En pleno debate social por el problema de la vivienda, con una crisis política y un seguimiento mediático de primer orden, un nuevo caso podría añadir aún más tensión y tragedia a la situación. Según ha podido saber El Món, esta mañana una patrulla de los Mossos d’Esquadra ha recibido el aviso del hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda en el barrio de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat.
Fuentes de la investigación apuntan a El Món que el hombre se habría ahorcado y habría dejado una nota escrita, informando que se quitaba la vida porque tenía una orden de desalojo de la vivienda donde vivía, de ejecución en los próximos días y no tenía capacidad para detenerla. Las mismas fuentes indican que se ha procedido al levantamiento del cadáver por parte del juzgado de guardia de la ciudad, pero mantienen el silencio sobre el resto de detalles del caso y de las condiciones personales del fallecido.
La víctima es un hombre de 60 años que vivía en un antiguo local comercial de la calle Martí i Blasi que utilizaba como domicilio particular. Los mossos han recibido el aviso a las 12.50 horas al 112, por parte de un amigo que veía la persiana medio levantada desde ayer por la tarde y ha entrado hoy por la mañana. El hecho queda bajo la investigación de la Unidad de Investigación de l’Hospitalet.
En pleno debate social por la vivienda
La noticia llega justo días después de que entidades sociales y cívicas denunciaran el suicidio de Olga, también debido a un desalojo en el barrio de Santa Eulàlia, también de l’Hospitalet de Llobregat. Olga tenía 54 años y dos hijas y había sido desalojada en el mes de abril. Cinco meses después se quitó la vida. El presunto suicidio que investigan los Mossos d’Esquadra llega también en un contexto de conflictividad social a raíz del caso Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda que ha provocado protestas en ciudades tanto en Barcelona como en Madrid.
Un desalojo que ha generado una vorágine de reformas legislativas, no sin polémica y polarización, para facilitar el acceso a la vivienda o otorgar más garantías a los inquilinos de continuidad si cumplen los acuerdos. De hecho, es un caso que ha marcado la agenda política con intensidad los últimos días, con una disputa entre diferentes líderes, gobiernos y partidos para aprobar unos decretos que recogieran soluciones, aunque fueran temporales, a las demandas ciudadanas.
