Era el 23 de octubre cuando efectivos del Cuerpo Nacional de Policía anunciaron el desmantelamiento de una red de fraude en el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados en las comarcas del Camp de Tarragona. Era el caso AME, que llevó a la detención de 30 personas y al cese de la tutela de 22 menores. El sistema de fraude era, según la policía, tan simple como que las familias traían a sus hijos menores al estado con visados de turismo para, «una vez en Cataluña, abandonarlos intencionadamente cerca de comisarías o centros de menores». Era el enésimo golpe a la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), acosada por varios escándalos e irregularidades.
Cuatro meses después, el Departamento de Derechos Sociales ha presentado explicaciones al Parlamento, a través de una respuesta parlamentaria firmada por la consejera del ramo, Mònica Martínez Bravo, donde hace un resumen del caso. De entrada, limita el fraude, de momento, a 1.400.767,02 euros. Sin embargo, admiten que hay «casos en investigación» porque en total hay 124 expedientes y, según la policía, podría llegar a 1,6 millones. Por ahora, no han cambiado el protocolo de detección de este tipo de fraude. De hecho, este caso se empezó a investigar en el año 2023 a raíz de las entrevistas que el personal de los centros de atención hacía a los jóvenes que recibían las prestaciones.
Aunque la consejera insiste en la coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad del Estado para detener este tipo de fraudes, también asegura que «no se ha considerado necesario iniciar ningún procedimiento interno o auditoría de los protocolos de tutela y acogida de menores extranjeros». Por el momento, el Gobierno indica que no han detectado un sistema de fraude como este en otras zonas del país. En todo caso, Martínez Bravo asegura que el departamento no hará ningún «informe oficial sobre este tema» hasta que terminen las investigaciones. «En el momento que finalice todo este proceso podremos plantearnos cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia más adecuados», apunta la consejera. Y añade que, por el momento, «no hay ningún indicio de posible responsabilidad administrativa o disciplinaria dentro de la misma Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA)», nombre actual de la DGAIA. La consejera defiende que fueron los mismos equipos sociales los que señalaron las sospechas que destaparon el caso.
Tutela de jóvenes migrantes solos
Según las explicaciones de la consejera, el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión tuvo conocimiento de la existencia de un posible fraude en las comarcas de Tarragona vinculado al sistema de tutela de jóvenes migrantes solos (JMS) en el año 2023. Entonces se detectaron posibles casos de este tipo desde los centros de atención de menores a través de las entrevistas que el equipo de trabajo social hacía a los jóvenes migrantes solos, que habían sido internados a través del sistema de acogida. Eran entrevistas exploratorias de la situación social y personal del joven. En algunas de estas entrevistas se percataron de casos de existencia de familiares o de llegada con visado. Los casos se dirigieron al departamento, que lo comunicó a la Unidad Central de Redes de Inmigración ilegal y falsedades documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, que tiene las competencias.
El caso, sin embargo, no ha conllevado ningún cambio en los protocolos. Así, la consejera asegura que se siguen llevando a cabo las mismas medidas de control o verificación la DGPPIA y, ante cualquier sospecha de irregularidades, el servicio la comunica a la policía. Siguiendo el hilo de la respuesta parlamentaria, la DGPPIA investiga la procedencia de los jóvenes migrantes solos a partir de la información que encuentra sobre «su situación familiar, origen y posibilidades de retornarlos con sus progenitores». También analiza su «situación social y, si se detecta cualquier situación anómala en su trayecto migratorio, se comunica a las instancias correspondientes». En este sentido, remarcan que los servicios territoriales de atención a la infancia mantienen una «coordinación constante con todos los cuerpos de seguridad».
«No es necesaria ninguna auditoría»
El departamento anuncia que hasta ahora no se ha podido constatar ni probar ningún caso similar en el resto del país. Así, calculan que, del coste total estimado para la administración catalana derivado de los 124 expedientes identificados en la operación AME, solo se ha contabilizado el de 21 personas que ya han sido retornadas a sus familias, y que suma un total de 1.400.767,02 euros. «El resto de casos están en investigación», advierte la consejera. La policía, en cambio, calcula que el fraude podría llegar a 1.589.747,31 euros. De hecho, la policía ha elaborado 28 atestados. Por el momento, en la veintena de casos en los que los menores fueron retornados a sus progenitores, el motivo fue que la razón que justificaba la resolución de desamparo –es decir, que la administración asuma la tutela de los menores– había desaparecido.
A pesar de todo, el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión no ha replanteado el sistema. «No se ha considerado necesario iniciar ningún procedimiento interno o auditoría de los protocolos de tutela y acogida de menores extranjeros, ya que precisamente el trabajo que se hace para la acogida de jóvenes migrantes solos es el apropiado y el que ha permitido detectar estas situaciones en el marco del seguimiento que ya se está haciendo de cada caso concreto», alega Martínez Bravo. La consejera únicamente admite que «se ha incrementado la coordinación con el cuerpo de Policía Nacional para facilitar la detección de los casos».
El departamento también admite que no se ha revisado ninguno de los «convenios, subvenciones o contratos con entidades del tercer sector implicadas en la gestión de centros de acogida en Tarragona a causa de la operación AME». «No se considera necesario», argumenta Martínez Bravo, «ya que las entidades han actuado dentro de su marco de competencias dando la atención a los jóvenes migrantes solos que acogen». En la misma línea, la consejera subraya que si los «diferentes recursos» detectan cualquier situación, estos informan al departamento a través de la «coordinación establecida con el servicio», pero no da más detalles sobre cuáles son los canales o protocolos de actuación. De hecho, Martínez Bravo explica que básicamente la coordinación del departamento se hace con la policía española, que tiene la competencia de extranjería.
De momento, «ningún informe oficial»
En la respuesta parlamentaria, Martínez Bravo descarta «la posibilidad de que el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión publique un informe oficial con las conclusiones del caso y las medidas adoptadas a consecuencia del caso AME». «Una vez concluyan las investigaciones policiales, judiciales y del resto de organismos públicos implicados, y se adopten las medidas correspondientes en el marco de la normativa de infancia y adolescencia, se valorará la necesidad, o no, de hacer un informe oficial sobre este tema», avanza. Así, la consejera informa que una vez «finalice el proceso podremos plantearnos cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia más adecuados».
Sin embargo, se cierra en banda a la posibilidad de que el departamento o la DGPPIA tengan cualquier responsabilidad en los casos de fraude. Al contrario, se jacta del hecho de que haya sido la propia administración la que llevó las sospechas a la policía. «Sobre la posible evaluación del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión respecto de posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias dentro de la misma DGPPIA a raíz de la operación AME, sin perjuicio de lo que resulte de las actuaciones antes mencionadas, no solo consideramos que no hay ningún indicio de posible responsabilidad administrativa o disciplinaria dentro de la misma DGPPIA, sino que ha sido la profesionalidad de sus equipos y unidades la que ha permitido, en coordinación con las autoridades judiciales y policiales, desmantelar esta posible red», sentencia.
