La ex consejera de Educación en el exilio y actual eurodiputada de Libres por Europa, Clara Ponsatí, ha abierto un nuevo frente judicial. En este caso, contra la Generalitat de Cataluña, por esconder los atestados que los Mossos d’Esquadra han hecho sobre activistas y manifestaciones independentistas. Según ha explicado el equipo de la consejera a El Món, Ponsatí ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante la negativa de la Generalitat de darle acceso a estos atestados elaborados, según el escrito, para «reprimir manifestantes independentistas».
“Abrimos la vía judicial para parar la represión de la Generalitat de Cataluña contra los independentistas y evitar que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra pueda continuar actuando como cooperador necesario del estado español,” explica Ponsatí a través de un comunicado. «Alguien les tiene que parar los pies», ha añadido la eurodiputada. La demanda contenciosa, de 35 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, llega después de un largo periplo administrativo para obtener información pública a través de los mecanismos de transparencia del Gobierno.
455 atestados
Según denuncia Ponsatí, pidió el año pasado a la Generalitat todos los atestados de este tipo que habían acabado en los tribunales, con el Gobierno catalán como parte. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la solicitud en cuanto al acceso a los atestados. Pero, por otro lado, reconoció el derecho de Ponsatí a saber cuántos de los procedimientos penales se han iniciado a raíz de los 455 atestados policiales de los Mossos d’Esquadra por las protestas independentistas, en los cuales la Generalitat se hubiera personado como acusación particular. El Departamento de Interior tuvo que admitir que llegan hasta 30. “La Generalitat tendría que estar protegiendo a los catalanes y, en cambio, los está reprimiendo con la policía, primero, y, después, acusándolos penalmente aprovechando la arbitrariedad de los atestados», asegura la consejera.
Según el escrito de demanda, Ponsatí alega que la resolución negativa fue dictada de manera altamente irregular y que los atestados de los Mossos d’Esquadra son información pública. De aquí que el equipo legal de Ponsatí resalte en la demanda que «uno de los puntos clave del recurso es el derecho reforzado de acceso a la información pública que ostenta Ponsatí, como eurodiputada, así como la posibilidad de fiscalización de los cuerpos policiales por parte de la ciudadanía y por parte de los representantes electos. La ex consejera exiliada califica la «Generalitat y los Mossos» de «colaboradores necesarios de la represión» y denuncia «el uso arbitrario que hacen los Mossos d’Esquadra para intimidar y reprimir el movimiento independentista». Una estrategia para «pacificar la población y permitir en el Gobierno volver al autonomismo más dócil y colaboracionista».
