Aún faltan nueve meses para que los estudiantes de segundo de bachillerato y los alumnos que hayan finalizado un ciclo medio de formación profesional se enfrenten a las pruebas de acceso a la universidad (PAU), pero la selectividad ya vuelve a centrar el debate educativo. Este año, el Ministerio de Educación, en manos de la ministra Pilar Alegría, pondrá en marcha el nuevo modelo de las PAU para todas las comunidades autónomas. La escasa información sobre los nuevos exámenes de la selectividad, sin embargo, ha puesto en pie de guerra a los estudiantes, que salieron a la calle el pasado viernes 11 de octubre para reclamar que se haga público el nuevo modelo de las pruebas. Una concentración organizada por el Sindicato de Estudiantes que llenó de alumnos afectados por el cambio de funcionamiento de las pruebas las principales ciudades españolas.
Como respuesta, el ministerio y el Departamento de Universidades e Investigación, encabezado por la consejera Núria Montserrat, se han comprometido a hacer públicos los modelos de examen -uno por cada asignatura- antes de que termine el mes de octubre. De hecho, el martes la consejería ya presentó el formato de la prueba de lengua y culturas latinas, y a lo largo de la semana ha ido presentando otros exámenes, como el de inglés o el de alemán. El compromiso de la administración, sin embargo, no ha calmado el malestar de los estudiantes afectados: «Hemos salido a las calles para gritar alto y claro que no jugarán con nuestro futuro. Queremos los modelos de la selectividad ya», exclaman desde la organización sindical en una publicación en sus redes sociales.
Más de dos años de tira y afloja político
El debate sobre la implementación de las nuevas pruebas de la selectividad se remonta al año 2022, momento en que el gobierno español presidido por Pedro Sánchez puso sobre la mesa la idea de unificar los criterios de las pruebas de acceso a la universidad para crear unas «centralizadas». Concretamente, en junio de 2022, Pilar Alegría, como responsable del ministerio de Educación, lanzó la bomba al anunciar una selectividad con contenidos «homogeneizados» en una atención a los medios de comunicación desde Jerez de la Frontera. Este anuncio provocó inmediatamente un nuevo conflicto entre la entonces titular de la cartera de Universidades Gemma Geis -como representante de la Generalitat- y el gobierno español: «Desde Madrid no entienden ni pueden tomar decisiones sobre el sistema universitario de Cataluña. Se debe hacer todo desde la proximidad», aseveró la entonces consejera -que abandonó el cargo cuando Junts salió del ejecutivo del expresidente Pere Aragonès- en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Este conflicto político entre Cataluña y la Moncloa también se reprodujo en otras comunidades autónomas, que de entrada se opusieron firmemente a la «homogeneización» de las pruebas de acceso a la universidad, ya que esto les suponía perder competencias a la hora de decidir el funcionamiento de los exámenes. De hecho, este fue el principal motivo por el cual, de entrada, la propuesta de una selectividad centralizada no se vio con buenos ojos: «Todo lo que sea homogeneizar es centralizar y, por tanto, perder autonomía. Es evidente que no podemos estar de acuerdo», detallaba la portavoz del sindicato mayoritario en educación USTEC, Iolanda Segura, en declaraciones a El Món. No todas las voces, sin embargo, se mostraron contrarias y las negociaciones entre comunidades continuaron. El objetivo del ministerio era implementar en todas las comunidades el nuevo modelo de las PAU para el 2024, y terminar de instaurarlo definitivamente en el curso 2026/27. En la última reunión de 2022 de la Comisión de Ordenación Académica, la mayoría de comunidades trasladaron a Pilar Alegría que el plazo para implementar totalmente el nuevo modelo era «demasiado ajustado», motivo por el cual el gobierno español optó por prorrogarlo un año más. Las negociaciones entre administraciones, sin embargo, continuaron.
La inestabilidad política obliga a retrasar las nuevas PAU
El pasado 14 de marzo de 2023, la nueva selectividad comenzó a dar sus primeros pasos, ya que seis centros educativos catalanes formaron parte de la prueba piloto –promovida por el ministerio, y supervisada por la consejería de Educación, entonces en manos de Josep González Cambray– de las nuevas PAU. Desde la consejería defendían que estas nuevas pruebas iban «en la línea de la tradición de competencialidad que hay en Cataluña» en el bachillerato y en la misma selectividad, por lo cual la estructura del examen era muy similar a la que ya se implementaba. Es decir, que el cambio no tendría mucho impacto en el alumnado. Parecía, pues, que el nuevo modelo de las PAU comenzaría a instaurarse en todo el Estado en junio de 2024. La inestabilidad política, sin embargo, obligó a reformular los calendarios.
El 29 de mayo, Pedro Sánchez convocó a la población a las urnas, para el 23 de julio. Un hecho que dio un vuelco a la planificación política del gobierno español, el cual optó por dejar en un cajón el real decreto para regular el nuevo modelo de selectividad tras haber recibido varios informes y haber constatado que era mejor esperar a tener el gobierno estable. Hasta que Sánchez no fue reelegido presidente, las nuevas PAU quedaron pausadas. Ya en este 2024, el 11 de junio, casi un año después de legislatura, el Consejo de Ministros aprobó definitivamente el nuevo formato de las pruebas -el cual también avaló al día siguiente la conferencia de rectores de las universidades españolas (CRUE), quienes habían presentado varias consideraciones sobre el nuevo modelo durante el transcurso de las negociaciones. Así pues, con un año de retraso, el nuevo modelo de las PAU comenzará a implementarse este 2025, en las pruebas que se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de junio.
El funcionamiento de la nueva selectividad
Este año, los miles de estudiantes catalanes que se presenten a las pruebas de acceso a la universidad lo harán con el nuevo modelo, que, además de unificar el funcionamiento de las preguntas, también unifica los criterios de corrección y puntuación. Una de las principales novedades de la nueva selectividad es que se llevará a cabo «un único modelo de examen por cada materia» con preguntas más «abiertas», a diferencia de las pruebas que se hacían hasta ahora, donde se ofrecían dos modelos en cada examen para que los alumnos pudieran elegir qué opción preferían. Ahora bien, aunque solo se ofrecerá un solo modelo de examen por materia, los alumnos sí podrán elegir qué preguntas quieren responder. Desde el ministerio, sin embargo, han querido dejar muy claro que, independientemente de la opción elegida, el volumen competencial evaluado es el mismo.
En cuanto a los criterios de corrección, los examinadores deberán adecuarse a los siguientes parámetros: «La adecuación a los elementos solicitados en el enunciado, la coherencia, la cohesión, la corrección léxica, gramatical y ortográfica de los textos producidos y presentados», han dejado claro desde el ministerio. En caso de que no se efectúe correctamente algunos de los parámetros de “coherencia”, “cohesión” o errores ortográficos, la penalización no podrá ser inferior a un 10% del valor de la pregunta. Es decir, en otras palabras, que una respuesta con una falta de ortografía penalizará un 10% del ejercicio -por tanto, a las 10 faltas, el ejercicio queda suspendido. Aunque el gobierno español ha anunciado estas cuestiones sobre el nuevo formato de la selectividad, los estudiantes que se enfrentarán a las pruebas el mes de junio del próximo año reclaman «más información» sobre el funcionamiento, el temario y el formato del nuevo modelo. Una reclamación que Pilar Alegría asegura que «comprende», pero recuerda que «en otros años llegaban [los modelos de examen] en enero o febrero». Independientemente de las palabras de la administración, sin embargo, la nueva selectividad ha vuelto a poner a los estudiantes en pie de guerra.
