Primera acción judicial penal contra la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). La Asociación Guardianes de la Inocencia, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los derechos de los niños y la lucha contra el abuso infantil, ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción de Barcelona. El escrito se presentó este martes.
La querella, de nueve páginas y a la que ha tenido acceso El Món, lleva la firma del abogado Octavio Candela Palacios, en nombre y representación de Julián Peribañez, representante legal de la asociación, y se dirige contra dos exconsejeros, secretarios generales y responsables del departamento de Derechos Sociales en los últimos años a raíz del caso de una menor de 12 años que, a pesar de estar bajo la tutela de la DGAIA, fue víctima de una red de pediastria. La querella también se presenta por las irregularidades que denunció la Sindicatura de Cuentas y que desde hace meses investiga la Oficina Antifraude.
Así, la querella apunta a los exconsejeros Chackir El Homrani y Violant Cervera, el exsecretario general Josep Ginesta y Ester Baras, y todos aquellos responsables políticos y funcionarios que tuvieran alguna responsabilidad. Los delitos que plantea la querella son los de prevaricación, negligencia y omisión del deber de protección. Todo en el marco de la niña de 12 años víctima de la red, además de las irregularidades en la gestión de prestaciones económicas para jóvenes extutelados por parte del Servicio de Evaluación y Apoyo al Postacogimiento (SEVAP) de Girona.
«Exigimos una investigación exhaustiva»
Julián Peribañez, como representante de la entidad que se ha querellado contra la DGAIA, insiste en que la voluntad es que la justicia «investigue a fondo estos hechos y depure las responsabilidades correspondientes, garantizando la protección de los derechos de los niños bajo tutela». «Es inaceptable que menores bajo la tutela del Estado sean víctimas de abusos y explotación», insiste Peribáñez que lidera esta entidad desde 2024.
«Exigimos una investigación exhaustiva y que se haga justicia para la menor afectada y para todos los niños y niñas que puedan estar en situación de riesgo», ha añadido. Asimismo, insta a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores bajo tutela, así como implementar mecanismos de control y supervisión efectivos para prevenir futuros casos de abuso y negligencia. La querella también reclama diversas pruebas documentales y el testimonio de los auditores de la Sindicatura de Cuentas.
