Los funcionarios de prisiones reclaman a Presidencia que intervenga en el conflicto para resolver la crisis abierta por las agresiones que sufren los empleados de los centros penitenciarios y el homicidio, hace unos días, de una cocinera de la prisión de Mas d’Enric de Tarragona. Así lo ha manifestado este Jueves Santo, Xavier Martínez, el portavoz de UGT, el sindicato mayoritario del sector de prisiones.
Según UGT, ni la consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, ni el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Armand Calderó, son «interlocutores válidos» para negociar con los funcionarios de prisiones. En una entrevista en

El homicidio de una cocinera, el detonante final
La muerte de una cocinera en Mas d’Enric, a mediados de marzo, fue el detonante final que hizo estallar la crisis de prisiones en Cataluña. La víctima era una trabajadora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). El presunto autor del homicidio fue un preso, que después de matar a la cocinera se suicidó. Como consecuencia de aquellos hechos, Ubasart cesó al director de la prisión de Tarragona. En opinión del representante de UGT, «el cese del director de Mas d’Enric es un mensaje claro que algo no funcionó».
Coincidiendo con la campaña para los comicios del 12 de mayo, los funcionarios de prisiones han convocado dos días de huelga, el 21 de abril y el 11 de mayo, que son el primero y el último día de la campaña del proceso electoral. Las agrupaciones CSIF, Intersindical, Acaip, UGT, IAC y Comisiones Obreras comienzan las movilizaciones después de «la oleada de agresiones» sufridas por los trabajadores, con el máximo ejemplo en la muerte de una cocinera en el centro de Mas d’Enric. La reacción del Gobierno, que ha relevado de sus responsabilidades el director de la prisión tarraconense, Paco Romero, no ha sido suficiente para apaciguar las agrupaciones sindicales.
El conflicto se ha recrudecido los últimos días, ya que el 25 de marzo, los sindicatos de funcionaros denunciaron un centenar de agresiones en las prisiones catalanas en solo 12 días.