El presidente en el exilio y eurodiputado, Carles Puigdemont, y el también europarlamentario Toni Comín, ambos de Junts per Catalunya, han reclamado al Comisario de Justicia, Didier Reynders, que investigue sobre el caso del rapero encarcelado Pablo Hasél porque consideran que es «una violación del derecho a la libertad de expresión» de la Constitución española. Lo han hecho coincidiendo con el tercer cumpleaños del encarcelamiento del cantante leridano, que es, según apuntan en un comunicado difundido en la red social X, antes Twitter, «el único músico encarcelado» de toda la Unión Europea.
Los europarlamentarios advierten Bruselas de las «flagrantes y criminales» acusaciones de la justicia española contra el rapero y, en este sentido, han denunciado que en un estado democrático «haya raperos que van a la prisión para criticar el régimen», pero, en cambio, que no se castigue ni se actúe contra «activistas de extrema derecha o partidos como Vox que claramente incitan discursos de odio». Así mismo, recuerdan que muchas personas que salieron a la calle para manifestarse en contra del encarcelamiento de Pablo Hasél «todavía tienen causas abiertas».
Puigdemont y Comín detallan en la carta que han enviado a Didier Reynders que la situación del rapero «sigue siendo la misma» después de su traslado en la prisión de Poniente (Lleida), y, en este sentido, lamentan que el gobierno español no lo haya indultado. Además, denuncian que la criminalización que ha sufrido el cantante también se ha extendido a «todas las personas que le apoyaron públicamente». Para ambos eurodiputados el caso de Pablo Hasél es una muestra que pose en evidencia como la judicatura española usa el Código Penado para «perseguir personas que critican las instituciones del Estado».
La justicia europea avaló la sentencia contra el rapero por enaltecimiento del terrorismo
La justicia europea avaló el noviembre del año pasado la condena a Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias en la Corona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró inadmisible el recurso que la defensa del rapero leridano presentó al considerar que ni la sentencia ni la condena a prisión dictadas fueron “desproporcionadas” y, además, aseguró que las alegaciones que presentó Hasél “no tienen cimientos”. Alejandra Matamoros, la abogada que defiende los intereses de Pablo Hasél, cargó entonces contra el TEDH por el “giro autoritario” y el «cambio de doctrina» que ha mostrado los últimos años.
