Esta mañana había mambo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Elias Gadea, había citado como investigados a l‘exjutge Fernando Presencia Crespo, Alberto Royuela Fernández, Santiago Royuela Samit, Juan Martínez Grasa, Lidia Reina Calvo, Alejandro Diges Benito y Álvaro Arteaga García. Nombres relacionados con la histórica extrema derecha. Todos tenían que declarar por su relación y con la asociación ACODAP, una entidad que teóricamente recauda fondo para investigar y luchar la corrupción. Pero la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), después de un año de pesquisas, ha convencido al instructor que esta asociación es una estafa, utilizando información falsa sobre altas magistraturas del Estado.
Finalmente, no han comparecido Fernando Presencia Crespo, Lidia Reina Calvo, Alejandro Diges Benito y Álvaro Arteaga García motivo por el que se ha pedido al juez que dicte una orden de investigación detención para su presentación al Juzgado instructor. Sí que han comparecido, pero, Alberto Royuela Fernández, Santiago Royuela Samit y Juan Martínez Grasa. Después de su declaración y una vez se ha celebrado la comparecencia para decidir sobre la situación personal, el ministerio fiscal ha interesado la prisión provisional comunicada y sin fianza de los anteriores. Finalmente, Gadea ha ordenado la detención y puesta a disposición de Presencia y la prisión de los tres que ha pedido el ministerio público.
Una plantilla para acusar a personalidades del Estado
Según una resolución dictada por Gadea el pasado viernes, a la que ha tenido acceso El Mundo, los informes de la UCO acreditan la falsedad de la trama delictiva. El protocolo era fácil: atribuir cuentas corrientes y fondos en el extranjero a diferentes personalidades, muchos magistrados del Tribunal Supremo. El estudio de los metadatos ha permitido comprobar, según el magistrado instructor, que los documentos elaborados de datos de una cuenta corriente, se trata de un documento elaborado íntegramente por unos de los investigados, Alberto Royuela. Además, se puede comprobar, que es el mismo formato de extracto bancario aportado por la entidad Morabanc para otras personas y el mismo formato usado para otras informaciones bancarias otras entidades.
La UCO señala a su informe que el formato es el mismo con independencia de la entidad bancaria que lo emita, sin que en este documento aparezca ni el sello de la entidad ni el correo electrónico, número de teléfono o dirección postal. “El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una “plantilla” o “modelo” en formato “Word” creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas a paraísos fiscales”, indica. En su interlocutoria de prisión dictada hoy, Gadea repite los argumentos y recuerda que la base de todo era presentar «denuncias falsas y ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción».
Una muchedumbre de delitos
Según el juez hay una muchedumbre de delitos atribuibles al entramado de ACODAP en una primera calificación jurídica. Así entienden que hay delitos contra el honor, del arte. 205 y siguientes del Código Penal; delito contra las altas instituciones del Estado previsto al arte. 504 del Código Penal; delitos de organización criminal o grupo criminal de lart. 570 bis o 570 ter del Código Penal para la comisión de los delitos anteriores; además de estafa agraviada del arte. 248 en relación con el 250.5.º del Código Penal o delito de apropiación indebida agraviada del arte. 251 en cuanto al arte. 250.5.º del Código Penal, delitos de falsedad de los artes 390 y ss CP, delito de asociación ilícita del arte. 515 del Código Penal en relación con el arte. 517 del Código Penal. El riesgo de fuga o la destrucción de pruebas es el argumento del juez para decretar la prisión y la orden de detención.
