El asesinato de una cocinera de Mas Enric a manos de un interno que posteriormente se quitó la vida el pasado miércoles ha abierto un conflicto entre funcionarios de prisiones y la consejería de Justicia, en manos de Gemma Ubasart, que hace días que ha puesto el gobierno catalán contra las cuerdas. En medio de un temporal de protestas del campesinado, la guerra política por los presupuestos y el anuncio anticipado de la convocatoria de elecciones por parte de Pere Aragonès, el malestar de los trabajadores de centros penitenciarios ha caído como un jarrón de agua fría sobre el ejecutivo catalán. Desde el jueves de la semana pasada, el día siguiente a la tragedia mortal, los funcionarios han bloqueado las prisiones del territorio -a excepción de domingo, en que los manifestantes dieron una pequeña tregua al conflicto porque los familiares de los internos los pudieran ir a visitar con normalidad.
Los primeros días de protestas ya han tenido un impacto significativo en el día a día de las prisiones. Según los datos facilitados por el Servicio Informático Penitenciario de Cataluña, desde el estallido del conflicto se han anulado un total de 41 juicios orales en los cuales el interno tenía que comparecer telemáticamente y 8 de ellos en los cuales el preso se tenía que desplazar hasta el juzgado, es decir, que había que trasladarlo. Los bloqueos, pero, lo han impedido. A banda, también se han aplazado 18 videoconferencias judiciales que se tenían que llevar a cabo estos días, pero por motivos de visitas u otras no se han podido realizar, y unas sesenta diligencias, según apuntan fuentes de la consejería de Ubasart a la Agencia Catalana de Noticias. Así pues, en total se han anulado 127 actuaciones a raíz del estallido de las protestas.
Sin acuerdo entre sindicatos y consejería
A estas alturas el conflicto entre funcionarios de prisiones y el ejecutivo catalán continúa abierto y no hay previsión que se pare en las próximas horas o días. De hecho, la Generalitat convocó los sindicatos a una reunión en la sede del Departamento de Justicia este lunes por la mañana, pero los representantes de los trabajadores han optado por no asistir. Una decisión muy criticada por voces del gobierno catalán, como por ejemplo el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena.
