«Llegará un día en que los escritos de Vox en los juzgados serán estudiados por su, digamos, originalidad». Así lo describe un veterano funcionario judicial, tras comprobar la última petición presentada por la formación de Santiago Abascal en el Tribunal Supremo a raíz del retorno del presidente Carles Puigdemont al exilio, el pasado ocho de agosto, después de entrar en Cataluña, llegar al Arco de Triunfo, dar un mitin y dejar a la policía con un palmo de narices. Un escrito, con el que el partido de extrema derecha no solo pide ampliar los informes policiales tanto de los Mossos d’Esquadra como del Ministerio del Interior para intentar dirimir supuestas responsabilidades en la detención fallida, sino que denuncia a la policía de la Generalitat por investigar el «terrorismo blanco».
El escrito, de diez páginas y al cual ha tenido acceso El Món, analiza los atestados presentados tanto por los Mossos como por el Ministerio del Interior sobre las actuaciones de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. «Los dos informes presentados pretenden sustituir un análisis independiente, además de ser evidentemente insuficientes las explicaciones sobre los detalles de los operativos montados para la detención de Puigdemont», asegura el escrito, que carga con dureza contra los tres cuerpos policiales por lo que consideran una «dejación de actividad obligada» que «da una apariencia de efectividad que ni ha sido suficientemente explicada ni suficientemente eficaz». Por ello, Vox solicita deducir un testimonio de particulares para investigar con más «profundidad» la actitud de los cuerpos policiales.
Indignados por el «nacionalismo blanco»
Uno de los puntos más sorprendentes del escrito es su valoración de la referencia de los Mossos a las amenazas que podían complicar la jornada del 8 de agosto. Así, al principio del escrito se hace referencia al análisis de riesgo que realizó la policía de la Generalitat, que Vox describe como el cuerpo que tiene la «responsabilidad de dar cumplimiento y ejecutar órdenes judiciales» en Cataluña. En este apartado, destacan que «se analiza el riesgo del terrorismo blanco con un nivel moderado». Una reflexión que los Mossos aportaron al informe atendiendo a la evaluación del contexto que había hecho la Unidad Central de Análisis y Elaboración de Inteligencia Estratégica de la Comisaría General de la Comisaría General de Información.
Este análisis indigna a los servicios jurídicos del partido ultraespañolista. «Ya, en sí misma, la utilización y calificación de terrorismo nacionalista blanco, vinculado a períodos históricos de represión en muchos países, resulta un sesgo ideológico incompatible con lo que debería ser un informe de riesgo y estrategia policial como el solicitado por el Tribunal Supremo», reprochan en el escrito. De esta manera, creen que el atestado presentado al juez instructor del Proceso, el magistrado Pablo Llarena, «debería estar únicamente centrado en la seguridad de los ciudadanos y en dar cumplimiento a los mandatos legales y judiciales».
En cambio, no dicen nada de la amenaza yihadista que sopesaba el mismo atestado policial para justificar el despliegue de efectivos de aquel día. Este aspecto del informe de los Mossos no les molesta, solo critican el análisis sobre el terrorismo blanco y su «sesgo ideológico». Y este es el argumento que aportan para justificar la petición de ampliación de las pesquisas para encontrar a los responsables del dispositivo por su «inoperatividad en un caso tan trascendente como la detención de Puigdemont». De hecho, consideran que las explicaciones dadas y las comparaciones de riesgos con el «nacionalismo blanco» no son «suficientes para explicar su actuación y además [los Mossos] reconocen de forma explícita la falta de previsión, la falta de operatividad e incluso actividad», algo que según Vox podría «derivar en responsabilidad penal».
