El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite tres demandas espoleadas por el exvicepresidente del Parlamento y abogado Josep Costa y de y el exsecretario de la Mesa Eusebi Campdepadrós. Las tres con relación a sus tareas como miembros de la cámara catalana e integrantes de la Mesa. Campdepadrós y Costa denunciaron delante el alta instancia judicial europea el Estado español por sus continuas amenazas a la libertad de expresión y opinión, al derecho de reunión y a los derechos de representación política, por las constantes advertencias de las instituciones ejecutivas y jurisdiccionales de emprender acciones penales si tramitaban debates sobre la monarquía o el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Campdepadrós presentó una demanda a nombre suyo, Costa presentó una a nombre suyo y una tercera en nombre de todos los diputados de su grupo de Juntos por Cataluña. El TEDH, a pesar de que las demandas casi se presentaron en 2020, las ha agrupado todas al entender que tenían el mismo objeto y describían los mismos hechos. De hecho, estas demandas fueron en paralelo al juicio por desobediencia a los miembros independentistas de la Mesa que presidía Roger Torrent ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que finalmente los va absolver. Ahora lo TEDH ha comunicado en España la admisión a trámite y los insta a presentar las alegaciones que consideren pertinentes así como a establecer su representante procesal antes del 31 de octubre. Las tres demandas de los independentistas están firmadas por el abogado Gonzalo Boye.
Todos contra el Parlamento
Las demandas firmadas por Costa recordaban que cada vez que la Mesa tramitaba una resolución política para el debate sobre «la actuación del rey de España, sobre la forma monárquica del Estado o sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña» se emitía una amenaza del Estado. Unas advertencias que topan con estas tres cuestiones en cuanto que el mismo TEDH, en el caso Stern Taulats y Roura Capellera, admitió que eran «de interés público». Así, Costa entendía que las prohibiciones del Tribunal Constitucional acompañadas de «la amenaza de acciones penales», la movilización de la Fiscalía General del Estado y los procedimientos instados por el ejecutivo español ante el TC para que dedujera testigo de particulares por no haber ejecutado o sus resoluciones eran una «persistente coacción por parte del Tribunal Constitucional».
Las demandas entienden que el comportamiento de las instituciones del Estado vulnera de pleno los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protegen la libertad de expresión, el derecho de opinión y el derecho de reunión y asociación. Así mismo, se alega la vulneración del artículo 1 del Protocolo número 12 del mismo Convenio, que regula la prohibición de la discriminación. Ahora el Estado español tendrá que presentar sus alegaciones antes del 31 de octubre de 2023 y, una vez se hayan registrado, se dará traslado a los independentistas para que puedan hacer sus observaciones.
