«Fue necesaria, entonces, la intervención del Síndic de Greuges, entre otros, para garantizar la revisión de las irregularidades denunciadas por la persona interesada«. Este es uno de los reproches más directos que la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, en un demoledor informe, de once páginas al cual ha tenido acceso El Món y que se ha mantenido reservado hasta ahora, aunque tiene fecha de 6 de noviembre de 2025. Un documento, donde la síndica carga sin tapujos contra la actitud del Gobierno porque considera que el Departamento de Derechos Sociales, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y las entidades investigadas intentaron ocultar las alertas de los trabajadores sobre las presuntas irregularidades en la DGAIA.
De hecho, el informe detalla cómo las entidades y la administración responsable cerraron el expediente interno ocultando información «relevante». Un hecho que, según el criterio de la sindicatura, «denota una mala praxis o disfunción de la administración». Pero, la síndica va un paso más allá y critica con vehemencia cómo la DGAIA demoró la respuesta a las explicaciones que reclamaba la institución que dirige y cómo intentó evitar entregar la copia que se le pedía del expediente interno, a pesar de las insistentes reclamaciones. En este sentido, Giménez-Salinas remarca «las dificultades iniciales del Síndic de Greuges para la investigación de los hechos denunciados, con la correspondiente dilación del procedimiento». Por ello, el informe constataba la falta de control interno y, sobre todo, se quejaba por el caso omiso que el sistema había hecho de las denuncias internas del servicio de protección.
«Condicionar negativamente el sistema»
El informe comienza recordando que en mayo de 2024 la Sindicatura recibió la queja «de un profesional del servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica (SEVAP) de Girona que exponía la supuesta gestión fraudulenta de las prestaciones económicas y de la prestación del servicio de vivienda para jóvenes extutelados por parte de la Fundación Resilis y de la UTE Mercè Fontanilles – Fundación Resilis». Una denuncia que, en síntesis, apuntaba que había «cobros indebidos de la prestación por el hecho de que personas beneficiarias trabajaban y también que no habían hecho copago por el servicio de vivienda». Y, lo que era más inquietante, alertaba de una irregularidad «con la connivencia o aceptación de la entidad gestora del servicio de vivienda, del SEVAP y del Área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado (ASJTET) de la entonces Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA)».
El Síndic inició un expediente de investigación, con diferentes fuentes de documentación y también con «informaciones recibidas por otros profesionales del sistema de protección, que también alertaban sobre hechos similares» a los expuestos por el primer denunciante, ahora testigo protegido de la Oficina Antifraude de Catalunya. En este marco, la sindicatura remarca que ya emitió un informe general donde constataba la existencia de las «irregularidades detectadas» en la gestión de las prestaciones que han supuesto pagos indebidos de la prestación económica o falta de copago por el servicio de vivienda. Unas irregularidades, «como mínimo en buena parte, por una gestión deficitaria de las prestaciones por parte de los organismos», además del «fuerte crecimiento del número de beneficiarios» y la «falta de herramientas para fiscalizar estos expedientes y comprobar su cumplimiento».
Una vez descrita la situación, el informe del Síndic aprovecha para añadir una crítica aún más punzante, y es que, en un primer momento, la administración y las entidades implicadas hicieron oídos sordos a las denuncias y alertas de los trabajadores que constataban las irregularidades e intentaron dar carpetazo al caso. «Esta institución valora conveniente trasladar al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión otras consideraciones detectadas en el procedimiento seguido en el marco de este expediente de queja, que han podido o pueden afectar los derechos de la persona interesada, y que también pueden condicionar negativamente la capacidad de mejora del mismo sistema de protección», sentencia el informe.
«El sistema no fue lo suficientemente permeable»
La sindicatura subraya que, «en un contexto de alta externalización de la prestación de servicios a entidades privadas» -como es el caso del sistema de protección a la infancia y la adolescencia–, es «fundamental que los profesionales que allí trabajan puedan alertar de posibles irregularidades sobre el funcionamiento de los servicios, y también que estas informaciones sean escuchadas y analizadas convenientemente». De hecho, así lo hizo el trabajador que se acogió al derecho de queja de la sindicatura.
Pero Giménez-Salinas enfatiza que «en la fase inicial» –cuando el trabajador alertó de la situación– «el sistema de protección no fue lo suficientemente permeable a la denuncia de posibles disfunciones o irregularidades como mecanismo fundamental de mejora». Así, remarca algunas «evidencias» que hace llegar al departamento de Derechos Sociales sobre la falta de transparencia, autocontrol y fiscalización del trabajo interno, a pesar de ser denunciada. Incluso, llega a recriminar que algunos informes de las entidades y de los organismos responsables del servicio ocultaron información para eludir responsabilidades.
«Esta resistencia inicial no excluye que en una fase posterior el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión se haya mostrado dispuesto a intervenir para la mejora de la gestión», admite la síndica. Ahora bien, sí que puntualiza que la mejora llegó con el cambio de dirección y después de las presiones del Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y, sobre todo, la Oficina Antifraude.
Se negó la «censura» contra el informe con el que empezó todo
En este contexto, el informe destaca que el Síndic de Greuges tuvo conocimiento de que la «coordinación del SEVAP Girona pidió que se modificara un informe de propuesta de extinción de una prestación económica». Precisamente, un informe elaborado por la persona que formuló la queja, que apuntaba que «el joven no cumplía los requisitos para percibir la prestación y que el servicio de vivienda no había hecho el control de los requisitos para cobrarla». En este informe aportaba datos sobre los diferentes trabajos que había tenido y, además, de los cambios de residencia que había hecho.
El informe del Síndic, sin embargo, insiste en que el informe fue cambiado por los responsables del servicio y el documento que «finalmente se aprobó omitía la referencia al pasado». Cuando el mismo denunciante denunció, al Área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado, que el informe había sido «censurado», el servicio replicó que solo había sido «revisado». Además, el Síndic añade que la misma DGAIA, al persistir el denunciante, emitió un informe donde se apuntaba el «posible incumplimiento detectado». Pero aquí acababa el camino de la denuncia interna.
De hecho, el Síndic revela que la entidad gestora del servicio –la UTE de las dos fundaciones- elaboró un expediente interno de investigación con número 1_2024, donde no solo negaba la «censura del informe» sino que añadía que «la falta de copago» no afectaba la contraprestación de la entidad y «que los aspectos retocados no tenían que ver con aspectos sustantivos». La síndica, no obstante, aprovecha su documento para recordar «la relevancia de la información omitida en el informe de propuesta de extinción aprobado finalmente, porque denota una mala praxis o disfunción que la administración debe conocer para poder corregirla».
La intervención del Síndic de Greuges, clave
En el mismo documento del Síndic, se resalta «la falta de consideración suficiente de la queja inicialmente presentada por la persona interesada a la entidad gestora del SEVAP y a la misma administración». Y añade, que no hizo nada hasta que la institución intervino para que se «garantizara la revisión de las irregularidades denunciadas por la persona interesada». Aun así, el informe reprocha al Gobierno que se lo tomó con mucha calma. Tanto es así que le recuerda que pasó medio año hasta que el Departamento de Derecho Sociales no respondió a las peticiones del Síndic.
Siguiendo este hilo, la institución dirigida por Giménez-Salinas recuerda que la primera petición de información sobre este expediente de queja fue emitida en junio de 2024, y posteriormente se amplió en septiembre de 2024. «Inicialmente, la DGAIA no respondió», enfatiza. «Al no recibir respuesta después de cuatro meses, en noviembre de 2024 esta institución mantuvo una reunión con los responsables de la DGAIA, en la que se expuso, entre otras cosas, la preocupación de esta institución por los hechos denunciados y por la falta de respuesta obtenida hasta entonces», continúa. Aun así, el Síndic no recibió ninguna respuesta hasta el 16 de diciembre de 2024. Y la respuesta era una comunicación donde se aseguraba que se habían «constatado los hechos» y que, ante «la necesidad de aclarar y recopilar la información correspondiente», se había considerado «la necesidad de abrir e iniciar un expediente informativo con la finalidad de conocer las circunstancias de los hechos expuestos y la conveniencia o no de iniciar uno o varios procedimientos administrativos». Y prometían informar sobre ello. Era la concreción de que «formalmente» se iniciaba «el expediente informativo 15/2024, en fecha 5 de diciembre de 2024». «Prácticamente, seis meses más tarde», reprocha la sindicatura.
Intento de evitar entregar el expediente
Pero la historia no acaba aquí. Según el mismo documento, y después de varias peticiones y dos reuniones, no fue hasta el 12 de marzo de 2025 que la DGAIA envió un escrito al Síndic en el que exponía únicamente las conclusiones del expediente informativo, pero no el expediente. Esta comunicación afirmaba que «el gran número de contrataciones temporales» podía haber «dificultado la gestión de la supervisión de las prestaciones». Ahora bien, también añadía que «no se constata perjuicio para la hacienda de la Generalitat, siempre que se agilicen los reintegros que correspondan». «No constan conductas de apropiación ni ánimo de lucro, y también se puede descartar la existencia de indicios de administración desleal y fraude», aducía la comunicación. Es decir, la DGAIA daba carpetazo al caso y no enviaba a la Sindicatura el expediente completo.
El Síndic, sin embargo, no se amilanó y el 19 de marzo de 2025 se dirigió nuevamente por escrito a la DGAIA para recordar que, desde junio de 2024 «no había recibido la información completa requerida formalmente en las peticiones hechas, ni tampoco la información completa del expediente abierto solicitada en el marco de las diferentes comunicaciones y reuniones hechas sobre este asunto». Unos encuentros en los que el Síndic «había reiterado la necesidad de disponer de la documentación que consta en los expedientes para resolver el caso». «Finalmente, el 7 de abril de 2025, días más tarde del nombramiento de un nuevo director de la DGAIA, este organismo envió copia del expediente informativo y, días más tarde, el anexo documental», constata el informe. No fue hasta ese momento, es decir, cuando faltaban dos meses para cumplir el año del primer requerimiento, que la DGAIA cumplió con sus obligaciones. «Desde entonces la colaboración ha sido positiva», concluye el Síndic.
