Los nuevos presupuestos de la Generalitat elevan el gasto educativo hasta los 8.300 millones de euros. El Gobierno prácticamente dobla la inversión de hace una década, incrementa en casi cuatro puntos el gasto respecto de 2023 y sitúa el peso del departamento alrededor del 16%. Sin embargo, los expertos piden no olvidar en el análisis la carga represiva de la inflación: el presupuesto educativo ha crecido un 33% en los últimos cinco años, pero la inversión real cae al 11% si tenemos en cuenta que el costo de vida ha subido un 22. Es decir, que en los últimos años el ejecutivo solo ha invertido un euro extra por cada diez que invertía antes de 2020. Insuficiente, argumentan habitualmente los sindicatos, para revertir los recortes que han hecho estallar la crisis educativa.
“La inversión real se estancó en 2013, en parte, porque ha crecido el gasto en otras carteras como la sanidad. Educación ha pasado de ocupar un 15,5% del presupuesto a quedarse alrededor del 13 y 14%”, detalla el catedrático de políticas educativas, Francesc Padró, también director del Anuario de la Educación de la fundación equitat.org. Las cifras del nuevo presupuesto vuelven a situarse ligeramente por encima de estos datos, si bien el analista cree que posiblemente se ha tocado techo. “Difícilmente subiremos sistemáticamente de este 14 o 15%, aunque se debe relativizar. Un 14% de ahora sigue siendo bastante dinero”, opina Padró. El problema, concluye el catedrático, viene condicionado por las “condiciones de fiscalidad” actuales de Cataluña.
“Es cierto que ha habido más inversión educativa, pero tiene trampa”, añade el exprofesor, referente sindical y colaborador de El Món Xavier Diez. “Por un lado, hubo el retorno de algunos recortes, como por ejemplo, los retrasos salariales derivados de los sexenios, y también se ha tenido que hacer frente a un incremento de estudiantes a medio curso”, apunta el docente, ya jubilado. Díez recuerda que la inversión también incluye la escuela concertada y duda que el esfuerzo sea “sincero”. “Tener una escuela precaria es una buena estrategia para hacer negocios con la privada, porque atrae a muchos alumnos de clase media a escuelas concertadas. Si fuera por los gobiernos, lo privatizarían todo para hacer negocio, tal como pasó durante el intento de la Ley Aragonès”, remarca el analista. Impulsada por ERC y Junts, esta ley regulaba la prestación de servicios públicos a cargo de empresas privadas y abría la puerta, según la denuncia de los sindicatos, para que algunos servicios “sensibles” como las tutorías o la educación especial pasaran a manos privadas.
“La inversión actual es poco efectiva”
El equilibrio público-privado se suma a una gestión económica de la escuela pública basada “en engordar la misma maquinaria de siempre, que no funciona”, según la opinión de Padró. “La inversión actual”, resume en otras palabras, “es muy poco efectiva”. En este sentido, el catedrático cuestiona la línea continuista de la consejería dirigida por Esther Niubó. “El departamento, este y los anteriores, se ha dedicado a anunciar grandes planes que no tienen objetivos claros, ni metas temporales claras ni mecanismos de regulación”, cuestiona Padró.
La experiencia sindical de Diez da la razón al académico: “En términos generales, los planes solo sirven para llenar papeleo y colocar personas afines para coordinarlos”. “Y para hacer ver que haces algo”, insiste de forma crítica. “La experiencia me ha demostrado que no llegan dinero y recursos a la escuela que más lo necesita, sino que dependen de la capacidad de presión de ayuntamientos, entidades, asociaciones de padres o contactos privilegiados de algunos docentes”.
La manera más eficaz de gestionar el dinero, concluye el analista de El Món, es contratar profesorado «para reducir las ratios”. Y, en este sentido, los datos no son optimistas. Cataluña cerró el curso 2024/25 con una ratio de 22,7 alumnos en primaria y de 28,2 en secundaria; en ambos casos, registros inferiores a los de una década atrás (22 en primaria y 27,9 en la ESO) a pesar del decrecimiento de la natalidad.
“No estamos haciendo una buena evaluación de los proyectos”
En su anuario, la entidad equitat.org pide un cambio de modelo económico centrado en las escuelas de mayor complejidad para revertir la ineficacia política de los últimos años. El ejecutivo ha llegado a comprar el modelo, dice la fundación, pero nunca lo ha llegado a implementar por las “reticencias” de una “cultura dominante” en la que “igualdad es sinónimo de dotar a todos de los mismos recursos”, sentencia Padró.
En todo caso, el experto no lo basa todo en el cambio de paradigma. Una de las cuestiones que el excolaborador de la OCDE pide reestructurar de forma ágil son los recursos –escasos– que se destinan a la inspección de las zonas complejas. “Los centros con más necesidades deben tener más horas de inspección y eso supondría un costo asumible para la administración”. Por otro lado, pide una revisión del modelo de evaluación de los proyectos. “¿De qué sirve cargar a los docentes de tareas administrativas si luego no haces una buena evaluación que te permita saber si un programa está funcionando o no?”, resume Padró, que ve un rayo de “esperanza” en el despliegue de la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación (APE).
Según la descripción propia del Gobierno, este nuevo organismo debe encargarse de “impulsar la evaluación independiente y el análisis de posibles escenarios de futuro del sistema educativo no universitario”. El catedrático confía en ello, el exprofesor no tanto. “Ya existía el Consejo de Evaluación del Sistema Educativo y, a pesar de tener ocho personas en nómina, no servía para nada porque no investigaba nada que pudiera resultar útil, sino que era exclusivamente para avalar académicamente ocurrencias pedagógicas”, recuerda críticamente Diez de su etapa sindical. “Al no ser un organismo independiente, no hacía nada que pudiera contradecir o incomodar al departamento”, añade. “Si eso pasaba con el CSASE, nada me hace pensar que la Agencia irá mejor”, concluye.
Los análisis piden así independencia en las evaluaciones y más estabilidad en las políticas públicas, hasta ahora demasiado variables y pendientes de una inversión que sufre, como el resto de ámbitos y sectores, las derivadas de la realidad económica. Ciertamente, la inversión global ha subido respecto a los recortes de 2010, pero ignora el peso de la inflación. En este sentido, los expertos alertan que otros indicadores importantes, como el porcentaje de inversión sobre el PIB, continúan estancados. Los últimos datos, de 2024, sitúan la inversión educativa sobre el PIB en un 3,8%, por debajo de la media estatal y europea –casi siempre entre el 4,5 y el 5,5%– y muy lejos del 6% que marca la Ley de Educación Catalana. “Hace falta un cambio de mentalidad para que la intervención de la administración deje de ser decimonónica y se adapte a la nueva realidad, pero también debe quedar claro que se pueden hacer cosas mientras no llega este cambio de paradigma”, culmina Francesc Padró.
