La política hace extraños compañeros de viaje, especialmente cuando la gestión de las instituciones se complica con diferentes procesos judiciales, dimisiones, disidencias, investigaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña y denuncias internas de funcionarios. Este es el escenario que vive Sitges desde que, cuatro días después de constituirse los consistorios de este mandato, la policía detuvo a la alcaldesa, Aurora Carbonell (ERC), quien aún debe prestar declaración en sede judicial. Todo ello en un sumario bautizado como el de la Mesa del Tercer Sector de Sitges-Garraf, obstaculizado por un posible defecto de forma en la prórroga de la instrucción y con posibles piezas separadas –como el expediente sobre el régimen de los chiringuitos de playa– debido a la cantidad de información y documentos que confiscaron los agentes del Grupo 32 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, que lleva la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú.
La lentitud del proceso judicial ha generado un ambiente enrarecido en uno de los municipios más turísticos de la costa catalana, con diversas polémicas abiertas. Aun así, la alcaldesa, que solo cuenta con 9 concejales de los 21 del pleno, esta semana ha salvado los muebles con la aprobación de los presupuestos municipales, de 66,2 millones de euros, gracias al apoyo desde la oposición del grupo municipal del PSC, que lidera Luis Miquel García, ahora también presidente del Consejo Comarcal. Una aprobación curiosa, porque la concejala del grupo El Margalló –que formó parte de la coalición electoral de los socialistas y pertenece al mismo grupo municipal– votó en contra. Un panorama al que se llega después de que la fiscalía ya haya registrado un escrito de acusación pidiendo diez meses de prisión contra el exalcalde convergente Miquel Forns y la exconcejala de ERC Carme Almirall por permitir la construcción de un aparcamiento en una zona verde.
Un caso detenido y un posible error procesal
El caso judicial que más afecta al municipio es el caso de la Mesa del Tercer Sector. Una ingente instrucción en la que se ha ampliado en los últimos meses la lista de testigos e investigados que forman o formaban parte del consistorio municipal, tanto con la actual alcaldesa como con el anterior alcalde, como Carme Almirall, de ERC o Rosa Tubau, de Junts. De hecho, la policía aún citaba el año pasado a testigos -políticos y técnicos del Ayuntamiento- en la comisaría de la Verneda de Barcelona para aclarar las densas relaciones entre la Mesa del Tercer Sector y la cantidad de recursos públicos que recibía de la caja municipal.
Pero, por ahora, la investigación sobre el núcleo duro de los imputados está detenida. De hecho, la titular del juzgado suspendió la declaración de Carbonell prevista para el pasado 18 de marzo. Era la tercera vez, el mes de febrero fueron dos veces, que la suspendía porque era necesario «ampliar diligencias». Y aún está pendiente de declaración. De hecho, se practicaron más en el mes de abril, con nuevas citaciones y dos imputaciones más.
Ahora bien, fuentes jurídicas del caso apuntan a El Món que la instructora «no habría prorrogado bien la instrucción» y dos de los imputados presentaron recursos contra la continuidad de la instrucción. Cabe recordar que las instrucciones tienen una duración de seis meses prorrogables y 18 meses en las causas declaradas de «complejidad». En todo caso, la jueza debía pedir a las partes y al ministerio fiscal tres días antes de terminar el plazo su parecer como partes. Si bien la primera prórroga del 10 de enero de 2023 fue correcta y la subsiguiente también, no fue así con la última. Un error procesal en los plazos podría hacer que la investigación tambalease. De hecho, el mismo error que tuvo la Audiencia Nacional con el caso de Tsunami Democràtic que terminó con un archivo.
Recursos pendientes de resolver
En todo caso, cabe remarcar que la jueza hace seis meses que tiene los recursos pendientes de resolver. Por otro lado, debe ordenar otra pieza separada y secreta que se decretó el 23 de junio de 2023 sobre tres atestados de la UDEF. En concreto, el 1212/23, el 1674/23 y el 19017/23. Informes policiales que ya han pasado por las manos del ministerio fiscal y que permitieron la declaración de secreto de las actuaciones. En cambio, la fiscalía no consideró oportuna la intervención de las comunicaciones entre los investigados porque no era una medida proporcionada, por la ingente cantidad de investigados y porque consideró que las pruebas documentales que se habían recogido servían para entender el estado de las cosas y la posible incriminación de los futuros imputados.
Informes que contendrían las investigaciones sobre diferentes puntos de la primera denuncia de irregularidades por parte de la funcionaria que denunció el caso. En concreto «abonos en metálico», «facturas no conformes a la prestación del objeto de la subvención», «contratación de familiares» o incluso la compra de gafas de sol y de bebidas alcohólicas de alto nivel. Uno de estos atestados también hace referencia a las denuncias que se habían interpuesto internamente y que terminaron con una querella criminal de la anterior interventora del Ayuntamiento contra el alcalde y el secretario municipal.
Además, la policía aún está analizando la información que ha hecho llegar la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social de los imputados, sobre todo, de los administradores y gestores de las entidades cooperativas del entorno de la Mesa del Tercer Sector. A priori, según un informe-oficio con número 4995/22 confirmarían «actividades prácticamente nulas» de los investigados que solo se sostendrían con las «prestaciones de servicio adjudicadas por el Ayuntamiento mediante contratos menores y subvenciones» y con «superposición de servicios». De hecho, el Grupo 32 de la UDEF remarca el desorden y el caos administrativo que permitió que todos en el Ayuntamiento pudieran ir contratando y firmando adjudicaciones a la Mesa del Tercer Sector y entidades cercanas, sin una fiscalización ni previa ni posterior.
Un gobierno salvado por el PSC
Con todo este ambiente, el gobierno municipal tenía un serio problema de continuidad, pero una rocambolesca situación política y un nuevo caso judicial han hecho aparecer un nuevo escenario. Por eso hay que remontarse a la constitución del Ayuntamiento, en junio de 2023, cuando en un giro inesperado se desplazó a Junts, liderada por Mònica Gallardo, quien podía ser la alcaldesa al ser la candidata de la fuerza más votada, ante un empate a cuatro concejales de Junts, ERC y el PSC-Margalló. A pesar del acuerdo inicial entre Junts y socialistas -también replicado en el Consejo Comarcal del Garraf- ERC firmó un acuerdo con Sitges Grup Independent (tres concejales), Verds-En Comú Podem (dos), Fets per Sitges (uno) y Guanyem Sitges Amunt (uno) que garantizaba la continuidad de Aurora Carbonell al frente del consistorio. Los republicanos ya habían acordado previamente formar gobierno con Sitges Grup Independent, comunes y Fets –10 concejales en total–, pero les faltaba el voto de Guanyem para asegurarse la mayoría absoluta del pleno, de once concejales. Los anticapitalistas acordaron el apoyo a Carbonell solo para la investidura y no entraron en el gobierno.
Carbonell pudo repetir en la alcaldía, pero la alegría duró poco. La detención de la alcaldesa y otros concejales enturbió la nueva singladura municipal. El concejal de Fets, Ignasi Rubí, salió del gobierno y se quedó en la oposición, de manera que dejó a Carbonell con 9 concejales de los 21 del pleno. El estancamiento judicial se transformó en político, y el PSC, en junio de 2024 propuso a Junts y ERC crear un nuevo gobierno entre los tres partidos. La propuesta no prosperó porque ERC no quería romper la fórmula de gobierno. Pero tres meses después estalló un nuevo caso judicial que volvió a hacer tambalear el gobierno municipal. La fiscalía registró un escrito de acusación con el que pedía 10 meses de prisión, multa de 2.400 euros y 5 años de inhabilitación para el exalcalde Miquel Forns y para Carme Almirall por haber autorizado en 2017 la construcción del aparcamiento de Pins Vens en suelo no urbanizable.
Almirall, de ERC, en 2017 era concejala de Servicios Urbanos, pero en septiembre pasado era concejala de Organización y Recursos Humanos y de Hacienda y Contratación. La imputación tuvo consecuencias: Almirall dimitió como concejala y la alcaldesa tuvo que relevar una concejalía compleja que debía intentar aprobar los presupuestos municipales y los contratos pendientes de limpieza. Carbonell dejó la concejalía a Montserrat García.
El resultado ha sido que el PSC, después de pedir un gobierno con ERC y Junts, el miércoles le aprobó los presupuestos a Carbonell, desde la oposición y con el grupo dividido, ya que la concejala de El Margalló, Elena Alonso, que forma parte de la coalición con la que el PSC se presentó a las elecciones, votó en contra, rompiendo así la disciplina de voto de los socialistas.
La Oficina Antifraude también se une
Por si el escenario no era suficientemente complejo, el concejal de Fets, que salió del gobierno municipal al día siguiente de las primeras detenciones, hizo un anuncio que volvía a ser un torpedo dentro del consistorio. Fets per Sitges anunciaba a bombo y platillo que la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) había admitido a trámite dos denuncias interpuestas el pasado mes de diciembre, sin aclarar sobre qué hechos o actuaciones concretas se referían. Así, anunciaban que la OAC había considerado suficientemente consistentes las denuncias «de irregularidades» sobre dos asuntos que ya ha comenzado a investigar.
El anuncio de las dos denuncias generó sorpresa y tensiones dentro del plenario municipal, que espera saber más detalles de las dos investigaciones. Además, Fets per Sitges, lo anunciaba cargando las tintas contra todos los miembros del gobierno municipal por «falta de transparencia» y «responsabilidad» en la gestión. Dos denuncias que se suman al caso del parking, solo pendiente de juicio, el gran caso de la Mesa del Tercer Sector, las piezas separadas que han surgido y la compleja situación política del consistorio municipal.
