La Plataforma por la Lengua ha denunciado este miércoles el caso de una clienta del parador de turismo de Aiguablava, en Begur, que fue obligada a hablar en castellano con un trabajador. Según denuncia la ONG del catalán, el trabajador se negó a atenderla en catalán y le exigió de muy malas maneras que le hablara en castellano. Se trata de una empresa que es de titularidad pública y a la cual la entidad le ha pedido que tome medidas para evitar nuevos casos parecidos. Hay que recordar que el verano del año pasado ya se produjo un caso de discriminación lingüística.
Los hechos sucedieron el sábado 16 de julio, cuando la clienta llamó al parador para hacer una reserva. Lo hizo en catalán y el trabajador le dijo que no lo sabía habla y que su obligación por educación era hablarle en castellano. Ella le recordó que los establecimientos en Cataluña tienen la obligación de garantizar que los clientes podrán ser atendidos en esta lengua. Fue entonces cuando el trabajador enloqueció y le espetó a la clienta que su obligación era hablarle en castellano porque «estamos en España y Cataluña no es nada».
La excusa de la buena educación ya provocó otro caso hace un año
No es la primera vez que se produce una discriminación en este establecimiento. El 13 de agosto del 2022 la camarera del hotel exigió a un cliente que le parara en castellano y cuando él defendió sus derechos, otra camarera apareció y lo increpó. La segunda camarera le dijo que hacen rotación por los paradores de España y que no les enseñan catalán y le espetó que «es de buena educación hablar en castellano si ves que la camarera no entiende el catalán». En aquel caso también le recordaron al cliente que «estamos en España».
La ONG del catalán asegura que son dos casos de «vulneración flagrante de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes» y que en el caso de este año es todavía más grave porque se trata de una empresa pública. Paradores de Turismo de España es una empresa casi centenaria que se expandió en todo el Estado español, sobre todo, a partir de los años 60 de la mano del ministro franquista Manuel Fraga Iribarne, y que tiene como único accionista la Dirección General de Patrimonio del Estado, un órgano del Ministerio de Hacienda y Función Pública del gobierno español.
La entidad denuncia que a pesar de ser de titularidad pública, Paradores no tiene el web en catalán, a pesar de que sí que lo tiene en lenguas no oficiales como por ejemplo el inglés, el francés y el alemán. La empresa tiene ocho establecimientos en Cataluña y tres en el País Valenciano, motivo por el cual la entidad le pide que incorpore el catalán tanto en el web como las redes sociales.
