Sorpresa en la vista oral del Tribunal de Cuentas celebrada esta mañana en Madrid por los gastos del Primero de Octubre. Es el juicio contable contra los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, varios exconsejeros y otros ex altos cargos del Gobierno de 2012 a 2017 por los gastos del 1-O y del Diplocat. La vista, no obstante, ha tenido una testigo inesperada, el de María Luisa Lamela Díaz, Interventora General del Estado, pieza clave en el proceso de reclamación de 3,1 millones de euros por los gastos del Proceso imputadas a la Generalitat y sus organismos.
Lamela es hermana de Carmen Lamela, magistrada actual del Tribunal Supremo y encargada de la instrucción del Proceso cuando estaba en la Audiencia Nacional y que encarceló Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Luisa Lamela, una de las tres testigos de esta mañana, ha admitido los interventores del estado no tenían “capacidad” para controlar todos los pagos de la Generalitat en 2017, aunque el Ministerio de Hacienda dijera lo contrario. Es decir, como dijo el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en sede parlamentaria y desde el estrado como testigo en el juicio del Proceso. Una exposición que ha revolucionado a las defensas, que consideran incomprensible que el Estado, que se vanagloriaba de controlar a la Generalitat, no fiscalizara las fichas de gastos y más respecto a los pagos por partidas políticas.
Según su versión, con la prevención que no recordaba casi nada, ha asegurado que los pagos eran relativamente automáticos si llevaban certificación de la intervención de la Generalitat. En definitiva, ha apuntado que no tenían capacidad para controlar los pagos y que los abonaban en función de los ficheros que les llegaban, «básicamente sueldos y salarios». De hecho, la abogacía del Estado ya se retiró de este procedimiento y entró Sociedad Civil Catalana.
Un caso que tendría que entrar en la amnistía
En esta causa, la fiscalía pide una responsabilidad patrimonial de 3,1 millones de euros a los 35 encausados, unos 336.000 menos de los inicialmente reclamados porque había retirado del cómputo la campaña ‘Civisme’. Por su parte, Sociedad Civil Catalana, también acusación, reclama más de 5 millones de euros tanto por los costes de organizar y celebrar el 1-O como por el gasto de la «política exterior» desplegada por el Gobierno a través del Diplocat durante los años del ‘Proceso’.
Otros encausados relevantes son los ex consejeros Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Clara Ponsatí iy Lluís Puig; exsecretarios generales como Albert Royo, Joaquim Nin, Roger Albinyana o Aleix Villatoro; secretarios de departamentos y delegados de la Generalitat en el extranjero como Amadeu Altafaj, Martí Anglada, Andrew Scott o Josep Suàrez Iborra. Las defensas piden el archivo y ERC pidió la suspensión al entender que entraba dentro de la ley de amnistía pactada entre PSOE, ERC, Sumar, y Junts.
