El día 20 de octubre hay una convocatoria general a toda la biosfera de los bomberos voluntarios. La citación es en los juzgados de Lleida, el escenario donde en principio se debe celebrar el primer juicio de la macrodemanda conjunta de reconocimiento de derechos laborales a un colectivo muy propio de Cataluña, numeroso y que es un pilar del actual sistema de emergencias del país. Un colectivo que hace más de un año decidió, tras años de reivindicaciones, iniciar la vía judicial y demandar al Departamento de Interior ante los juzgados sociales.
La estrategia ha sido descentralizar las demandas a los partidos judiciales de los parques de bomberos voluntarios que hay en todo el país. De hecho, se han presentado más de 400 demandas en Barcelona, Lleida, Terrassa, Reus, Tarragona y Tortosa, Figueres, Mataró, Manresa, Sabadell y Granollers entre otras poblaciones. Demandas que reclaman el reconocimiento de la relación laboral y la cotización a la seguridad social por accidente laboral. Toda una verdadera ofensiva judicial impulsada y organizada por los colectivos y entidades Bombers Precaris en Lluita, Federación de Bomberos Voluntarios de Cataluña y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cataluña contra el departamento que dirige Núria Parlon.
Una estrategia acompañada de una potente protesta en la calle, con manifestaciones y concentraciones, de la solidaridad de sindicatos y otros colectivos y de un creciente apoyo institucional en el ámbito local, con casi 120 ayuntamientos y consejos comarcales que apoyan sus reivindicaciones, con partidos de todos los colores. Y, además, en el ámbito del relato han conseguido imponer la idea de que los «bomberos voluntarios» son los «riders» de las emergencias. Además, coincidiendo con el inicio de la primera oleada de las vistas orales, el colectivo ha estrenado el documental Al foc sense drets, que ha tenido una fuerte repercusión viral. Además, los bomberos voluntarios han encontrado el apoyo de sus compañeros funcionarios, tanto es así que el pasado 18 de septiembre se manifestaron conjuntamente los dos colectivos en defensa de sus derechos laborales.
Lleida muestra el camino, después de la suspensión de Terrassa
Después de varios obstáculos procesales, con maniobras de los abogados de la Generalitat para retrasar las admisiones a trámite de las demandas, con estrategias como cuestionar la competencia de los juzgados porque abonaban la tesis que correspondía a la vía contenciosa administrativa, comienzan las vistas orales. Por circunstancias de las agendas de los juzgados, la primera demanda que llegaba a juicio era la interpuesta por los voluntarios del Vallès Occidental en Terrassa. La vista oral debía celebrarse el miércoles, pero el juez titular del Tribunal de Instancia Social número 2 decidió suspender el juicio alegando lo que técnicamente se llama «litispendencia impropia» o también conocida por «litispendencia por conexión». Un concepto creado por la jurisprudencia para evitar colisiones y que se aplica en aquellas situaciones en las que existen dos procesos judiciales en curso que están íntimamente conectados, de manera que el resultado de uno puede condicionar, prejuzgar o interferir directamente en la resolución del otro. Una situación que pone en riesgo la seguridad jurídica ante la posibilidad de sentencias contradictorias. En este caso, el juez tuvo presente que la demanda presentada en Lleida era anterior a la de Terrassa, ya que se presentó en noviembre de 2025 y la vallesana, en diciembre. Además, la de Lleida tiene 109 demandantes y la de Terrassa, 5. Por tanto, el togado de Terrassa espera la resolución del conflicto en Ponent para decidir sobre el caso de los cinco primeros demandantes de su partido judicial.
Una posibilidad ya prevista
Andrea Mena, la abogada de los bomberos, preveía esta posibilidad de archivo provisional a la espera de la primera resolución del caso que afecta a más demandantes y es anterior. Y no oculta la satisfacción por el hecho de que la estrategia de las demandas descentralizadas ha servido para demostrar, con esta decisión, que es una macrocausa que podría ser considerada un conflicto colectivo. Las entidades impulsoras de las demandas también tomaban con tranquilidad la decisión que era previsible. Daniel Sitjà, presidente de Bombers Precaris en Lluita, admitía que la decisión del juez de Terrassa era «parte del juego».
Ahora bien, esto ha servido para hacer un llamado a todo el colectivo para que el 20 de octubre los bomberos se concentren a las puertas del juzgado de Lleida. “Precarios, por favor, todos a Lleida el día 20, los necesitamos allí fuera”, añadía Sitjà a las puertas de los tribunales de Terrassa. «Esto se pospone un poco más, pero una macrodemanda de estas características es la primera que tiene lugar, es un caso único en la historia», añadía Miquel Mesegué presidente de la FBVCat y bombero precario. «Hemos llegado hasta aquí, ya es una primera victoria, no debemos desfallecer», remachaba Mesegué.
Profesionalización encubierta
Las demandas, básicamente, plantean el debate de que bajo una “falsa apariencia de una teórica voluntariedad se esconde una profesionalización encubierta” del colectivo. “Es un proceso que se ha visto agudizado durante los últimos años con la obligatoriedad de hacer un número de horas mínimas cada año (650) y de estar controlados mediante una app, al estilo de Glovo”, detallan fuentes de la coordinadora de Bombers Precaris. “La Generalitat, en lugar de asumir su responsabilidad y el reconocimiento de los derechos a trabajadores públicos que prestan un servicio esencial de alto riesgo, ha optado por mantener bomberos rider sin cotizar a la Seguridad Social”, insisten.
De hecho, la estricta reclamación de derechos laborales -reconocimiento de la relación laboral- y la cotización al régimen de la seguridad social ha hecho decaer la maniobra de los letrados de la Generalitat de trasladar el caso a la vía contenciosa administrativa. En síntesis, en este caso no se está cuestionando una resolución administrativa, sino la posible relación laboral encubierta de los bomberos voluntarios, y sin ninguna duda así lo han visto todos los juzgados donde se han tramitado y el caso corresponde al orden laboral. En resumen, las demandas reclaman no salir a apagar fuegos o a intervenir en accidentes sin cobertura de la Seguridad Social, ni prevención de riesgos laborales, ni materiales y vehículos adecuados. En este sentido, la prueba que se quiere aportar al juicio es para acreditar que un bombero voluntario hace la «misma labor que el resto de bomberos, integrados bajo el mismo mando y con la exigencia de unas horas mínimas y el control por una app para continuar prestando servicio».
