Plataforma per la Llengua ha reclamado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para impulsar el uso del catalán en la justicia, pero ha denunciado la «pésima» situación que vive la lengua en este ámbito porque la normativa vigente tampoco se cumple. Durante el 2023, 8 de cada 10 peticiones, concretamente el 79,16 %, para recibir la documentación de los procesos judiciales en catalán fueron desatendidas, y los solicitantes recibieron la documentación en lengua castellana. Estos son datos del informe de indicadores de los servicios lingüísticos del ámbito judicial del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, que también explica que, al revés, cuando se solicita la documentación en castellano, la petición se satisface casi en el 100 % de los casos -solo el 1,84 % de estas peticiones fueron desatendidas en el año 2023-. «Los datos también revelan que las peticiones se satisfacieron aún menos que en el año anterior y que, al mismo tiempo, las peticiones para recibir la documentación en catalán también cayeron», concluye la ONG del catalán en un comunicado.
La entidad presidida por Òscar Escuder subraya que, en términos absolutos, se incumplió la petición en 295.681 procedimientos, y solo se satisfacieron en 75.010 procedimientos, que representan el 20,24 % del total. Así, subraya que el porcentaje es ligeramente peor que el del año anterior, 2022, en el que se satisfacieron el 21,13 % de las solicitudes, pero un poco superior al del 2021, cuando el porcentaje de peticiones satisfechas fue del 18,7 %. Estos datos hacen referencia a las solicitudes hechas a través de la plataforma telemática E-Justícia.cat, que está implantada en los juzgados de primera instancia, en los sociales, en los mercantiles y en los contenciosos administrativos, pero aún no en los penales, una herramienta que, según denuncia Plataforma per la Llengua, «avisa hasta tres veces a los funcionarios cuando están a punto de notificar una resolución infringiendo el derecho de opción lingüística«.
Asimismo, la ONG en defensa de la lengua catalana muestra su preocupación por la caída en las peticiones cumplidas, sobre todo si se tiene en cuenta que el Departamento de Justicia incrementa año tras año el complemento económico para los abogados del turno de oficio que presentan los escritos en catalán. «Se evidencia, por tanto, que es una medida que no funciona», concluye, y remarca que ahora habrá que estar alerta para evaluar si el acuerdo, de este junio, entre la Sala de Gobierno y la Secretaría de Gobierno del TSJC para poner fin a los incumplimientos para recibir la documentación en catalán funciona. «El hecho de que tuvieran que pronunciarse sobre el tema es una muestra de hasta qué punto las mismas instituciones reconocen que el incumplimiento es flagrante», expone.
Caen las peticiones de recibir la documentación en catalán
Por otro lado, Plataforma per la Llengua apunta que en el año 2023 también cayeron las peticiones para recibir la documentación en catalán: solo se solicitaron en catalán el 8,08 % de las solicitudes, cuando el año anterior se habían solicitado el 9,91 %, y en 2021, el 14,71 %. Una situación que atribuye a los incumplimientos de los juzgados que «desincentivan continuar reclamando estos derechos«. En este sentido, recuerda que el derecho de opción lingüística, así como el derecho de «recibir toda la documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada», son derechos reconocidos en el artículo 33 del Estatuto. Esta situación, según valora la entidad, se debe a «un círculo vicioso que debe romperse con unas políticas lingüísticas transformadoras que no solo garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la justicia, sino que sirvan para divulgar estos derechos entre toda la ciudadanía y aspiren a normalizar el uso de la lengua en el ámbito judicial».
Asimismo, recuerda que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM) prevé que las autoridades aseguren que «los órganos jurisdiccionales, a petición de una de las partes, lleven el procedimiento en las lenguas regionales o minoritarias». A pesar de que el Estado español ha ratificado este punto de la CELRoM, la ONG del catalán denuncia que la Ley Orgánica del Poder Judicial «vulnera esta previsión» y, en el artículo 231, da al juez la potestad de elegir la lengua oficial del procedimiento y solo le obliga a cambiar si una parte exige que se haga en castellano alegando «indefensión». «El artículo 231 conlleva que la lengua de las actuaciones judiciales sea, por defecto, el castellano, una provisión que menosprecia el principio de igualdad de las lenguas oficiales», denuncia Plataforma per la Llengua, que reclama la modificación del artículo.
Propuestas para aumentar el uso del catalán en el ámbito de la justicia
Entre las acciones para mejorar la situación del catalán en la justicia, Plataforma per la Llengua propone desde hace años modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular el uso del catalán, y, por otro lado, también defiende la difusión de los criterios de usos lingüísticos a los profesionales de la Generalitat de cuando intervienen ante órganos judiciales, trabajar con el Consejo General del Poder Judicial para mejorar el sistema de meritación del catalán en la provisión de plazas judiciales y modificar las condiciones de acceso a la bolsa de interinos de la Administración de justicia para asegurar los conocimientos de catalán de quienes se incorporan.
Finalmente, reclama incorporar un requisito lingüístico para los trabajadores que se incorporan a la Administración de justicia con el objetivo de «mejorar la capacitación lingüística de los trabajadores de la justicia para que puedan entender y usar el catalán con un nivel adecuado». Un requisito que, según la entidad presidida por Escuder, debería tenerse en cuenta también en el régimen de selección y de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario, en la designación de magistrados suplentes, en el otorgamiento de comisiones de servicios de jueces y magistrados, en la provisión de vacantes de magistrado y en las oposiciones y los concursos para cubrir vacantes de la administración de justicia.
