El Consejo de Ministros del gobierno español ha decidido fragmentar el decreto de vivienda y ha aprobado este martes dos textos en materia de vivienda a raíz del caso Maricarmen, el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid que ha provocado protestas en Madrid y Barcelona. Con esta solución de urgencia, el gabinete de Pedro Sánchez intenta evitar otro naufragio en esta materia por falta de la mayoría necesaria en el Congreso. El primer paquete ejecutivo incluye medidas de impacto como la prohibición de compra de viviendas por parte de fondos buitre hasta 2028, la suspensión de los desahucios hasta 2030 y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. El ejecutivo español ya ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en la cámara baja, que se celebrará este viernes, con el objetivo de convalidar de urgencia ambas normas. Para lograrlo, necesita el apoyo de todos los socios de la investidura, desde Podemos, ERC y Bildu hasta Junts y el PNV, pero por ahora no está garantizado.
Tras una reunión del Consejo de Ministros tensa, larga –que ha comenzado más tarde de lo previsto por el tira y afloja interno entre PSOE y Sumar–, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha comparecido ante los periodistas para anunciar un acuerdo de «mucha relevancia social» que, según su punto de vista, debe permitir «reconstruir la mayoría social» en el Congreso. El articulado de la norma, según ha detallado, se estructura en cuatro grandes bloques destinados a frenar los desalojos forzosos, detener las operaciones especulativas, combatir el fraude en la modalidad de alquiler turístico y temporal y reducir la carga financiera de las familias. Además, el ministerio prevé la puesta en marcha del proyecto ‘Tu casa’ para facilitar la compra del primer inmueble y bonificaciones fiscales para rentas inferiores a 30.000 euros.
Aparte de ampliar la vigencia del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2030, la ministra ha detallado que el Consejo de Ministros ha “reordenado” la fiscalidad de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario para que “reorienten las inversiones en la vivienda asequible” y no en “el ámbito de la especulación”. Además, se han incluido bonificaciones para pagar el alquiler para las familias con ingresos de menos de 33.000 euros que potencialmente pueden llegar a 1,6 millones de personas. Por otro lado, se ha añadido un «nuevo impuesto a los pisos turísticos con un IVA del 10%» y se ha activado un mecanismo de financiación de préstamos para comprar la primera vivienda a interés 0%.
Choque entre los socios de gobierno por la renovación automática de los contratos de alquiler
El acuerdo ha sido fruto de una intensa negociación en el interior de la coalición, pero también se ha negociado con grupos políticos y entidades sociales. El principal escollo ha sido la prórroga automática de los contratos de alquiler de manera indefinida, una exigencia central de Sumar y del Sindicato de Inquilinas que finalmente se ha segregado en el segundo decreto aprobado. La propuesta final incorpora la renovación automática de los contratos, con salvaguardas ante determinadas circunstancias. La ministra ha explicado que la medida pretende dar más estabilidad a las personas que viven de alquiler y evitar que el alquiler suponga vivir «en suspenso», tomando como referencia modelos existentes en otros países europeos. «Es una norma ambiciosa», ha subrayado durante la presentación de los dos reales decretos.
Esta fórmula de ampliación indefinida del contrato de alquiler generó el rechazo inicial del ala socialista del ejecutivo español, ya que argumentaba la dificultad para su convalidación parlamentaria. El PSOE teme que la medida incluida en el segundo decreto aleje formaciones como Junts o el PNV, de las cuales depende que cualquiera de los dos textos salga adelante en la cámara baja. De esta manera, el primer decreto recoge la prórroga de los contratos vigentes por dos años –hasta el 31 de diciembre de 2028–, mientras que el segundo decreto, centrado en la renovación indefinida, afronta un recorrido incierto ante la falta de aval asegurado por parte de los socios de investidura.
La restricción de la compra de vivienda a fondos de inversión internacional, se trata de una iniciativa que sí cuenta con un consenso mayoritario en la cámara –fue planteada directamente por Junts en conversaciones previas–, pero los juntaires están a la expectativa de ver el texto para posicionarse en un sentido o en otro de cara al pleno extraordinario de viernes. Además, el PNV y Podemos son otras formaciones que aún no han dado el visto bueno a los dos textos que ha presentado el Gobierno.
