Los tribunales continúan con su persecución contra el catalán. Este jueves se ha sabido que el Ayuntamiento de Vic se ha convertido en el primero condenado por exigir el idioma a los trabajadores públicos. El magistrado del Juzgado Contencioso número 15 de Barcelona ha condenado al consistorio de la capital de Osona porque cree que pedir el nivel B2 —un nivel intermedio de lengua que es el que los alumnos adquieren en la ESO— a un trabajador público que hará de operario en el cementerio es «excluyente».
En la sentencia, que, no casualmente, ha sido filtrada a El Mundo por una fuente no identificada, el juez declara “nulas” las bases de su concurso público y ordena al Ayuntamiento que rebaje los requisitos y pida el nivel inicial A2 a los candidatos. El magistrado argumenta su decisión diciendo que “la elevación del requisito” al nivel B2 está aplicada de “manera indiscriminada y no conectada con las funciones” del puesto de trabajo. Así, el juez defiende que el puesto de trabajo “es eminentemente manual”, y que no son necesarias “exigencias propias de interacción lingüística compleja”.
A raíz de la denuncia presentada por la entidad españolista Convivencia Cívica, el juez concluye que la obligación del nivel B2 de catalán para trabajar de operario en el cementerio es “una barrera de acceso excluyente que constituye una discriminación directa por razón de lengua”. Además de reconfigurar los criterios de la plaza, el titular del Juzgado Contencioso número 15 de Barcelona obliga al Ayuntamiento de Vic a pagar una multa de 1.000 euros.
“Hay una persecución contra el catalán”
El alcalde de Vic, Albert Castells, ha vinculado la sentencia a la “ofensiva judicial contra el catalán”, y ha añadido que es una decisión más de la “represión política que sufrimos como pueblo y como nación”. En declaraciones a El Món a RAC 1, el alcalde de la capital de Osona ha defendido la necesidad de garantizar los derechos lingüísticos de sus ciudadanos a comunicarse en catalán y, por ello, ha señalado que “el personal de la administración debe tener unos mínimos conocimientos de lengua. Castells ha dejado claro que recurrirán contra la decisión judicial: “Iremos donde haga falta”, ha dicho y ha agradecido el apoyo de Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, de la ANC y las entidades que forman parte de la Taula per la Llengua. “El Ayuntamiento recurrirá hasta última instancia todas las sentencias”, ha insistido.
Castells ha invitado al juez o cualquier representante del estamento judicial a ir a Vic y ver quién de los dos “encuentra barreras lingüísticas” y comprobar que son los catalanohablantes los que no pueden usar su lengua en muchas ocasiones. “Tenemos el reto de que nuestra lengua no desaparezca”, ha expuesto, y ha defendido las cláusulas lingüísticas en las convocatorias de la administración local. Con todo, ha dicho que el catalán goza de “una salud muy buena” en la ciudad y debe continuar siendo el “pilar” de la cohesión en el municipio. Preguntado por si esta sentencia puede anular futuras leyes como la que prepara el Gobierno para que los taxistas sepan un mínimo de catalán, Albert Castells ha señalado que “mientras estamos distraídos con sentencias y recursos, no nos focalizamos en cómo afrontar el reto de la lengua”. “Me preocupa la ofensiva judicial contra la lengua”, ha concluido.
Puigdemont carga contra “la falacia del bilingüismo”
La sentencia contra el Ayuntamiento gobernado por Junts ha provocado la reacción del presidente en el exilio y líder del partido, Carles Puigdemont, que a través de la red social X ha cargado contra “la falacia del bilingüismo” y ha constatado que, «a base de sentencias judiciales, se va retornando al régimen monolingüe que impuso Franco”. Aun así, ha puntualizado que ahora hay una “ligera diferencia” porque “el uso del catalán es tolerado y tienes un cierto derecho a usarlo, pero nunca en igualdad de condiciones con el castellano”. “En caso de conflicto, un juez siempre resolverá en contra tuya”, lamenta. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha denunciado que «continúa la cruzada de nuestra toga contra el catalán», y ha subrayado que «quien excluye son aquellos que atacan y persiguen nuestra lengua».
La exconsejera, alcaldesa de la Garriga y presidenta de la Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, ha dado apoyo al alcalde de Vic a través de la red X y ha defendido que exigir un determinado nivel de catalán “no es excluir, es garantizar derechos y cohesión”. También ha opinado el diputado Francesc de Dalmases ha dicho que la sentencia es la “enésima vez que España nos recuerda que el catalán no solo no tiene estado sino que tiene un estado en contra”. Asimismo, ha cuestionado la utilidad del Pacto Nacional por la Lengua y ha ironizado que “espero —sentado— su reacción airada”. “Sin independencia no hay futuro para la lengua”, ha sentenciado.
