Después de un año de trabajos intensos, la Comisión de Investigación sobre las actividades de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha finalizado sus trabajos. El viernes, los grupos ya tenían sobre la mesa el dictamen de conclusiones aportadas por los grupos parlamentarios y aprobadas por la Comisión. El documento, al cual ha tenido acceso El Món, reconoce el «deterioro del sistema» y asigna tareas al Gobierno, la Administración y al mismo poder legislativo para cambiar el «paradigma» de la atención a los niños con una «revisión profunda» del sistema, aportar más recursos, mejorar los mecanismos de supervisión y control, pero, sobre todo, reclama medidas para una «gestión rigurosa e íntegra de las prestaciones».
De hecho, este ha sido uno de los puntos más polémicos de la gestión de la DGAIA, que obligó al Departamento de Derechos Sociales a cambiar su nombre y estructura. El dictamen y el debate llegarán dos días después de que el presidente Salvador Illa haya destituido a la actual consejera Mónica Martínez Bravo y haya nombrado al hasta ahora secretario general del departamento Raúl Moreno. En concreto, las conclusiones proponen «eliminar el margen de lujo opaco de las entidades de la gestión externalizada».
De esta manera, la cámara catalana, después de las comparecencias y de la ingente cantidad de documentos que ha podido analizar, confirma el desorden de la gestión de las entidades que llevan a cabo el servicio de atención a los niños desamparados y de los jóvenes emancipados que provienen de un régimen de desamparo, o menores no acompañados. En el mismo sentido, los diputados coinciden en «la elevada dependencia de la red concertada y contratada para garantizar la atención residencial de los menores tutelados». Ahora, el dictamen pasará por la votación del pleno del Parlamento de esta semana.
«Modelo agotado» y apuntando a los «convergentes»
Según el dictamen, la «investigación» de la comisión «permite constatar que el sistema de protección a la infancia y la adolescencia arrastraba condicionantes estructurales previos al incremento extraordinario de la llegada de menores migrantes sin referentes en el territorio». Así definen como causa «los recortes que provocaron la insuficiencia de recursos residenciales, la falta de disponibilidad presupuestaria, la debilidad de los instrumentos de planificación preventiva y la tensión acumulada sobre los dispositivos de protección y atención residencial». «La DGAIA presenta problemas estructurales y de gobernanza que han limitado su capacidad de respuesta en detrimento de los derechos de los niños y adolescentes», concluye la comisión.
A pesar del incremento extraordinario de menores extranjeros, la comisión no oculta que el problema venía de más lejos. Incluso, apuntan a los «convergentes» como culpables. «Si bien es cierto la existencia de circunstancias excepcionales y que esta presión se vio incrementada por la situación de emergencia social, económica y sanitaria asociada a la pandemia de covid, no es menos cierto que los recortes en inversiones y presupuestos sociales de la etapa convergente, junto con la política de externalización de la gestión de los servicios públicos, condujeron a una presión sostenida durante tanto tiempo que solo puede ser catalogada de estructural».
«Estamos ante un sistema desbordado que ha operado desde la lógica de la emergencia», señala la comisión. «Es un sistema tensionado sobre un modelo de protección agotado», enfatiza. Asimismo, califica la situación de «deterioro» del sistema de protección de los niños. «Los trabajos de la comisión evidencian que la falta de aprobación de presupuestos durante varios ejercicios consecutivos limitó la capacidad de planificación y despliegue de los recursos necesarios para afrontar el incremento de la demanda», añade el dictamen. Una situación que la Comisión constata que afectó a las entidades proveedoras, que ya sufrían una situación delicada y que, la pandemia terminó de agravar con más «presión sobre el sistema» y «períodos prolongados de retraso en los pagos».
«Gestión rigurosa e íntegra de las prestaciones»
Especialmente rotunda es una de las «propuestas de mejora» de la gestión del actual sistema de protección de los niños. Los diputados, en el documento, proponen «garantizar un control absoluto, transparente e integral de cada euro público destinado a la infancia». «El Gobierno debe culminar de manera urgente, antes de terminar el 2026, el proceso de fijación pública de los escandallos, las tarifas y los costos reales de los servicios concertados, y debe eliminar el margen de lujo opaco de las entidades de la gestión externalizada«, advierte. Una prevención para fiscalizar los márgenes comerciales de las entidades que se han dedicado a los servicios y que, por ejemplo, están investigadas por la Oficina Antifraude de Cataluña.
En este sentido, la cámara afirma que «se debe prohibir el uso de prórrogas contractuales tácitas sin cobertura legal o el uso de reconocimientos extrajudiciales de crédito para eludir la fiscalización previa de la Intervención General». También aduce que es necesario «modificar los protocolos de revisión de expedientes para que se realicen de manera automatizada y continua». De esta manera, el sistema permitiría que «cuando se detecte la pérdida del derecho a una prestación, la extinción se debe ejecutar de oficio el mismo mes y se debe activar de manera inmediata y obligatoria el procedimiento administrativo de reclamación de los importes cobrados indebidamente». Una protección para que no se acumule la deuda y que, finalmente, acabe condonada por la Administración, como ha pasado en el caso DGAIA.
Las conclusiones también instan a «prohibir por ley que las entidades o fundaciones privadas que realizan el acompañamiento psicosocial de los jóvenes puedan evaluar, instruir o gestionar la concesión de las prestaciones económicas o de vivienda, separando completamente las instancias de acompañamiento de las de supervisión financiera». Así como «vetar la participación en órganos de decisión o resolución de prestaciones a cualquier profesional o directivo que tenga vínculos económicos directos o indirectos con las entidades concertadas del tercer sector». De hecho, en el decálogo de propuestas también incluyen hacer un número mínimo obligatorio anual de inspecciones de oficio.
«Revisión profunda»
El documento apuesta por «una revisión profunda del modelo de atención a la infancia y a la adolescencia» que centre el sistema en el «derechos de los niños, en la calidad de las intervenciones y en la adecuación de los recursos a las necesidades reales». Como ejemplo, plantea que los centros asistenciales tengan «orientativamente diez plazas como máximo», incorporar más profesionales especializados en salud mental, más formación continua y «recursos específicos» para situaciones de «mayor complejidad». De hecho, la cámara diseña un sistema más de prevención que de reacción y, por tanto, incide en un modelo de «coordinación con los servicios sociales básicos, los sistemas educativos y sanitarios y el conjunto de agentes comunitarios».
Uno de los puntos fuertes de las conclusiones es «avanzar hacia la desinstitucionalización, la atención comunitaria y los entornos familiares estables». Es decir, «reforzar de manera estructural los recursos destinados a la acogida familiar, especialmente la acogida de urgencia, temporal y permanente, y también los recursos de apoyo y acompañamiento a familias acogedoras». Por ello, la cámara abona la acogida en centro como una «medida subsidiaria y temporal» y, rompe un tabú, en tanto que pone sobre la mesa «la acogida profesionalizada y la acogida especializada» y reducir las trabas administrativas. En resumen, la comisión impulsa a «promover la acogida profesional» y «actualizar y mejorar las prestaciones económicas que están asociadas» con «el objetivo de garantizar una compensación adecuada al esfuerzo y la responsabilidad asumidos por las familias».
