El pleno del Parlamento ha aprobado este mediodía las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Unas conclusiones largas, densas y con un doble objetivo. Por un lado, admiten irregularidades y el «lucro opaco» de algunas de las entidades concertadas por la DGAIA. Y, por otro, han elaborado una lista de objetivos para mejorar la gestión del servicio. Pero, eso sí, sin ninguna responsabilidad política directa. El debate, en todo caso, se ha iniciado sin la presencia del nuevo consejero de Derechos Sociales, Raül Moreno; de hecho, sin ningún miembro del Gobierno en el hemiciclo. Moreno solo ha entrado después de que el tercer portavoz, en este caso Joan Ignasi Elena de ERC, ha reclamado educadamente la ausencia clamorosa del consejero responsable de la extinta DGAIA.
Las conclusiones se han elaborado gracias a la aceptación del 100% de las conclusiones presentadas por el PSC y ERC y el 75% de Junts. A la CUP no se le aprobó ninguna de las conclusiones. Así lo ha descrito el presidente de la comisión, el pragmático socialista de la Anoia, Jordi Riba. De hecho, Riba ha definido las conclusiones como un documento «transversal» porque no son de «ningún partido ni de ningún grupo». Pero el debate no ha sido tan sereno y ya se ha visto desde el inicio, cuando la portavoz en la comisión de Junts per Catalunya, Ennatu Domingo, ha cargado con dureza contra las conclusiones, a pesar de que le aprobaron 7 de las 9 conclusiones presentadas. Para la diputada de Junts, las conclusiones han servido para «ocultar las vergüenzas del Tripartito». Una tesis que ha apoyado el PP y, con especial virulencia, Vox, aunque no presentaron ninguna conclusión.
El dictamen de la Comisión incorpora un doble objetivo. Por un lado, el reconocimiento del mal diseño de fiscalización y control económico y financiero de las prestaciones y de las empresas concertadas por el departamento. Por tanto, medidas de orden y más control del sistema de protección de la infancia, con auditorías anuales. Y, por otro lado, más flexibilidad para poder afrontar medidas extraordinarias, la profesionalización de la acogida, la «desinstitucionalización» del servicio de protección de los niños así como reducir las plazas de los centros a cifras de diez ocupantes y más cuidado con el personal y más especialización. El dictamen ha sido aprobado por 68 votos a favor y 67 en contra.
Un debate encendido
Los que más satisfechos se han mostrado de las conclusiones han sido los portavoces del PSC y de ERC que han podido aprobar todas sus propuestas. En cuanto a los Comunes, el grupo de Jèssica Albiach, se ha vanagloriado de las conclusiones pero sin el mismo entusiasmo de socialistas y republicanos y admitiendo abiertamente las irregularidades descubiertas, y con una crítica general a que todos han mirado hacia otro lado en la gestión de la infancia en Cataluña.
Especialmente agresivos han sido Junts, PP, Vox y la CUP por diferentes motivos y con cierta contradicción. Por un lado, los de Junts han sorprendido al PSC, ERC y Comunes por el giro de guion de su posición, en tanto que parecía que si bien les han aprobado el 75% de sus propuestas, han cargado contra el contenido del dictamen. El cambio de sentido entre lo acordado en comisión y en el debate en el plenario ha sorprendido de manera desagradable a los grupos con quienes han pactado sus conclusiones.
Vox, que ni ha presentado conclusiones, ha cargado las tintas tildando de «agujero negro» los recursos de la DGAIA. Al menos, la diputada de Vox, María Elisa García, ha desbarrado del dictamen pero se ha ganado poder hacerlo porque ha participado en las sesiones que han acumulado hasta 60 comparecientes. En cambio, Sílvia Orriols, de Aliança, se ha subido al atril para cargar a saco contra la comisión, la DGAIA y el dictamen y nunca, nunca ha asistido a ninguna sesión de la comisión.
Pero si alguien se ha llevado la palma en el debate ha sido la insistente diputada de la CUP en la comisión, Pilar Castillejo, una de las más insistentes en la investigación. A la CUP no le han aprobado ninguna de sus conclusiones que iban un paso más allá y buscaban determinar las responsabilidades políticas sin rodeos. Pero la mayoría ‘insular’ lo ha impedido. Castillejos ha tildado las conclusiones de «vergüenza» y «de infectas» y ha sentenciado que la comisión ha servido para prolongar lo que es el servicio a la infancia, «un negocio».
