La vigésimo segunda jornada del juicio contra los Pujol Ferrusola también comenzó con un percance técnico. La emisión del canal de la vista oral no funcionaba hasta que los técnicos de la Audiencia Nacional, con su habitual destreza, pudieron resolverlo media hora más tarde. Este martes, el primero en subir al estrado fue uno de los miembros de la UDEF, el 116.869, que se dedicó en cuerpo y alma a revisar las cuentas de la familia del expresidente en Andorra. La curiosidad de su testimonio fue que pudieron controlar las cuentas porque se «acogieron a la amnistía fiscal». Es decir, porque las declararon.

Ahora bien, el protagonismo se lo llevó el segundo testigo que las acusaciones esperaban frotándose las manos para desmontar el relato de las defensas de la capacidad comercial internacional de Jordi Pujol Ferrusola. Pero de tanto frotarse se quemaron. En el estrado se sentó José Herrero Egaña y López de Hierro, el presidente de IBADESA EXPORTACIONES Y SERVICIOS, una de las sociedades líderes en buscar financiación para proyectos en vía de desarrollo. IBADESA tuvo una filial catalana, de la cual era apoderado Jordi Puig y con la que hicieron negocios con propuestas de proyectos del primogénito del expresidente.

Como en Canarias y Andalucía

Herrero Egaña, con un porte que no sería precisamente el del secretario general del Partido Comunista de Fuenlabrada, describió con plasticidad las relaciones comerciales que mantenía con Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano del exconsejero Felip Puig. Herrero Egaña, precisamente, fue uno de los acusados en el caso Mercasa que se terminó de juzgar el mes de febrero, y del cual salió muy bien parado. De hecho, Herrero es hijo del impulsor de la empresa pública Fomento del Comercio Exterior, creada para fomentar la exportación de empresas españolas.

El interrogatorio ya se veía que no sería fácil por la manera en que el fiscal Fernando Bermejo formulaba las preguntas. El primer aviso fue cuando el fiscal le preguntaba al testigo si era cónsul honorario de dos estados. Al dar las explicaciones, lo interrumpió, y al repreguntar, el testigo le replicó «¡me pregunta usted sobre si soy cónsul como si fuera algo malo!». El presidente del Tribunal intervino para apagar la primera chispa. Herrero detalló que la sociedad y los negocios con Puig y Pujol eran replicar lo que Ibadesa ya había hecho en Canarias y Andalucía para buscar inversiones en empresas catalanas.

Como al fiscal no le salían las cosas como quería, subió el tono del trato e insinuó preguntas capciosas seguidas que no permitía responder. El testigo no se amilanó, le pidió calma y le espetó: «¡No sea usted ofensivo!». El presidente del Tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que intervenir ahora sí, apagó el fuego. Pero eso sí, le pidió al testigo que no «recriminara» al fiscal. El testigo levantó las manos y lejos de recular aún contestó con más profesionalidad que las primeras preguntas. De hecho, la presión servía. El fiscal terminó el interrogatorio y continuó la abogacía del Estado que recuperó su tarjeta de presentación «Por la Agencia Tributaria». Los letrados de la Moncloa quizás no calibraron que no se enfrentaban a un autónomo con un pequeño negocio de reparación de neumáticos y pronunció una master class del funcionamiento de las inversiones en el extranjero.

Los abogados del Estado en un momento del juicio de los Pujol de este martes/QS
Los abogados del Estado en un momento del juicio de los Pujol de este martes/QS

Un promotor comercial

Herrero detalló la participación de Jordi Pujol Ferrusola en proyectos e inversión a través de IBADESA. En este sentido, diferenció entre un agente comercial, un director comercial y un promotor comercial. «Pujol era un free-lance, un promotor comercial, que presentan proyectos a diversas empresas, que tanto lo podía ofrecer a IBADESA o a Isolux, o Dragados, que no tenía poderes de ninguna de las empresas a las cuales ofrecía los proyectos», insistió. «Pujol tenía contactos, tenía activos», añadió. «Es el sistema ordinario», sentenció. Otro testigo de las acusaciones que sirvió para justificar la tesis de la defensa, que los negocios de Jordi Pujol eran reales y no ocultaban ninguna conexión con adjudicaciones de las administraciones catalanas.

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