El debate sobre el dictamen de la comisión de investigación de las actividades de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha provocado chispas en el pleno del Parlamento este miércoles por la mañana. Sobre todo, porque la votación celebrada en la comisión que aprobó el dictamen que se ha llevado al plenario ha saltado por los aires. Todo por la petición de votaciones separadas y cambios de guion que han roto los acuerdos alcanzados. Una situación que aún ha despertado más suspicacias después de que la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, fuera relevada este lunes.
En el dictamen se ha aprobado buena parte del texto, incluidas la mayoría de conclusiones y propuestas aprobadas por la comisión, con 68 votos a favor (PSC-Units, ERC y Comuns) y 67 en contra (Junts, PPC, Vox, CUP y AC). En cambio, se han rechazado algunas de las conclusiones y, curiosamente, la propuesta de mejora número 7, por unanimidad. Es decir, la propuesta que reconocía el «margen de lucro opaco» de las empresas concertadas que prestaban servicio a la DGAIA y que destapó la caja de los truenos. En todo caso, fuentes de la consejería apuntan a El Món que las conclusiones van en la «línea de las reformas iniciadas por Martínez Bravo».
Aunque esta propuesta fue votada y aprobada en comisión, esta mañana se ha dado la vuelta a la tortilla. Esta propuesta planteaba un «control absoluto, transparente e integral de cada euro público destinado a la infancia», y apostaba por «eliminar el margen de lucro opaco» de las externalizaciones. El texto superó el trámite de la comisión con los votos de Junts y PSC. Pero el hecho de que hoy el PP haya votado en contra de todo y que Junts haya cargado contra las conclusiones del dictamen, así como la decisión de los Comuns de abstenerse en algunos puntos, han hecho caer la propuesta, con los votos contrarios incluso de Junts y el PSC.
Proceso de fijación pública
El apartado rechazado también incidía en el hecho de que antes de acabar 2026 el Gobierno debía disponer del “proceso de fijación pública de los escandallos, las tarifas y los costos reales de los servicios concertados y eliminar el margen de lucro opaco” de las empresas que realizan servicios externalizados. Por este motivo, la propuesta consideraba que era necesario “prohibir el uso de prórrogas contractuales tácitas sin cobertura legal o el uso de reconocimientos extrajudiciales de crédito para eludir la fiscalización previa de la intervención general”.
En la misma línea, el apartado rechazado por unanimidad recalcaba que para “erradicar” conflictos de interés es necesario “prohibir por ley que las entidades o fundaciones privadas que realizan el acompañamiento psicosocial de los jóvenes puedan evaluar, instruir o gestionar la concesión de las prestaciones económicas o de vivienda”. El pleno también ha rechazado atribuir la crisis de la DGAIA al incremento exponencial de la llegada de menores no acompañados, las dificultades añadidas de la COVID o el costo que ha tenido para la eficiencia de los servicios «la falta de presupuestos».
Por el contrario, el pleno ha aprobado las propuestas de mejora de desinstitucionalización de la atención a la infancia, mejoras laborales para el personal y profesionales del sector, reducción de plazas en los centros de asistencia o la especialización de los servicios. El dictamen aprobado también recoge una crítica al hecho de que la mayoría de centros residenciales sean gestionados por empresas externas y reprueba que la administración “no se puede limitar a financiar plazas y derivar niños”. El informe insta a la Generalitat a asumir “plenamente la dirección pública”, de acuerdo con uno de los otros apartados aprobados este miércoles.
