El acuerdo firmado por el Departamento de Educación y los sindicatos UGT y CCOO ha abierto una brecha con el resto de agrupaciones, que ven el documento insuficiente y con un trasfondo político. El Gobierno y los dos sindicatos firmantes mantienen que se ha agotado el margen de maniobra actual, pero la USTEC, la CGT, Profesores de Secundaria y la Intersindical lo han rechazado. A pesar de todo, UGT y CCOO insisten en que este acuerdo es el inicio de un “nuevo camino” negociador tras 25 años de bloqueo. Este es, de hecho, uno de los principales argumentos a favor del polémico pacto firmado el lunes. El mismo documento cita las mesas de seguimiento como espacios de revisión salarial y añade, en una disposición final, que la estructura del acuerdo podría cambiar si Cataluña desbloquea la reforma de la financiación pactada con la Moncloa.
“Si durante la vigencia de este acuerdo se produce una mejora de la financiación autonómica a nivel de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno se compromete a convocar la Comisión de Despliegue y Seguimiento con la finalidad de analizar la posibilidad de actualizar el régimen retributivo a partir de enero de 2028”, apunta esta disposición. La secretaria general de educación de UGT, Lorena Martínez, ve este compromiso como un “valor añadido” del acuerdo. “Quiere decir que el incremento salarial no se detiene aquí, que continuaremos negociando cuando Cataluña tenga más dinero”, destaca en una conversación con El Món.
El optimismo varía según la región. Esta disposición final no ha removido nada entre los sindicatos que discrepan del acuerdo, que ven este último compromiso como una “excusa” o incluso un “chantaje” a otras fuerzas políticas. La representante de USTEC, Iolanda Segura, asegura que la mejora de la financiación catalana nunca ha sido un elemento que se pusiera en la mesa negociadora e imagina que se ha incorporado fruto de “conversaciones paralelas” con la UGT. Segura añade que este compromiso “no es traducible en una medida tangible” a corto plazo y reclama mejoras “inmediatas” que no dependan de otros compromisos políticos. En este sentido, uno de los argumentos de UGT y CCOO es que los acuerdos ya firmados –con un impacto de 1.257 millones– no están sujetos a la aprobación de ningún acuerdo político de gran magnitud, como puede ser el presupuesto o la misma financiación.
La Intersindical Educación tampoco ve que la disposición aporte seguridad a la negociación. El secretario general, Marc Martorell, cree que citar una posible mejora de la financiación es “ponerse la venda antes de la herida” y pone el acento en la negativa expresada por los docentes en la consulta que han iniciado conjuntamente con la USTEC. Desde la CGT también describen la disposición como “una excusa más” del Gobierno para no incrementar su oferta salarial. “Nos dicen que no hay más dinero, pero mientras tanto nos llega que pondrán 390 millones de euros de aquí al 2030 en la concertada. También hay dinero para ampliar el aeropuerto o el convenio de los Mossos”, se queja Laura Gené.
El Gobierno desvincula el acuerdo de los presupuestos
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el acuerdo se puede cumplir sin presupuestos nuevos. «Se cumplirá, es nuestra palabra, pero también les repito la necesidad de que el país tenga presupuestos», ha dicho al respecto el consejero de presidencia, Albert Dalmau, dirigiéndose a la oposición. Una posibilidad que ningún sindicato niega. “Cuando quieren, bien que pactan desviaciones de crédito”, concluye Segura. Este mecanismo –que se debe aprobar caso por caso con los grupos– permite a los gobiernos mover partidas económicas de una cartera a otra cuando no hay presupuestos aprobados. El secretario general de la federación de educación de CCOO, Eduard Núñez, insiste también en esta fórmula. “Si hay presupuestos será más fácil cumplir el acuerdo, pero si no hay mecanismos”, detalla el líder sindical.
Los impulsores del pacto insisten en la posibilidad de sumar al resto de sindicatos, que por ahora rechazan el acuerdo y plantean una nueva fase. Pero USTEC, que asume que Educación se distanciará, fija la mirada en los grupos de la oposición para hacer presión. Los representantes sindicales mantienen que el margen es amplio y piden invertir el equivalente al 6% del PIB catalán, tal como recoge la Ley de Educación de Cataluña (LEC) aprobada en el año 2029. Y con las relaciones con el Departamento tocadas, desplazan la energía al Parlamento para que presione desde la oposición.
La firma del acuerdo ha destapado la distancia entre los sindicatos que forman parte de la mesa negociadora. “Tanto la administración como ellos nos han dejado fuera de forma deliberada y solo respondiendo a intereses políticos”, ha remarcado estos días Segura. En declaraciones a El Món, la líder sindical insiste en que el Gobierno “ha utilizado las negociaciones y el acuerdo para presionar al resto de partidos políticos”. “La administración ha querido romper la unidad sindical. Sabían que los docentes hubieran rechazado el acuerdo en una consulta, con lo que eso implica políticamente, y han querido correr para tener una foto positiva”, sentencia.
