Nueva sesión de la comisión de investigación en el Parlamento sobre el escándalo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Esta mañana, ha sido un primer turno de representantes de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia, conocidos como EAIA, es decir, los grupos encargados de detectar situaciones de desamparo en todo el país que se distribuyen en municipios o consejos comarcales. En total, hay 57 en toda Cataluña. De hecho, se les puede definir como la infantería de la protección social de los niños porque es el primer escalón de la detección y la actuación. En segundo término, representantes de fundaciones y ONG de protección a la infancia que, sobre todo, han analizado el fenómeno de la pobreza, la violencia y el desamparo y que han reclamado poner en marcha un «sistema público de servicios sociales» siguiendo el modelo de Salud Pública.
La comparecencia de los representantes de los EAIA de L’Hospitalet de Llobregat y del Empordà era especialmente esperada por parte de los portavoces con el entendido de que son el primer piso de la estructura de protección social de los niños desamparados. De hecho, son organismos de competencia delegada de la Generalitat con financiación de los entes territoriales encargados de recibir los casos en situación de desamparo o en riesgo de estarlo que detectan los servicios sociales básicos como la escuela o la sanidad pública, los tribunales, la policía o la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. Casos de los cuales realizan el diagnóstico, la valoración del niño y su entorno, y proponen un plan de actuación individualizado.
La comparecencia, además, servía para poder comparar dos situaciones concretas de duras realidades diferentes. Por un lado, L’Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad de Cataluña con una alta densidad de población; y por otro, el Empordà, que si bien tiene una situación muy diferente de población, sí que hay que tener presente su situación de frontera administrativa con el Estado francés. Sea como sea, representantes de los dos EAIA coincidieron en la evaluación de los problemas, como el desbordamiento de ratios, la «poca transparencia» del departamento, la falta de recursos, «poco reconocimiento social y económico a los profesionales» y un «liderazgo poco claro». A pesar de ello, han mostrado su confianza en que la reforma de la DGAIA permita corregir algunos de los problemas endémicos de la gestión y la saturación que padecen.
Problemas que se arrastran desde hace años
En todo caso, tanto Carme Fernández como Daniel Cañero, del EAIA de L’Hospitalet, como Patrícia Bertran y Ester Pujol, del EAIA Empordà, han reivindicado su papel como elementos «nucleares» del sistema de protección de los niños. En este sentido, recuerdan que son los EAIA los que hacen la «mayoría de propuestas de desamparo» con el objetivo de su reintegración familiar. Ahora bien, es una tarea que tropieza con obstáculos históricos.
Para Fernández, «la financiación no cubre el costo ni los salarios» de los profesionales, porque al ser una competencia delegada queda en manos de las entidades municipales su administración y depende de su situación política. Un hecho que, a su parecer, «genera diferencias notables en la prestación del servicio» depende de la entidad que se lleve a cabo. Además, este esquema de doble administración conlleva «problemas de coordinación» y enfatizan que la actual Dirección General de Prevención y Atención a la Infancia y Adolescencia «no responde de manera estandarizada» y que «los documentos metodológicos no son lo suficientemente precisos operativamente».
Por otra parte, Cañero ha apuntado que ahora hay más situación de desamparo porque se ha puesto el foco en la prevención y la detección. Bertran y Pujol también han subrayado la superación de las ratios de un profesional para 40 niños, unos niveles superados con creces. Un dato que impide muchas veces dar la respuesta que corresponde. De hecho, uno de los problemas que han denunciado es la falta de transparencia del departamento sobre los datos que determinan la ratio y los recursos para cada territorio. Por eso, además de más recursos reclaman un cambio legislativo porque trabajan con una carta de servicios del año 2011.
