La mala gestión de la convocatoria de oposiciones del 29 de abril que la Generalitat subcontrató a la empresa Cegos –que a su vez subcontrató a una ETT– ha acabado con la repetición de las pruebas, que empiezan este sábado 1 de julio y acabarán el día 8. Fueron tantas las quejas de los opositores –4.136 formularios de denuncia, concretamente–, que la única solución que la Generalitat encontró fue destituir a la directora general de Función Pública, Marta Martorell, anular las oposiciones y repetirlas una vez aprendida la lección. Esta vez, el Gobierno no se la ha querido jugar y ha optado por controlar directamente y exhaustivamente todo el proceso para que los exámenes se desarrollen con normalidad. Este retroceso de la Generalitat, que ya ha aprendido que subcontratar a una empresa privada para controlar estas pruebas es un error, ha llenado de optimismo contenido a los interinos aspirantes, que están a la expectativa y que esperan no vivir otra situación caótica como la del pasado mes de abril.
La Generalitat ha sido la más señalada por el caos que se vivió el pasado 29 de abril y que fue tan notorio que propició esta repetición de las oposiciones, pero insiste en culpar a la empresa madrileña a quien encargaron el proceso, Cegos. Mientras el gabinete jurídico de la Generalitat estudia denunciar a la empresa y pedir una indemnización de dos millones de euros para hacer frente al gasto que supone la repetición de las oposiciones, la Dirección General de Función Pública, que pertenece al Departamento de la Presidencia, se ha hecho cargo de todo el proceso.
Medidas de control «superexhaustivas»
La nueva directora general de Función Pública, Alícia Corral, asegura que «esta vez las oposiciones se harán bien» porque han asumido todo el control de la organización y la ejecución de los procesos, como se había hecho en anteriores oposiciones. Insiste en que los 3.648 aspirantes que repetirán las pruebas este sábado y los 9.886 que lo harán el sábado 8 de julio pueden estar tranquilos, puesto que se han adoptado medidas de control «superexhaustivas». Para poder organizar bien el proceso, se han rehecho los tribunales y se ha formado al personal para garantizar la vigilancia y la seguridad de las pruebas, hecho que para Función Pública ha supuesto «un gran esfuerzo». De este modo, la Generalitat invertirá 900.000 euros en la repetición de las oposiciones y movilizará 1.343 trabajadores públicos que se encargarán de controlar el funcionamiento de las pruebas. Además, serán los Mossos d’Esquadra quienes custodiarán los exámenes desde que salgan del Departamento hasta que lleguen a los centros.
Tranquilidad entre los opositores por volver al funcionamiento «normal»
Uno de los 13.534 aspirantes que lucharán por las 1.821 plazas en juego a partir de este sábado es Josep, un agente rural que enfrenta la repetición de las oposiciones con optimismo. «Lo controlarán funcionarios de carrera como se ha hecho siempre y los Mossos custodiarán los exámenes. Estoy tranquilo porque el proceso se hará como se había hecho hasta el 29 de abril», explica en declaraciones a El Món. En el mismo sentido, la coordinadora del sector Generalitat de CCOO, Isabel Cairo, considera que los «elementos de riesgo» de las últimas oposiciones ya no están, por lo cual «sobre el papel irá todo bien». «Hay 6.000 personas voluntarias para ser controladores, se han hecho dos jornadas de formación
«Un follón nunca visto»
A pesar de enfrentar la repetición de los exámenes con cierta tranquilidad, los opositores todavía recuerdan el mal trance que pasaron el 29 de abril. «Se vivió un follón nunca visto. Pasó de todo», explica Josep, todavía incrédulo. El agente rural asegura que dentro de las facultades no había indicaciones y «nadie sabía donde iba». Esto, entre otras cosas, provocó el atraso en el inicio de las pruebas. «Esperamos una hora en la calle, mientras en otros lugares ya estaban haciendo los exámenes», denuncia. Josep asegura que se veía claramente que el personal que controlaba los exámenes «no tenía ni idea» y se queja de que no se respetaron ninguna de las normas básicas de una oposición, por lo cual se cayó en «agravios comparativos gravísimos». «Dejaban que la gente fuera al baño sin supervisión y cuando volvían no les pedían el DNI. Esto directamente ya es motivo de impugnación», explica. Josep espera que este sábado no se repita el caos que vivió hace tan solo un par de meses, cuando ni siquiera se respetó el anonimato de las pruebas.
Júlia también tuvo una experiencia desastrosa y teme que el próximo sábado se vuelva a repetir, a pesar de que tiene la esperanza de que todo funcionará correctamente ahora que Función Pública se ha hecho cargo. Denuncia que el pasado 29 de abril estuvo dos horas esperando para entrar al aula y que una vez entró se encontró que las tres personas que tenían que controlar los exámenes «no sabían nada de las oposiciones». «Ni siquiera se entendía lo que leían, porque no hablaban bien el catalán«, asegura. Por este motivo no recibieron instrucciones para hacer los exámenes. «Tampoco le pidieron el DNI a todo el mundo que entró al aula. A unos sí, y a otros no. Vete a saber si alguien envió a un experto a hacer su examen», se queja.
Esta interina, que hace veinte años que se encuentra en situación de fraude de ley por falta de convocatoria de oposiciones, celebra que después de poner la reclamación pertinente Función Pública optara por repetir las oposiciones, pero considera que los hechos fueron tan graves que habrían tenido que aprobar a todo el mundo que se presentó. «Tendrían que garantizarnos las plazas, pero está claro que si no podían hacer esto tenían que repetir los exámenes, porque mucha gente los copió enteros«, apunta.
90 euros de indemnización que «no sirven para nada»
Además, Júlia se queja de que ha tenido que volver a pagar las clases para preparar la oposición desde el 29 de abril hasta julio y se ha visto obligada a renovar los tests para continuar practicando los exámenes. «Todo esto cuesta un dinero que no se cubre con 90 euros. No sirven para nada», espeta. Considera que es una indemnización «muy baja» que no cubre los gastos. Además, se queja de que hace meses que no hace «nada más que trabajar y estudiar» y que nadie les devolverá el tiempo que han perdido estos dos últimos meses.
Josep coincide en que la indemnización no cubre los gastos que han tenido que enfrentar muchos interinos. «En muchos casos la gente ya tenía las vacaciones cogidas, y esto es un perjuicio que con noventa euros no se cubre», señala. Las academias, añade, también se han prolongado con el consiguiente gasto que esto supone. «Otra gente se ha visto perjudicada porque había cogido en abril todos sus días de asuntos propios e incluso las vacaciones para estudiar. Esto no nos lo puede volver nadie», concluye.
