El 19 de septiembre de 2023 se pudo escuchar hablar en catalán por primera vez en la historia en el Congreso de los Diputados, pero esta normalidad es solo un espejismo. El año 2024, según recoge un informe publicado recientemente por Plataforma per la Llengua, las instituciones españolas, europeas y las del resto del mundo de las cuales forma parte el Estado español aprobaron 218 normas que privilegian el castellano y relegan el catalán en los territorios catalanohablantes del Estado español y en las instituciones que tienen jurisdicción. Concretamente, las instituciones españolas aprobaron 114, las europeas 101 y las organizaciones internacionales 3. Se trata de un 13,5% más que el año anterior, cuando se aprobaron 192.
La ONG del catalán constata que hay tres elementos que generan una situación de «desigualdad jurídica». El primero, según apuntan, es que el catalán no es lengua oficial en todo el estado español. «La Constitución española impulsa, cuando no exige, que las normas de rango inferior, y también muchas normas europeas e internacionales, favorezcan el castellano y discriminen el catalán», subraya la entidad en un informe. El segundo, es porque el catalán, a pesar de ser la 13ª lengua en número de hablantes, sigue sin ser oficial en la Unión Europea a pesar de que fue uno de los compromisos que el PSOE adquirió con Junts para que Francina Armengol fuera elegida presidenta del Congreso en agosto de 2023. En este sentido, la entidad en defensa de la lengua constata que la normativa europea favorece «las lenguas oficiales de los estados miembros, que tienen automáticamente este efecto». «Las normas que benefician las lenguas oficiales de la Unión también lo tienen, porque el catalán no tiene este reconocimiento, y también en este caso hay que buscar la causa última en la negativa española de tratar el castellano y el catalán con igualdad», sentencia. El último de estos tres elementos es que en las disposiciones internacionales, la imposición del castellano suele ser el efecto de cláusulas que favorecen la “lengua del país”, que en el Estado español se interpretan como referentes al castellano.
La normativa discriminatoria es muy diversa y regula ámbitos variados de la vida social. En el caso de la normativa estatal, el abanico es muy amplio por las competencias que tiene el Estado español. En la normativa europea, el foco está en la regulación del mercado común, de la misma administración comunitaria y del comportamiento de las autoridades estatales cuando intervienen en el mercado. En el plano internacional, la normativa es prácticamente siempre de carácter comercial. Durante el 2024, se ha impuesto el castellano en solicitudes de subvenciones y en las instrucciones de televisores, tabletas y teléfonos móviles y ordenadores comercializados en el estado español, por ejemplo. Y se ha mantenido la evaluación exclusiva de la lengua castellana en los centros educativos del Estado en el exterior, excluyendo la opción de evaluarse de catalán. Y se ha hecho prevalecer la versión castellana de los estatutos de nueve federaciones deportivas estatales. Estos son solo algunos ejemplos flagrantes de las más de 200 normas aprobadas por el Estado español y la UE que discriminan el catalán. Pero hay muchos más. Aquí algunos ejemplos:
«El castellano siempre dará fe» en el ciclismo
Una resolución publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2023, que se computa en este informe del 2024 de Plataforma per la Llengua, recoge los estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo y se establece el castellano como la lengua oficial vehicular del organismo. Asimismo, se permite que las federaciones autonómicas de los territorios con otras lenguas oficiales traduzcan «los textos que conforman el ordenamiento federativo» a esos idiomas, pero se remarca que «en caso de discrepancia entre los mismos, el castellano siempre dará fe». Finalmente, se establece que las licencias de las federaciones autonómicas deben consignar los datos «al menos en la lengua española oficial del Estado».
Formulario en castellano para acceder a ayudas
Otra orden de finales de 2023, concretamente del 29 de diciembre, establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a eventos profesionales para la internacionalización de las industrias culturales y creativas, y por la cual se aprueba la convocatoria correspondiente a los años 2024 y 2025, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para acceder a estas ayudas públicas para eventos profesionales para la internacionalización de las industrias culturales y creativas es obligatorio llenar el formulario en castellano. Estas ayudas se aprueban en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos.
Los hijos de catalanohablantes en el extranjero no tienen derecho a evaluarse de catalán
El BOE publicó en febrero una resolución de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades en la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad a las necesidades y la situación de los centros españoles situados en el exterior. La norma para el curso 2023-2024 consideraba programas educativos del Ministerio de Educación en el exterior, entre otros, las «secciones españolas y bilingües», lo que significa «en castellano» y «en castellano y otro idioma» (el del estado de acogida). Queda establecido que entre las materias comunes de las pruebas de Bachillerato para el acceso a la universidad de los centros en el exterior están «Lengua Castellana y Literatura II» y «Lengua Extranjera II», pero no se hace ninguna referencia a la evaluación del catalán. Por lo tanto, los hijos de catalanohablantes en el extranjero no podían evaluarse de catalán en estos centros mantenidos por el gobierno español, mientras que los castellanohablantes o hijos de castellanohablantes sí podían evaluarse del conocimiento de su lengua.
Cemento «en idioma español»
El decreto 320/2024, de 26 de marzo de 2024, modifica la Instrucción para la recepción de cemento. Así, el marcado CE de conformidad que los fabricantes de cemento deben colocar en su producto antes de introducirlo en el mercado debe estar redactado «en idioma español», una medida que también afecta la declaración de prestaciones.
Tenis en castellano
El 19 de enero de 2024 se publicaron en el BOE los Estatutos de la Real Federación Española de Tenis, un texto que establece el castellano como la «lengua oficial de la RFET». También permite que las federaciones autonómicas puedan traducir los textos que conforman el ordenamiento federativo a sus propios idiomas, pero avisa que siempre «manteniendo simultáneamente el texto en castellano». Asimismo, se deja claro que en caso de discrepancia entre versiones, siempre prevalecerá el texto en castellano. Por otro lado, establece que los documentos que se dirijan a la RFET «podrán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales. No obstante, en los casos en que vayan escritos en alguna de éstas deberán acompañar su traducción literal al castellano». Por lo tanto, en la práctica es obligado presentarlos en castellano. Las licencias federativas reflejarán separadamente el costo de los seguros suscritos y las cuotas que correspondan a la RFET y a la federación autonómica, «al menos, en la lengua española oficial del Estado«. Las licencias emitidas por las federaciones autonómicas que faculten para la participación en actividades o competiciones oficiales «consignarán los datos correspondientes al menos en castellano, lengua oficial de la RFET». Una resolución también se ha aprobado para otros deportes como el bádminton, la natación, el atletismo, el patinaje y el judo, entre otros.
Pilotos de drones en castellano
Un real decreto publicado en abril de 2024 establece que los pilotos a distancia de naves no tripuladas, de drones, podrán utilizar el castellano en las dependencias de los proveedores de servicios de tránsito aéreo, siempre que no se diga lo contrario en las condiciones operativas específicas determinadas en los procedimientos de coordinación que pueda establecer el proveedor. En cambio, no contempla ningún derecho análogo de usar el catalán, ni ninguna de las lenguas cooficiales.
Catalán opcional en las instrucciones de seguridad de los teléfonos móviles
El BOE publicó en mayo el real decreto que imponía la lengua castellana en la redacción de las instrucciones y la información de seguridad de los equipos radioeléctricos comercializados en el Estado español. Esto afecta productos tecnológicos como receptores de televisión y de sonido, las tabletas y teléfonos móviles, las cámaras digitales, los auriculares, las videoconsolas, los lectores de libros y los ordenadores, entre otros. Concretamente, establecía que debían estar «en un idioma fácilmente comprensible para los consumidores y otros usuarios finales y, al menos, en castellano».
Un Ministerio que solo promociona la «cultura en español»
Una orden del 29 de julio de 2024 aprobó la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Cultura. En este documento, se recuerda que de acuerdo con el real decreto que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Cultura del tercer gobierno de Pedro Sánchez, este departamento tiene la misión, entre otras, «de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia de […] la promoción y difusión de la cultura en español». No se hace ninguna referencia a la misión de promover y difundir la cultura en las otras lenguas del Estado.
Limitación de lenguas utilizadas en los litigios
Por otra parte, en el año 2024 se introdujeron modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de la Unión Europea. Así, las partes de los litigios en los procedimientos prejudiciales podrán usar oralmente, si lo autoriza el tribunal, una lengua diferente de la del procedimiento y si es «otra de las lenguas mencionadas en el artículo 44». Las lenguas mencionadas en el artículo 44 del citado Reglamento son las oficiales de la Unión Europea: «el alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finlandés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco». Los estados miembros siempre podrán utilizar la lengua oficial. También se imponen requisitos lingüísticos a favor de las lenguas oficiales de los estados en los tribunales de justicia estatales que emitan peticiones prejudiciales. Las solicitudes de asistencia gratuita deben hacerse a través de un formulario disponible «en todas las lenguas oficiales de la Unión».
