La nueva fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, ha puesto manos a la obra para modernizar y racionalizar el ministerio público en la demarcación. De hecho, es una reforma interna que afectará al resto de fiscalías de Cataluña, impulsada por lo
Esta fiscalía especializada tendrá unas competencias limitadas. Básicamente, divididas en dos grandes grupos. Por un lado, la de los delitos que afectan a los colectivos más vulnerables a través de la red y las nuevas tecnologías. Por otro lado, los delitos que requieren una investigación que implica pruebas periciales de gran pericia -donde se incluyen los delitos de intromisión de comunicaciones y sistemas, como por ejemplo los softwares espía– y los «de alta complejidad técnica» que toman forma de estafa, como serían los casos relacionados con fraudes de las criptomonedas. De este modo, la fiscalía se adapta a las nuevas categorías penales y busca profesionalizar las investigaciones relacionadas con las TIC.
Unificar criterios respecto al ciberespionaje
Según la justificación de la reorganización impulsada por Pujal, el ministerio público tendrá con esta herramienta un criterio común de persecución de los delitos que «necesiten periciales informáticas complejas». En este paquete se incluyen los delitos de descubrimiento y revelación de secretos personales –de los artículos 197 y siguientes del Código Penal– o de empresa –del artículo 278–, delitos de acceso ilegal a sistemas y delitos de interceptación irregular de comunicaciones entre sistemas (artículos 197 bis 1.º y 2.º), delitos de daños informáticos (artes. 264 y 264 bis) y delitos relacionados con el abuso de dispositivos (artes. 197 ter y 264 ter). Es decir, la retahíla de delitos que implican el uso de softwares espía como el Pegasus.
De hecho, con este nuevo documento, la fiscalía podrá tener un criterio común ante la dispersión de casos que hay sobre el Catalangate, es decir, el uso indiscriminado de Pegasus contra personas y líderes significados del independentismo. En este sentido, la fiscalía de Barcelona es la encargada del ministerio público en el caso del espionaje del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, del ex consejero Ernest Maragall, del expresidente del Parlamento y actual consejero de Empresa, Roger Torrent, de varios diputados de la CUP, como Albert Botran o Carles Riera, de activistas de Plataforma por la Lengua y de los abogados Andreu Van den Eynde y Benet Salellas, que llevaron la defensa de condenados por el juicio del Proceso al Tribunal Supremo.
Con esta nota de servicios, el ministerio público puede actuar con más seguridad jurídica y con unificación de criterio con la fiscalía de sala de criminalidad informática. En definitiva, la fiscalía reconoce la necesidad de peritaciones informáticas por perseguir este tipo de delitos y relaciona la intromisión de las comunicaciones con una serie de delitos concretos del Código Penal. De este modo se facilita el trabajo y determina la estrategia que tendrán que tener en los casos que les lleguen, de manera igualitaria.
Criptomonedas y vulnerabilidades
Uno de los puntos donde más incide la fiscalía son los delitos de especial complejidad técnica. En esta calificación incluyen uno de los delitos que más se incrementa en las estadísticas criminales y que ha obligado a los Mossos d’Esquadra a formar unidades altamente especializadas. Se trata de las estafas informáticas en general, y en particular las relacionadas con las criptomonedas. Así, la fiscalía se especializará en el seguimiento y análisis de «monederos virtuales» que se utilizan para articular estafas y fraudes que, normalmente, derivan en redes internacionales y en entramados de crimen organizado.
Por otro lado, la fiscalía de Barcelona también se ha preparado para atar en corto los delitos que a través de las TIC atacan a los colectivos más vulnerables. Así, la nueva sección especializada será la encargada de las acusaciones de los delitos de distribución o difusión de contenido para incitar al suicidio o a las autolesiones menores de edad o que sufren discapacidades, o casos de acoso o de engatusamiento de menores a través de las TIC, pornografía infantil, acciones que espoleen los delitos de abusos sexuales o, incluso, los delitos que suponen la distribución y difusión de productos que supongan un riesgo para la salud. Todas estas modificaciones ya entrarán en servicio este año 2024. Unos cambios con que la fiscalía espera poder agilizar más las instrucciones y los casos, así como intensificar la prevención.
