Entre la última semana de julio y el 13 de agosto, el Ayuntamiento de Sant Cugat recibió 324 solicitudes de empadronamiento que consideró «sospechosas». Todas se habían hecho siguiendo el mismo modus operandi: se dirigían en grupos de cuatro o cinco personas, acompañados de un traductor, a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) para empadronarse en el municipio. Según explica en conversación con El Món el teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales, Buen Gobierno y Ciudad Digital -que se encarga de la gestión del padrón de Sant Cugat-, Jordi Puigneró, estas personas se presentaron en la oficina con «contratos de alquiler sospechosos», o certificados de «dudosa credibilidad» que acreditaban su residencia en el municipio, pidiendo empadronarse: «Nosotros no tenemos capacidad para demostrar que es un documento falso y denegar directamente el padrón», explica Puigneró, quien recuerda que la verificación de los contratos es una competencia que corresponde a los cuerpos policiales. Todos los solicitantes fueron empadronados.
Ante esta avalancha de empadronamientos a través del mismo modus operandi, el Ayuntamiento de Sant Cugat optó por detener los procesos de este tipo para poner orden en la situación. En ese momento se inició un proceso para verificar que las personas que se han empadronado realmente viven en el municipio: «Esto significa hacer inspecciones en los domicilios, porque es la única manera de comprobarlo. Como mínimo, se deben hacer dos inspecciones, en diferentes franjas horarias del día, para ver si esa persona realmente vive o no allí», afirma Puigneró. Después de esta inspección, que se ha prolongado meses -hasta finales de noviembre-, el Ayuntamiento de Sant Cugat ha terminado dando de baja del padrón 322 de los 324 casos registrados en los primeros quince días de agosto. Es decir, ha concluido que casi la totalidad de los empadronados a través de este modus operandi sospechoso lo habían hecho de manera fraudulenta.
Ahora, según Puigneró, estas personas se han empadronado en otros municipios catalanes cercanos a Sant Cugat, pero también en otros puntos del estado español: «Cuando una persona que tú has dado de baja se empadrona en otro lugar recibes una notificación. Por eso sabemos que muchos de estos se han empadronado en municipios alrededor de Sant Cugat, pero también nos hemos encontrado con casos [de estos 322] que se han empadronado en Melilla», señala. La situación irregular, pues, ya no se vive en Sant Cugat, pero sí que perdura en otros puntos de Cataluña. Expertos consultados por El Món coinciden en que estos empadronamientos fraudulentos, falsos, se producen debido a las lagunas de la normativa actual que rige el padrón. Y más teniendo en cuenta que las administraciones municipales tienen la obligación de empadronar, tal como establece el artículo 15 de la Ley 7/1985: «La ley obliga a empadronar a quien vive en el municipio, sea porque es propietario o porque es inquilino. El problema es que no se tiene un control sobre los documentos que se presentan», argumenta la catedrática de derecho administrativo de la UAB Marta Franch, quien añade que, debido a esta obligación, primero se empadrona, y después, si se tienen sospechas, se comprueba si realmente la persona vive donde ha acreditado.
Por qué se busca estar empadronado, aunque sea fraudulentamente
Tal como recuerda la directora de la Fundación Carles Pi i Sunyer -entidad especialista en ciencia política y gestión pública-, Esther Pano, estar registrado en el padrón municipal abre la puerta a diferentes servicios públicos, como prestaciones alimentarias, ayudas para la vivienda o la posibilidad de escolarizar a los hijos en los centros públicos del pueblo o ciudad, entre otros. El acceso a estos servicios públicos, pues, es uno de los principales motivos por los cuales todos quieren estar empadronados en un municipio u otro: «Es igual de importante regular las altas en el padrón como las bajas», apunta la experta, quien recuerda que cuando se trata de un cambio de municipio -es decir, pasar de Barcelona a Girona, por ejemplo- el proceso no es inmediato: «En algunos casos se puede estar empadronado simultáneamente en dos lugares. Estaría bien automatizar estos trámites para que sean mucho más ágiles», argumenta. De hecho, Esther Pano comenta que esta es una situación con la que se han encontrado algunas personas al ir a votar, ya que antes de las elecciones es un momento en que suele haber más movimientos en el padrón.
La importancia de gestionar las altas y las bajas es una situación con la que se encontró el actual gobierno de Sant Cugat al comenzar la legislatura, hace poco más de dos años. «Al llegar nos encontramos que el anterior gobierno [el tripartito entre CUP, ERC y el PSC] no tenía el padrón al día. Había más de 4.000 personas que ya no vivían en Sant Cugat», relata Jordi Puigneró, quien explica que han estado más de un año comprobando «manualmente» -es decir, a través de los mecanismos habituales de inspección- caso por caso hasta ponerlo al día. «Ahora seremos mucho más estrictos con el padrón», asegura, y defiende que el padrón debe reflejar la población que vive en cada municipio. Ni más ni menos. Una idea también compartida por los expertos: «Debería ser automático que se cambie el padrón en el momento de cambiar de residencia habitual. La regulación debe ser más estricta», argumenta Marta Franch.
Un dolor de cabeza para los afectados y los ayuntamientos
Debido a las lagunas de la normativa que rige el padrón, las cuales dejan espacio a la picaresca, hay personas que se han encontrado con gente empadronada en su casa que desconocían, con contratos de alquiler falsos. Este es el caso, por ejemplo, de Patrícia Martínez. Propietaria de un inmueble en Ciutat Vella, en Barcelona, Martínez ha sido víctima de una suplantación de identidad que la ha abocado a todo un periplo administrativo para poder demostrar que hay ocho personas empadronadas en su piso de manera fraudulenta. Mientras estaba en Perú por trabajo a finales de octubre, su hija -con quien vive- recibió una notificación del Ayuntamiento de Barcelona en la que le informaban que tenía un plazo de diez días para personarse en la Oficina de Atención Ciudadana para responder a una «irregularidad» en relación con el padrón. Allí es donde descubrió que tenía ocho personas más empadronadas en su domicilio, de tres habitaciones.
Patrícia explicaba hace pocos días en TOT Barcelona que la comunicación con los responsables del padrón del consistorio es prácticamente imposible, lo que aún le causó más angustia. En este sentido, sin embargo, la directora de la Fundación Carles Pi i Sunyer recuerda que, a menudo, estos procesos requieren más tiempo del que parece: «Cuando toca de cerca parece inaudito que no se resuelva, pero se debe intentar contactar con todos, y eso lleva tiempo», apunta Esther Pano. Por otro lado, a pesar de que comprende que hay administraciones municipales que no disponen de suficientes recursos -inspectores, generalmente- para hacer todas las comprobaciones necesarias, la catedrática de derecho administrativo de la UAB también cree que «nunca se debe cargar a los privados» el peso de la «mala gestión».
Ahora bien, Jordi Puigneró también insiste en que los ayuntamientos tampoco son los culpables de este desbarajuste con el padrón, sino que apunta directamente hacia el Estado. «Muchos de los casos con los que nos hemos encontrado es gente que llega a Cataluña por el aeropuerto del Prat y se va a empadronar directamente. La mayoría entran con visado de turista, no son personas vulnerables. El Estado debería actuar en estos casos de turistas que, una vez se les acaba el visado, se quedan aquí y se empadronan», exclama el teniente de alcaldía del gobierno municipal de Sant Cugat, quien asegura que este es uno de los motivos por los cuales Junts per Catalunya ha reclamado en más de una ocasión el traspaso de competencias de inmigración que tiene el gobierno español. «A nosotros nos pasan la patata caliente, pero no somos los culpables de la mala praxis del Estado», remata Puigneró. Con todo, los expertos ponen negro sobre blanco que las lagunas de la normativa que rige los empadronamientos, añadido a la falta de recursos para la verificación documental de los ayuntamientos, abren la puerta a la posibilidad de que haya gente interesada en hacer registros fraudulentos en el padrón.
