Que delegue el voto. Esta es la respuesta de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la petición del presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, de evitar la coincidencia del juicio por el Primero de Octubre con las sesiones del pleno del Parlamento. El juicio está previsto que empiece el 10 de abril, que coincide con el inicio de la vista oral que se alargará y que, además, coincidía con el primer calendario de la aprobación de la ley de amnistía.
En la interlocutoria de respuesta a la petición de Joven, el TSJC, los magistrados, con Jesús Maria Barrientos al frente, rechazan reprogramar el juicio. Consideran que la condición de parlamentario y la coincidencia de las sesiones de pleno no son suficiente motivo. En este sentido, recomiendan a Jové que apliquen la delegación de voto. Una petición que también formuló el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Ariche, en su escrito de valoración de la petición de Joven. De hecho, Ariche hace un paso más allá y apunta la posibilidad que Jové renuncie al acta de diputado.
Dos derechos que colisionan
En su escrito, Jové alegaba, por un lado, que, como acusado, no renunciaba a ser presente a las sesiones del juicio en que se lo juzgará por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación agraviada. Pero, por la otra banda, también consideraba que tiene que ser a los plenos del Parlamento porque «el derecho de representación política es un derecho fundamental y vulnerarlo supondría una lesión, no solo personal, sino también democrática y política«.
En la petición al TSJC, la defensa de Jové también apuntaba que compaginar los dos derechos era posible fácilmente y que dependía de una cuestión organizativa del tribunal. Jové también recordaba que incluso el reglamento del Parlamento no permite la delegación de voto en un supuesto como este. Un argumento que tanto el ministerio fiscal como los magistrados rechazan. Sea como sea, el TSJC quiere celebrar la vista y más teniendo encima la aprobación de la ley de amnistía. Tanto el presidente del Tribunal, Jesús Maria Barrientos, como el magistrado Carlos Ramos fueron recusados no solo por Jové sino incluso por Vox, acusación popular, por miedo que contamine la causa, como pasó en el caso de la Mesa del Parlamento que presidía Carme Forcadell.
