El gobierno de la Generalitat y el gobierno español han sincronizado al máximo su estrategia política para situar la crisis de la vivienda en el centro de la agenda del nuevo curso político tras el caso Maricarmen, el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid que ha provocado protestas en ciudades como Madrid o Barcelona. El ejecutivo español ha sido el primero en pasar a la acción y, a pesar de las tensiones internas entre los dos socios, ha podido salir ante los medios para presentar dos decretos ley sobre vivienda. Menos de dos horas después, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, escenificó su parte. Recogiendo el guante lanzado por Pedro Sánchez, anunciaba desde el Parlamento, en el discurso que abría el debate de política general, tres medidas para «proteger el derecho de las personas a vivir en su casa por sentido del deber, por convicción y por humanidad».
Illa ha utilizado su intervención en la cámara catalana para celebrar que el PSOE y Sumar hayan acordado dos textos y, en este sentido, ha asegurado que es «una muy buena noticia para el país», porque a raíz del caso Maricarmen «ningún grupo volverá a dudar entre defender a quien no tiene un techo o quien acumula miles de casas». Además, ha pedido responsabilidad a la oposición en la votación de los dos decretos, que el viernes se someterán a debate en el Congreso de los Diputados. «Tenemos una gran oportunidad», ha remarcado. Los dos textos del ejecutivo español incluyen la protección frente a los desalojos ampliada hasta 2030; la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de vivienda para fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas.
Horas después de la fumata blanca en el Consejo de Ministros, Illa ha situado la vivienda en el centro de su discurso y ha presentado tres propuestas nuevas porque afrontar este problema, según ha dicho, es una «misión de país», y se ha comprometido a abordarlo con los grupos políticos, los ayuntamientos, las entidades financieras y las constructoras. El presidente ha anunciado un fondo de emergencia habitacional para comprar pisos de personas o familias que se enfrenten a un desalojo, dotado con 25 millones de euros inicialmente. Asimismo, Illa se ha comprometido a habilitar la compra conjunta de vivienda entre personas de más de 40 años –»con ingresos estables» pero que tienen dificultades para acceder a una hipoteca– y la Generalitat, con licencia de uso de entre 40 y 50 años para el particular. Después, la vivienda pasará al parque público.
Críticas generalizadas de la oposición a Illa
La batería de anuncios en materia de vivienda presentada por Salvador Illa ha recibido una respuesta contundente y prácticamente unánime por parte de todos los grupos de la oposición. Desde Junts per Catalunya hasta los Comuns, pasando por ERC, el PP, Vox y la CUP –Aliança no ha hecho ningún comentario–, el arco parlamentario ha coincidido en calificar de insuficientes y poco ambiciosas las propuestas del ejecutivo catalán para combatir la emergencia con la vivienda. Las críticas se han centrado principalmente en el fondo de 100 millones de euros para la compra conjunta de inmuebles para mayores de 40 años y en la partida de 25 millones destinada a evitar desalojos de familias vulnerables, unas cifras que la cámara considera testimoniales ante la magnitud de la crisis.
El portavoz de Junts, Salvador Vergés, ha lamentado que el gobierno insista en «recetas fallidas» y ha advertido que no se puede resolver un problema estructural «a base de parches». Por su parte, la portavoz de ERC, Ester Capella, ha calificado las medidas de «gota en el océano», ha denunciado la falta de «proyecto de país» y de ambición «nacional y social» de un jefe del ejecutivo a quien acusa de referenciarse constantemente en el Estado. De la misma manera, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha advertido a Illa que comprar viviendas a precio de mercado sin frenar la especulación supone, en la práctica, «regalar dinero a los inversores».
Finalmente, Lorena Roldán, del PP, ha tildado la intervención de Illa de «disco rayado» y ha definido al jefe del ejecutivo como el «Pedro Sánchez catalán» por ofrecer «promesas para llegar al poder y excusas para mantenerse». Asimismo, el portavoz de Vox en el Parlamento, Joan Garriga, ha calificado la propuesta de «ridícula» y «triunfalista», calculando que la partida de 100 millones de euros apenas servirá para adquirir unos 500 inmuebles, un volumen que considera del todo insuficiente para transformar la situación actual. Xavier Pellicer, de la CUP, ha cargado contra la «medida estrella» de Illa porque considera que servirá para “pagar el rescate que exigen los secuestradores” de la vivienda: «Quien provoca la crisis más grave en nuestro país, que es la vivienda, no la está pagando».
Los dos decretos del ejecutivo español no tienen el apoyo garantizado
Al día siguiente de que termine el debate de política general en el Parlamento Cataluña, los dos decretos del gobierno español se someterán a debate y votación en el Congreso. Para obtener luz verde, los textos del ejecutivo de Pedro Sánchez necesitan el apoyo de todos los socios de la investidura, desde Podemos, ERC y Bildu hasta Junts y el PNV, y a estas alturas no los tiene garantizados. A pesar de que ninguno de los cinco partidos se ha posicionado de forma rotunda, los más complicados de convencer a estas alturas son Junts per Catalunya y Podemos. Los de Carles Puigdemont mantienen la incógnita de su voto a pesar de que creen que las medidas se han separado en dos textos para que, al menos, apoyen el primero de los dos decretos. La formación de Carles Puigdemont no se posicionará hasta que no disponga de los textos definitivos por escrito, según fuentes de Junts. Tampoco Podemos ha garantizado su voto favorable, y la secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha calificado de “trampa” la división de las medidas y ha pedido al ejecutivo que “rectifique” e incluya las medidas en un solo paquete.
