y con las instituciones de los territorios de habla catalana. Y no solo eso, porque también regula que las empresas subcontratadas por las escuelas y la administración educativa están obligadas a usar el catalán. El 6.7, por su parte, fija que la rotulación, la comunicación digital y las webs de los centros, así como toda comunicación externa, debe ser en lengua catalana.
Sobre los proyectos lingüísticos de centro y la inmersión lingüística, el artículo 11 establece que se debe disponer de datos sociolingüísticos de los centros, se les debe orientar sobre cómo aplicar la inmersión y que los responsables son los equipos de asesores y asesoras de lengua y cohesión social del Departamento de Educación, así como la Inspección Educativa. Además, el capítulo 3 de la ley fija que los proyectos lingüísticos de centro deben partir de datos sociolingüísticos y de las competencias lingüísticas del alumnado concreto del centro. El mismo capítulo también establece que debe haber continuidad y coherencia lingüísticas en los servicios subcontratados, en las actividades extraescolares y los comedores, y que se deben concretar mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión de los proyectos lingüísticos.
Más articulado vigente del decreto para proteger el catalán en la escuela
En los artículos 12 y 13, se fijan las bases que deben acreditar que los alumnos tienen un nivel correcto al final de la etapa educativa, y en el 30 se establece que los procesos selectivos de contratación y las oposiciones deben ser solo en catalán. El artículo 5.3 fija que todos los centros de adultos deben tener como mínimo oferta docente de catalán, y que el Consorcio para la Normalización Lingüística debe colaborar. Para concluir, en el artículo 14 se especifica que se debe potenciar el catalán en las colaboraciones con agentes externos y, en el 15, que se deben favorecer las colaboraciones con el resto de los territorios de habla catalana.
Plataforma per la Llengua ya había recurrido antes contra el TSJC
Por otra parte, la entidad presidida por Òscar Escuder recuerda en un comunicado que presentó recurso de casación al TSJC por la anulación de 14 artículos del decreto para incentivar el uso del catalán en la escuela a principios de septiembre de 2025. Asimismo, la ONG del catalán también pidió en el otoño de 2024 recusar a todo el tribunal que había suspendido cautelarmente el decreto de régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña porque el auto prejuzgaba lo que debía resolver la sentencia, y por la participación irregular en el caso de algunos jueces como, por ejemplo, el magistrado Aguayo, que se posicionó durante una visita de eurodiputados impulsada por Dolors Montserrat (PP) diciendo que «no se puede exigir a los ciudadanos que sean héroes para ejercer sus derechos y pedir el 25% de castellano».
