La aprobación y el despliegue de la nueva ley de la formación profesional (FP) ha tenido un impacto directo en la organización de los ciclos formativos de Cataluña, tanto en los grados medios como en los superiores. A priori, el objetivo de la administración era mejorar el sector de la formación profesional para dignificar este tipo de estudios, que cada vez ganan más peso. El último informe de La Intersindical, elaborado a partir de una encuesta a más de 650 docentes que este año ha impartido enseñanza en primer curso de ciclos formativos, muestra que, «lejos de responder a las necesidades de los centros», la nueva ley de FP ha acentuado las asignaturas pendientes de la consejería de Educación, actualmente en manos de Esther Niubó, con este sector del sistema educativo: «Esta reforma ha sido impulsada desde una lógica tecnocrática, con una visión empresarial de la educación que ignora la realidad de las aulas y menosprecia el criterio de los profesionales que la hacen posible día a día», denuncian desde la organización sindical.
El sindicato ha elaborado el informe a partir de las respuestas de 650 profesores, quienes respondieron a las preguntas entre el 14 y el 24 de mayo, después de impartir clases casi todo el curso. De las respuestas de los docentes, desde la Intersindical han concluido que la implementación de la nueva normativa sobre la formación profesional no ha sido beneficiosa para los profesionales de la enseñanza: «El cambio de currículo y la introducción de nuevos contenidos es percibido mayoritariamente de manera negativa, tanto por la forma en que se ha implementado como por el resultado que se está observando en el aula», argumentan desde la organización sindical. Un 84,3% del profesorado encuestado –desde el sindicato consideran que permite hacer una radiografía fidedigna del sector– «valora negativamente o muy negativamente el cambio de contenidos y la reorganización curricular». El principal motivo por el cual no ha tenido una buena acogida entre los docentes es que consideran que se les comunicó con demasiada poca antelación, lo que no les permitió terminar de organizar el curso.
Los docentes reclaman más voz y reorganizar las prácticas empresariales
Los cambios en el currículo, sin embargo, son solo uno de los aspectos negativos que han subrayado los docentes en la encuesta elaborada por el sindicato. Entre otros, el informe también apunta que «los módulos de digitalización y sostenibilidad», que se han incorporado recientemente a los ciclos formativos, «son fuertemente cuestionados»: «Se considera que ocupan horas de contenido específico de los ciclos y que, a menudo, responden a intereses externos o empresariales más que a necesidades formativas reales», aseguran desde la Intersindical. En los resultados de las encuestas también se puede ver que los docentes del sector de la FP también reclaman más voz a la hora de confeccionar el diseño de las formaciones profesionales -tal como también ocurre en otras ramas del sistema educativo: «Una gran mayoría de docentes consideran que no se ha contado con el profesorado en el diseño de la nueva ley, y que la implantación se ha hecho de manera precipitada y sin escuchar las voces de los profesionales», apuntan desde la organización sindical, que consideran que el posicionamiento de los profesionales del sector refuerza aún más su postura como sindicato de «crítica» contra el actual despliegue de la nueva ley de FP. De hecho, en cifras, un 99,1% de los profesionales encuestados aseguran que no se han sentido escuchados a la hora de diseñar los nuevos ciclos formativos.
Otro de los puntos más conflictivos dentro del sector de la formación profesional son las prácticas empresariales, ya que la dificultad para encontrarlas complica algunos ciclos, pero también la duración que estas tienen. Según los resultados de la encuesta, «solo un 6,2% del profesorado considera que la duración actual de las prácticas es adecuada o aceptable»: «El resto expresa de manera casi unánime un rechazo frontal a una duración que consideran desmesurada y que conlleva efectos negativos tanto logísticos como pedagógicos», apunta el informe. La duración de las prácticas, sin embargo, no es el único punto de conflicto. Según la encuesta, más de un 87% de los profesores aseguran tener «graves dificultades para coordinar y garantizar plazas para todo el alumnado en un mismo período de tiempo, especialmente en territorios con escasez de empresas del sector». A las dificultades para coordinar también se suman las dificultades para encontrar empresas que accedan a acoger estudiantes durante largos períodos de tiempo, lo que supone otro reto para las direcciones.
Las reclamaciones sindicales
Es precisamente por este motivo que desde el sindicato consideran que «se debe reducir» la estancia de los alumnos en las empresas para que «las prácticas» no se conviertan en «mano de obra encubierta» para las compañías del sector: «Proponemos una reorganización progresiva y flexible, adaptada a la madurez del alumnado, la disponibilidad real de empresas y el contexto socioeconómico de cada comarca. Solo así se evitará que las prácticas se conviertan en un factor de exclusión o de precarización», plantean. Teniendo en cuenta las conclusiones que han extraído a partir de las respuestas de la encuesta, desde la organización sindical impulsora de la consulta reclaman a la administración catalana «paralizar inmediatamente» el nuevo funcionamiento de la FP: «El despliegue se ha hecho sin planificación, sin recursos y sin escuchar al profesorado, provocando un caos organizativo, una degradación formativa y un malestar generalizado en las aulas», argumentan desde la Intersindical.
En esta línea, para garantizar la voz de los docentes, desde el sindicato también piden a la consejería de Educación que ponga en marcha un «espacio de participación» colectivo que permita «reconstruir la legitimidad del modelo de FP»: «Ninguna reforma educativa es posible si se ignora, desautoriza o sobrecarga al profesorado», exclaman. Estas son las principales reclamaciones del sector de la formación profesional, pero muchas de las cuales también se pueden hacer extensibles en otras áreas del sistema educativo, lo que muestra las asignaturas pendientes de la administración catalana para continuar mejorando la enseñanza en Cataluña.
