La realidad engancha porque tiene giros de guion impensables. Y todo, en un caso que con cada día que pasa es más enigmático. El del secuestro a golpes de taza y cinta americana para conseguir un millón de euros en criptomonedas en un Airbnb de Castelldefels, hoy hace justo un año, el 30 de abril de 2024. Esta mañana la sección décima ha tenido que suspender la vista oral por una noticia que llegó a última hora a la oficina judicial.
La acusación particular, es decir, la víctima, está detenida en Australia. Pero antes de poder ser reclamada hacia Cataluña, tiene delante una comisión rogatoria por otros delitos en Dinamarca. Una situación kafkiana que ha dado un vuelco al caso y ayuda a clarificar un poco más el caso, y sobre todo, esclarece qué relación había entre los dos agresores y la víctima y el plan, cabe decir que chapucero, tramado para obtener el botín virtual.
El dieciséis de julio, nueva convocatoria
Sin mucha esperanza, la Audiencia ha decidido volver a convocar la vista para el próximo 16 de julio. Suficiente tiempo para calcular, no sin grandes dosis de optimismo, que Australia remita a su sospechoso, aquí víctima, hacia Dinamarca, y una vez en el país de Hans Christian Andersen, acepten la comisión rogatoria hacia España. Todo ello sin acabar de aclarar por qué tipo de delito lo tienen detenido ni por cuál se le reclama.
Con esta duda, los dos acusados que permanecen en prisión provisional desde el 3 de mayo del año pasado. Ambos procesados llevaron a la víctima a un piso turístico alquilado para la ocasión. De hecho, sabían que la víctima tenía bastantes recursos invertidos en criptomonedas y su objetivo era enriquecerse a costa de obtener las contraseñas de acceso a los monederos digitales. Además, según el ministerio público, en su escrito de acusación, eran conscientes de que tendrían que atentar contra su integridad física.
A golpes y patadas
De esta manera, tal como expone el fiscal, los dos procesados le propinaron un “golpe de taza” que hizo caer redonda a la víctima. Aturdido, y una vez en el suelo, lo golpearon con patadas. Cuando lo tenían bien atontado lo ataron de manos y pies y le taparon la boca con cinta americana. Lo sentaron en un sofá y le pusieron un cuchillo en el cuello. La amenaza fue clara: lo matarían si no ordenaba una transferencia de un millón de euros en criptomonedas.
La víctima, que no sabía ni dónde estaba debido a los golpes, obligó a los acusados a ponerle el teléfono móvil delante de su rostro para desbloquearlo con el Face ID y poder acceder a las carteras virtuales. Pero el rostro ensangrentado por la paliza propinada hizo que costara que el dispositivo reconociera la cara y el móvil no se desbloqueaba. Finalmente, lo consiguieron y pudieron acceder a las carteras virtuales.
No obstante, el ruido de los golpes, los gritos y las amenazas alertaron a los vecinos, que llamaron a la policía. Seis agentes de los Mossos d’Esquadra de Castelldefels se personaron en el domicilio, y solo por los gritos salvajes que escuchaban en el interior, accedieron al domicilio y pudieron intervenir en plena acción, deteniendo la extorsión. La policía pudo confiscar todo el material y a medida que la víctima se recuperó pudieron reconstruir los hechos que permitían aclarar la situación que se encontraron. También recuperaron 600 euros en efectivo que le quitaron a la víctima durante los hechos.
Tres delitos
La fiscalía solicita once meses de prisión por un delito de extorsión en grado de tentativa de los artículos 243, 16 y 62 del Código Penal. Por un delito de robo con violencia e intimidación y uso de un instrumento peligroso, el cuchillo, cinco años más de prisión, de acuerdo con el artículo 237 del Código Penal, y por un delito leve de lesiones, dos meses de multa a una cuota diaria de diez euros. También pide la prohibición de comunicarse con la víctima o aproximarse a 500 metros durante casi ocho años. A uno de los procesados, el ministerio público reclama que se cambie el cumplimiento de la pena por su expulsión del territorio español.
