Los polémicos cambios impulsados por la consejería de Educación, en manos de la consejera Esther Niubó, en bachillerato continúan levantando polvo. El Gobierno ha puesto sobre la mesa varias modificaciones en el currículo de la enseñanza secundaria postobligatoria a raíz de un requerimiento del gobierno español, que busca adecuar la organización del bachillerato catalán a las directrices de la ley estatal LOMLOE, también conocida como ley Celáa. Estos cambios, sin embargo, han generado mucho malestar entre la comunidad educativa y científica, ya que son los principales afectados por la propuesta de fusionar materias de la modalidad científica, como agrupar física y química en una sola asignatura. Teniendo en cuenta esta situación, el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicato tradicionalmente cercano a los socialistas, desafía a la Moncloa del PSOE y ha reclamado al Ministerio de Educación que publique el requerimiento que fuerza los cambios en el currículo de bachillerato.
Según detallan a través de un comunicado, debido a la negativa de la consejería de hacer público el requerimiento del gobierno español, desde UGT presentaron una «solicitud de información» al ministerio: «Esta fue registrada el 10 de enero y, en respuesta, el secretario de Estado de Educación resolvió, el 24 de enero, seguir ocultando este documento con formalismos fuera de toda lógica», detallan desde la organización sindical. Ante esta negativa, y descontentos con la respuesta del gobierno español, desde el sindicato también han presentado una reclamación ante el consejo de transparencia y buen gobierno de la Moncloa. Paralelamente, la organización sindical también ha solicitado esta misma información a la consejería de Educación, la cual aún está en proceso de resolución. «Si, como prevemos, la respuesta final se produce una denegación o un silencio administrativo, recurriremos ante la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP)«, advierten.
La comunidad educativa mantiene el pulso con el Gobierno
El pasado martes 18 de febrero, varios representantes de la plataforma Ciencias en Peligro -la agrupación de docentes afectados por las modificaciones del currículo de bachillerato- se reunieron con la secretaria de mejora educativa, Pepín Beltrán, para intentar desbloquear la problemática. Según denuncian, durante todo el encuentro la representante de la consejería de Educación «admitió entender los beneficios de la separación de materias», tal como reclaman desde la comunidad docente, pero mantuvo su posición firme: «aseguró que la fusión se llevará a cabo para cumplir con el requerimiento del Ministerio de Educación»: «Aunque admitió que la propuesta de fusión no es beneficiosa pedagógicamente, el departamento asegura que hay que llevarla adelante para cumplir la legislación estatal. Se puso sobre la mesa el hecho de que hace más de veinte años que la legislación estatal prevé materias científicas fusionadas en primero de bachillerato, pero que los decretos catalanes las establecen por separado. La respuesta siguió siendo que hay que cumplir la legislación estatal», denuncian.
Ante esta negativa de la consejería, la comunidad docente, articulados a través de la plataforma Ciencias en Peligro, aseguran que mantendrán su rechazo a la fusión de materias científicas en bachillerato: «La única solución aceptable es mantener las ciencias como materias de modalidad separadas», argumentan. La batalla por las ciencias en la secundaria postobligatoria, pues, sigue más viva que nunca.
