Plataforma por la Lengua ha revelado este jueves que la justicia belga investiga el espionaje con Pegasus de cinco móviles de su ejecutiva. Es la enésima causa abierta por ciberespionaje. El escándalo del Catalangate, es decir, del espionaje a ciudadanos relacionados con el Proceso independentista, ha entrado a los juzgados y casi a todas las instancias, así como en el debate político institucional o como objeto de comisión de investigación tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Parlamento Europeo. Los procesos son lentos y, hasta ahora, de efectividad relativa para las víctimas. Pero, políticamente, ya ha costado el cargo a toda una directora de los servicios de inteligencia españoles, Paz Esteban, y un tirón de orejas, a pesar de que mesurada en el Estado español del Europarlamento.
Actualmente, el caso se encuentra judicializado a varios juzgados de instrucción de Barcelona, Madrid, y el Tribunal Supremo. Pero también, a la Audiencia Nacional, donde el magistrado José Luis Calama instruye la causa del espionaje de Pegasus contra miembros del ejecutivo español, desde su presidente Pedro Sánchez, a los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, o el ministro de Exteriores. Curiosamente, en este proceso el juez no ha dejado personarse la Generalitat. Òmnium Cultural, el ANC, el expresidente Quim Torra, abogados como Benet Salellas, Andreu Van den Eynde y Gonzalo Boye, el consejero Roger Torrent, el expresidente Quim Torra o el exvicepresidente del Parlamento, Josep Costa; los diputados Albert Botran y Mireia Vehí, son algunas de las víctimas que han impulsado la investigación del ciberespionaje a los juzgados.
Torrent y Maragall, los pioneros
Dos de las primeras víctimas identificadas por el uso de Pegasus fueron Torrent y Maragall. Según los informes técnicos de CitizenLab, sus móviles fueron interceptados con el software espía durante la primavera del 2019. Una entrada al terminal a través de una vulnerabilidad de la aplicación de mensajería
La defensa del consejero y del jefe de filas de ERC, dirigida por Andreu Van den Eynde, presentaron un recurso alegando que no había motivo por el sobreseimiento, todo y la lentitud de la instrucción. En todo caso, se había dictado una prórroga de la instrucción, seis meses después de la incoación de las diligencias, con el informe favorable del ministerio fiscal. La causa continúa parada después que el juez reclamara a los denunciantes los móviles para examinarlos. Una opción que no han cumplido con el argumento que no pueden librar un terminal presumiblemente infectado a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que podrían ser responsables de la intromisión. El archivo provisional se tendría que levantar cuando Israel responda la comisión rogatoria, cosa que, de momento, no ha hecho. Con la excusa del archivo, el juez mantiene bloqueada la posibilidad de acumular el resto de causas abiertas por el espionaje.
Más diputados, el mismo juzgado
Precisamente, en el Juzgado 32, pero con otro número de procedimiento, hay la causa abierta por el espionaje a los diputados de la CUP Albert Botran y Carles Riera y el exdiputado David Fernàndez. Un caso que todavía está enfangado después de una dura batalla de su defensa, dirigida por Benet Salellas. La Audiencia de Barcelona dio la razón a las víctimas del espionaje el pasado mes de abril porque el juez de instrucción no admitió parte de las diligencias pedidas y aportadas y, ni siquiera, admitió el recurso contra su negativa. Ahora el caso resta pendiente de un nuevo recurso sobre las diligencias pedidas por las partes y las peritaciones aportadas.
El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona es el encargado de instruir las querellas presentadas por la eurodiputada y diputado de ERC, Diana Riba y Josep Maria Jové. Una instrucción que también arrastraba los pies, pero que las últimas semanas ha girado como un calcetín. De entrada también fue la Audiencia de Barcelona, la que va dar la razón a Orilla y Jové para citar la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro así como desclasificar los documentos del espionaje. Hace dos semanas el juez cumplió la orden de sus superiores y resto a la espera de la documentación y la declaración de la responsable de los servicios de inteligencia españoles. También es en este juzgado donde Òmnium Cultural y el ANC han presentado sus respectivas querellas.
Expresidentes y abogados
En el listado de querellas también se tienen que computar las presentadas por abogados espiados con este tipo de software. Por un lado, Andreu Van den Eynde, que tiene su causa al Enjuiciado número 24. De hecho, también ha tenido apoyo de la Audiencia porque la semana pasada le dio la razón, y obligó al instructor a tomar declaración al CNI. Pero, la resolución, además, permitía al letrado de Oriol Junqueras no aportar los móvil con que fue espiado y mujer por bono que solo aporte la pericial del espionaje que sufrió el mayo de 2020.
Una situación diametralmente opuesta a la de Gonzalo Boye. Su caso se encuentra al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid y la decisión de la Audiencia de Madrid, ha sido parar sus intenciones. De hecho, el abogado ha denunciado la doble vara de mesurar que ha sufrido respecto al espionaje. Un hecho que lo ha obligado a presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un tribunal imparcial. De momento, continúa su viacrucis particular a los tribunales de Madrid.
Por su parte, el presidente Quim Torra y el exvicepresidente Josep Costa, también han sufrido un calvario procesal. Primero interpusieron el recurso a la Audiencia Nacional donde tuvieron una trifulca jurídica con la abogacía del Estado y el ministerio fiscal. La Audiencia se sacó el caso de sobre, y presentaron un recurso de casación al Tribunal Supremo donde se mantiene embarrancado.
A la Audiencia Nacional, el gobierno español
El Juez José Luis Calama, al mando del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, es el encargado de la investigación del espionaje con Pegasus a miembros del gobierno español. Una investigación que permanece secreta. Fuentes judiciales, pero apuntan que ya ha ordenado desclasificar documentos y los informes pertinentes del Centro Criptológico Nacional, el brazo informático del CNI, sobre la intromisión en los teléfonos de Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska o Margarita Robles.
Calama es el mismo juez que denegó, por dos veces, la querella de la Generalitat y del presidente Pere Aragonès. De hecho, remitió las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la misma Audiencia Nacional. La ofensiva de la Generalitat todavía está pendiente de admisión a trámite. Fuera del ámbito judicial, las instituciones catalanas como el Parlamento continúan las tareas de investigación a la comisión, a pesar de que con las trabas que las autoridades españolas rechazan participar. Una situación que ha llevado el Parlamento a denunciarlo a la fiscalía. Por otro lado, la comisión en el Parlamento Europeo sobre el espionaje masivo a independentistas catalanes acabó con uno sonoro empate.
