El Departamento de Educación ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que levante las medidas cautelares impuestas por el tribunal que impiden retirar el concierto a las diez escuelas concertadas catalanas que todavía segregan por sexo. “Es nuestro deber. No queremos escuelas en blanco y negro financiadas con el dinero de todos”, dijo hace unas semanas el consejero de Educación, Josep González-Cambray. La Generalitat ha presentado los escritos correspondientes para pedir la revocación de la medida, que permitió a los centros mantener las subvenciones públicas.
La consellería considera que el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la disposición adicional de la Ley Celáa, que prohíbe sufragar con fondos públicos las escuelas que segregan por sexo, hace innecesario mantener las medidas cautelares. En 2021, Educación retiró el concierto de la ESO a una decena de centros que mantenían la escolarización diferenciada por sexo amparándose en la nueva legislación estatal, aprobada un año antes.
Un recurso de dos escuelas congela la retirada de los conciertos
Entonces, dos escuelas recurrieron la decisión y el TSJC acordó dejar en suspenso la retirada del concierto a los diez centros gestionados por el Opus Dei, ocho de los cuales habían aceptado dejar de segregar por sexo para no perder el concierto, pero que ante la decisión del tribunal se acogieron a las cautelares. La sentencia del TC establece que la Constitución defiende un “modelo educativo pluralista”, pero matiza que “no todos los modelos educativos tienen que recibir ayudas ni tienen que tener un derecho subjetivo en la prestación pública”.
Una vez el TC ha validado la disposición adicional de la Ley Celáa, el Gobierno catalán considera que no hay motivos para mantener los conciertos. «No queremos destinar ni un euro público en los centros educativos que separan niños y niñas en las aulas», insistió Cambray. «Esto se ha acabado ahora que el TC ha avalado que Educación puede decidir no dedicar dinero público a los centros que segregan».
