Las escuelas e institutos de alta y muy alta complejidad suponen una cuarta parte del sistema educativo del país. En concreto, en Cataluña hay 240 centros de muy alta complejidad y 490 de alta complejidad, lo que representa un 24% del total de escuelas e institutos públicos del país. Se consideran centros de alta y muy alta complejidad -dependiendo de las casuísticas de cada centro- porque concentran altas proporciones de alumnos con necesidades sociales específicas y dificultades de aprendizaje. El último estudio de la Fundació Bofill, presentado este martes por la mañana a partir de una encuesta a 852 docentes de diversos centros de estas características, revela que la «inestabilidad» de los claustros tambalea los proyectos educativos de las escuelas e institutos, lo que repercute en los alumnos de estos centros: «La inestabilidad de los claustros de los centros más complejos dificulta la consolidación de sus proyectos educativos, la cohesión docente y el establecimiento de referentes para la mejora educativa«, argumentan desde la entidad de pedagogos en su estudio, firmado por los investigadores Antoni Verger, Gerard Ferrer-Esteban, Edgar Quilabert, Mauro C. Moschetti y Antonina Levatino.
Según los datos del Departamento de Educación, encabezado por la consejera Esther Niubó, en el período entre el año 2018 y el 2023 se ha sustituido más de la mitad de los docentes -un 53%, concretamente- que trabajaban en estos centros de máxima complejidad, lo que supera los cambios en las plantillas de los centros educativos sin estas casuísticas especiales, donde los cambios de los claustros se han cifrado en un 50%. Aunque la variación de los docentes en el sistema educativo es bastante similar, desde la Fundació Bofill denuncian que estos cambios perjudican «especialmente al alumnado en centros vulnerables, con más necesidad de vínculo, profesionales de referencia y apoyos estables». Estas variaciones, pues, tambalean «los proyectos educativos» y no contribuyen a «fomentar la cohesión docente y asegurar la mejora de los aprendizajes y el vínculo con la escuela y los estudios».
Es importante tener en cuenta, sin embargo, que los datos facilitados por la cartera de enseñanza muestran que en este período de cinco años se ha incrementado notablemente la inestabilidad de los claustros de las escuelas e institutos. En detalle, en el año 2019, en los centros de máxima complejidad variaba la plantilla un 26%, mientras que en el año 2023 la cifra se elevó hasta el 53,3%. Esta movilidad docente de los claustros se debe, principalmente, al elevado número de personal interino que existía en el sistema educativo, el cual se estabilizó a través del macroproceso que impulsó el anterior responsable de la cartera. Ahora, sin embargo, se abre un nuevo concurso de traslados, el cual también tendrá un impacto en el sector: «Creemos que con el concurso de traslados habrá mucha movilidad, pero también que se crearán las condiciones para garantizar más estabilidad en los próximos años», argumenta el investigador del estudio Antoni Verger.
La influencia de la «matrícula viva»
Desde la Fundació Bofill también argumentan que las problemáticas que golpean estos centros de mayor complejidad se agravan con la entrada de nuevos estudiantes a través del mecanismo conocido como «matrícula viva». Es decir, el proceso por el cual se puede acceder a una plaza después del período de preinscripción. Según los datos que presentó la titular de la cartera en la última comisión parlamentaria de Educación, durante este curso -el cual está a punto de terminar- se han incorporado 74.328 alumnos al sistema educativo después de finalizar el proceso de preinscripción, cifra que se traduce en la llegada de 9.000 alumnos cada mes a las escuelas e institutos del país. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que parte de estos alumnos que se registran como matrícula viva ya formaban parte del sistema, ya que estaban inscritos en algún otro centro. Es decir, si una persona está inscrita en un centro de Barcelona, pero a mitad de curso cambia a uno de Terrassa, por ejemplo, este se contabiliza como matrícula viva: «La matrícula viva no es un problema de por sí. Es un problema cuando las concentras en unos centros determinados [en referencia a las escuelas e institutos de mayor complejidad]», argumenta el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, que recuerda que buena parte de estos alumnos se incorporan en centros que «ya escolarizan a los porcentajes de alumnos vulnerables».
Estos condicionantes acaban viéndose repercutidos, según los datos de la encuesta de la entidad pedagógica, en los resultados educativos de los alumnos: «Conseguir los resultados es una hazaña cuando no hay las políticas que lo acompañan», apunta Palacín, que reclama más recursos y más ayudas por parte de la consejería de Educación, en manos de la consejera Esther Niubó. De hecho, el director de la Bofill remarca que los resultados en estos centros de mayor complejidad son mucho más bajos que en las «escuelas mixtas», donde hay todo tipo de alumnado. Ahora bien, los mismos centros remarcan en la encuesta que los resultados de los alumnos no son la única manera de valorar el trabajo que se hace en esta tipología de escuelas e institutos. En detalle, el 85% del profesorado cree injusto valorar un centro basándose en los resultados de las pruebas y el 70% considera que no ofrecen una imagen fiel del trabajo docente.
«Repensar» las competencias básicas
En líneas generales, el estudio de la Fundació Bofill plantea siete ejes de trabajo para paliar las carencias de los centros de mayor complejidad del sistema educativo. Estas propuestas van desde la reducción de la carga lectiva y de horario de docencia o el incremento del personal administrativo, hasta los incentivos de formación y reconocimiento profesional, la participación en redes de aprendizaje e intercambio de experiencias, el apoyo de inspección educativa, así como la distribución de recursos en función de las necesidades de los centros. En esta línea, teniendo en cuenta que los resultados de los estudiantes en las pruebas diagnósticas y de competencias básicas son una de las preocupaciones de estos centros, desde la entidad de pedagogos también apuntan que la administración catalana debería «repensarlas» para mejorar su utilidad y potenciar las evaluaciones durante las etapas educativas, no al final de etapa -momento en que se hacen las competencias básicas. De hecho, los autores del informe apuntan que, después de hablar con los docentes, han comprobado que los centros no tienen clara la finalidad de estas pruebas, ya que no saben si «son maneras de analizar los centros» o maneras de hacer un diagnóstico del sistema educativo.
Según los datos de la encuesta, «la mitad de centros [encuestados] de Cataluña sienten un nivel alto de presión por obtener buenos resultados en las competencias básicas». En detalle, el 55% de las direcciones y el 45% de los docentes sienten un elevado nivel de presión por obtener buenos resultados en las pruebas de competencias básicas. Aparte, los datos también muestran que el 80% de los docentes encuestados sienten que esta presión está impuesta, por una parte, por los equipos directivos, pero, por otra parte, también es «autoimpuesta». Es por este motivo, pues, que desde la Fundació Bofill consideran que la consejería debería reformular el modelo de evaluaciones diagnósticas. Desde la entidad remarcan que las propuestas que han elaborado «tienen la voluntad de ser transversales», que interpelan «a los administradores» del sistema educativo, desde la consejería hasta el servicio de inspección. «Entender cómo confrontan [los centros de mayor complejidad] la mejora educativa del alumnado en un marco creciente de autonomía, rendición de cuentas y presión por los resultados es vital para identificar políticas de apoyo prioritarias en contextos de mayor vulnerabilidad social», concluyen los investigadores.
