El papel de los teléfonos móviles dentro de las escuelas e institutos de Cataluña ha sido una de las principales cuestiones que han centrado el debate educativo de los últimos años. Desde la pandemia de la Covid, las pantallas y los dispositivos móviles han ganado más presencia en el día a día de la sociedad catalana. Una presencia que, entre otras, también ha aumentado en las aulas. El pasado mes de septiembre de 2023, la entonces consejera de Educación Anna Simó planteó la posibilidad de prohibir los teléfonos móviles en las escuelas e institutos. Una idea que, de entrada, generó opiniones muy diversas dentro de la misma comunidad educativa. A pesar de algunas discrepancias, el departamento ya había tomado medidas para combatir el exceso de pantallas en el aula: vetó el teléfono en infantil y primaria, y solo se permitía el uso de móviles en el aula en secundaria con fines educativos. Esta misma semana, sin embargo, la consejera de Educación, Esther Niubó, ha planteado que en un futuro la prohibición del móvil en las aulas se extienda a todas las etapas educativas obligatorias.
Se trata de un planteamiento que ha generado mucha división de opiniones dentro de la misma comunidad educativa. Para algunos expertos consultados por El Món, dar un paso más en la limitación de los móviles en el aula y prohibirlos es un «error», ya que cierra la puerta a una herramienta tecnológica que puede aportar «beneficios» en la educación: «Entre la prohibición y el libre albedrío hay un enorme abanico de opciones. Sabemos que los móviles son herramientas tecnológicas muy útiles, la cuestión es utilizarlas en el momento adecuado», argumenta el maestro de primaria David Vilalta. En esta línea, y endureciendo el tono, la psicopedagoga y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Sylvie Pérez considera que prohibir los móviles en las aulas es «una manera de renunciar al deber de educar»: «Nos autodeclaramos incapaces», exclama.
La visión de los dos expertos, sin embargo, se contrapone con las ideas de los sindicatos de docentes consultados por este diario. Tanto la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, como el portavoz de la Intersindical, Marc Martorell, coinciden en que la prohibición de los teléfonos «es una buena medida» porque establece unas directrices para combatir una problemática que desde hace años golpea el sistema educativo: «Las normas deben venir desde arriba [en referencia al Departamento de Educación y Formación Profesional], porque no siempre puede recaer toda la responsabilidad sobre los maestros y profesores», apunta la portavoz de la organización sindical mayoritaria del sector, que asegura que «el personal educativo ha manifestado en diversas ocasiones que los teléfonos son un problema».
La autonomía de centro, un punto de discrepancia
El principal punto de discrepancia entre docentes es «la autonomía de centro». Por un lado, los sindicatos consideran que prohibir los móviles en las aulas de todas las etapas educativas es una buena medida porque establece una normativa que debe aplicarse, por igual, a todos los centros: «Nosotros siempre hemos criticado la autonomía de centro, así que vemos con buenos ojos este planteamiento», defiende Martorell. Esta opinión, sin embargo, se contrapone con la visión de los otros expertos, que consideran que es fundamental que cada centro pueda decidir sobre qué uso debe hacerse de los dispositivos tecnológicos en el aula: «Con esta prohibición, la decisión ya no dependerá de los centros. Se está dando respuesta a un movimiento social que no es mayoritario», apunta Sylvie Pérez. En esta línea, David Vilalta considera que «la tecnología», desde los móviles hasta otros tipos de pantallas, es una muy buena herramienta si se utiliza como complemento en algunos momentos de la clase: «De entrada, el móvil no debe usarse en el aula, pero si es con fines educativos es un elemento complementario que puede ser muy útil. Se debe educar en la responsabilidad», argumenta.
A pesar de las discrepancias sobre la prohibición, las diversas voces de la comunidad educativa consultadas coinciden en que es esencial «entender el uso que deben hacer los teléfonos móviles». «Los recursos digitales no pueden sobrepasar los otros métodos que se han utilizado desde siempre, como el papel», asevera Iolanda Segura. En este sentido, David Vilalta, aunque defiende que las pantallas son buenas herramientas complementarias para la enseñanza, mantiene que «el proceso de razonamiento» del alumnado es importante que se lleve a cabo «en papel». Es decir, que no se realice a través de ordenadores, por ejemplo.
Un largo debate educativo
El último anuncio de la consejería de Educación ha reavivado, de nuevo, el debate sobre el papel de los móviles y las pantallas en las aulas de Cataluña, ya que más allá de la prohibición de los teléfonos en todas las etapas educativas, la cartera que encabeza Esther Niubó también prevé evaluar el uso genérico que se hace de los dispositivos digitales y las pantallas en los centros escolares y, en concreto, en infantil. Este debate, sin embargo, ya lleva años arrastrándose. Desde la pandemia, algunas escuelas, como el colegio El Jardí de Granollers, han liderado la batalla para intentar sacar los teléfonos y las pantallas de sus aulas. De entrada, sin embargo, la consejería había adoptado una posición más conservadora y había dejado claro que la decisión de prohibir su uso dependía de las direcciones de los centros y las familias. “A riesgo de equivocarme, creo que prohibir los móviles no es el camino”, aseguró la exconsejera Simó durante una comparecencia parlamentaria del mes de septiembre de 2023.
Aquel mismo septiembre, el debate educativo sobre el papel de los móviles comenzó a tomar más vuelo. De hecho, un numeroso grupo de padres y madres de alumnos catalanes, agrupados a través de un canal de WhatsApp y Telegram llamado Adolescència lliure de mòbil, se movilizaron para intentar conseguir que los adolescentes no tengan móvil hasta los 16 años. Un paso que ya sobrepasaba el papel de la escuela y se enfocaba más en la manera de educar a los niños y adolescentes. Paralelamente, la entonces responsable de la cartera de enseñanza también impulsó un proceso de debate sobre el uso de los móviles con el objetivo de consensuar con los claustros y las familias si se deben prohibir o no estos dispositivos en las escuelas e institutos. De este largo debate surgió una primera conclusión: una primaria «libre de móviles», la cual se configuró a partir de un marco general que permitía regular la utilización de los teléfonos móviles en los centros escolares, y otros aspectos en relación con las nuevas tecnologías, como la protección de datos.
A finales del mes de enero de 2024, la consejería de Educación optó por dar un paso más y prohibir su uso en infantil y primaria y, además, restringirlo mucho en la secundaria. Esta primera normativa aprobada por el Gobierno de Pere Aragonès vetaba el uso de los teléfonos en las aulas de las primeras etapas de la educación obligatoria y también afectaba las actividades no lectivas como el patio o el comedor. De hecho, se prohibió totalmente el uso de estos dispositivos en infantil y primaria y, en esta línea, la consejería también estableció que en secundaria no estaba permitido hacer «un uso libre de móvil» para favorecer “la interacción personal entre alumnado, profesorado y otros miembros de la comunidad educativa”. Esta decisión ya comenzó a implementarse con el inicio del curso escolar actual.
Ahora, sin embargo, la sucesora de Anna Simó ha apostado por ir más allá y hacer extensiva la prohibición a todas las etapas educativas obligatorias: «Nos corresponde velar por la protección y promoción de la salud y los hábitos saludables y por el aprendizaje de competencias digitales en el contexto socioeducativo como parte del desarrollo y del ejercicio de la ciudadanía del alumnado. Pero al mismo tiempo, nos corresponde también proteger el interés superior de sus derechos y su bienestar, garantizando entornos educativos seguros y saludables», defendió Niubó en rueda de prensa. Para analizar el papel de las pantallas en los centros educativos, la consejería ha conformado una comisión formada por medio centenar de expertos con el objetivo de «revisar el uso que se hace actualmente de estos dispositivos y analizar los efectos que tienen sobre niños y jóvenes en el sistema educativo catalán». Un grupo de expertos, sin embargo, que también genera inquietud entre parte de la comunidad educativa: «Hay que relativizar mucho las recomendaciones de los expertos y adaptarlas», apunta David Vilalta. El debate sobre los móviles y las pantallas en el aula, por tanto, sigue más vivo que nunca.
