Los polémicos cambios que ha anunciado la consejería de Educación, en manos de la consejera Esther Niubó, en el currículo de bachillerato han desatado la primera crisis en la enseñanza de la legislatura. Desde el 16 de diciembre de 2024, momento en que Niubó compareció para anunciar una serie de cambios en la secundaria postobligatoria, los docentes han unido fuerzas para protestar contra las nuevas directrices. El principal punto de conflicto es en la fusión de materias científicas que planteaba la consejería -y que meses más tarde ha acabado confirmando-, ya que consideran que agrupando física y química en una sola asignatura, y geología, biología y ciencias ambientales en otra, se acabarían perdiendo horas de ciencias en bachillerato. Las reclamaciones de la comunidad docente y científica han contribuido también al conflicto con la consejería que, a medida que pasaban los meses, iba escalando progresivamente.
Para continuar mostrando su indignación con el Departamento de Educación, los docentes han amenazado con no corregir las pruebas de acceso a la universidad (PAU), que se celebran los próximos 11, 12 y 13 de junio en Cataluña. Se trata de una protesta «simbólica» impulsada por la plataforma Ciències en Perill para demostrar su «rechazo» a los cambios impulsados por la consejera Esther Niubó: «No propusimos la acción con el objetivo de sabotear la selectividad, sino como una acción simbólica para no colaborar con un gobierno que menosprecia la enseñanza de las ciencias fusionando las materias de modalidad del bachillerato científico, a pesar de haber estado separadas durante 20 años», argumentan desde Ciències en Perill en conversación con El Món.
Casi 300 profesores se niegan a corregir pruebas de la selectividad
Aunque se trata de un trabajo voluntario que realizan los profesores, desde la plataforma impulsora aseguran que «288 personas» han renunciado a participar en las correcciones de los exámenes, lo cual consideran un «porcentaje significativo» en comparación al número de correctores que se requieren para las pruebas de acceso a la universidad, cifra que oscila entre los 500 y 600 correctores: «De hecho, la semana pasada se enviaron mensajes [desde el organismo que se encarga de la organización de las pruebas] a personas que estaban en lista de espera para cubrir estas vacantes, lo que confirma que el impacto ha sido real«, afirman.
Ahora bien, aunque la presión de los docentes contra los cambios en la secundaria postobligatoria amenazaba con alterar la normalidad de la selectividad, desde la consejería de Investigación y Universidad, dirigida por Núria Montserrat, aseguran que solo les constan ocho renuncias que hayan explicitado que no quieren corregir las PAU como señal de protesta. Según las cifras facilitadas por este departamento, cada año unos 300 profesores acaban declinando esta tarea, que es voluntaria, por diversos motivos. «Los tribunales ya están constituidos y, por tanto, están preparados para acompañar a los estudiantes en sus pruebas», recalca la titular de la cartera, que asegura que este año habrá 2.400 docentes para la vigilancia y la corrección de las PAU.
Protesta simbólica, sin intención de poner en riesgo las pruebas
Que los tribunales de corrección se hayan podido configurar con normalidad, sin embargo, no va en contra de los objetivos de la plataforma que ha impulsado la protesta «simbólica»: «Éramos conscientes de que no paralizaría las pruebas, ya que cuentan con el personal de universidades, pero sí que queríamos dejar constancia de nuestro malestar. Nuestra intención no era perjudicar ni las pruebas ni al alumnado que esperamos que, efectivamente, se desarrollen con total normalidad«, defienden desde Ciències en Perill.
Renegociar con Madrid
Los polémicos cambios en el currículo de bachillerato impulsados por Esther Niubó llegan en respuesta a un requerimiento que el Ministerio de Educación, encabezado por Pilar Alegría, hizo llegar a la Generalitat el pasado 10 de septiembre, momento en que la consejería ya estaba en manos del PSC. En este documento, el gobierno español recriminaba al catalán que el currículo de bachillerato no respetaba las competencias atribuidas al Estado, motivo por el cual exigían al ejecutivo de Salvador Illa que lo adecuara a las directrices de la ley estatal LOMLOE -conocida popularmente como ley Celaá-, aprobada el 19 de noviembre de 2020 en el Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, las dos formaciones que la impulsaron, el apoyo de ERC y la abstención de Junts.
Uno de los aspectos que forzaba el requerimiento era unificar las materias de ciencias, tal como se hace en las otras autonomías, alegando que de esta manera queda garantizada la movilidad de los estudiantes catalanes en todo el estado. Ahora bien, el requerimiento también exigía que se relegaran las asignaturas de literatura, tanto catalana como castellana, a optativas -como también se hace en las otras autonomías-, pero la consejería de Niubó marcó estos cambios como una «línea roja», motivo por el cual se mantendrá como asignatura de modalidad.
Desde la plataforma Ciències en Perill han iniciado la protesta simbólica de estos días, entre otras razones, para exigir que el Gobierno renegocie con Madrid la fusión de las ciencias, tal como ya hizo con las literaturas para mantenerlas como materias de modalidad: «Solo tiene que negociar en Madrid continuar con las ciencias separadas, como ha hecho con las literaturas en segundo de bachillerato», subrayan desde la plataforma impulsora de la protesta. Sea como sea, la consejería de Educación mantendrá su propuesta de currículo para la secundaria obligatoria, con las ciencias fusionadas, y las pruebas de acceso a la universidad se llevarán a cabo con total normalidad. Los docentes afectados por los cambios de la consejería, sin embargo, ya han dejado clara su postura. Y lo seguirán haciendo hasta ser escuchados.
