La Policía Nacional ha detenido a la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), en el marco del operativo anticorrupción que tiene en marcha en la ciudad. Un juzgado de Vilanova i la Geltrú investiga una trama que presuntamente habría otorgado subvenciones y contratos de manera irregular a dos entidades del municipio. Además de la alcaldesa, la policía ha detenido a ocho personas más: un regidor republicano, Jaume Monasterio; tres técnicos del Ayuntamiento, uno de ellos ya jubilado; y cuatro personas vinculadas a las entidades investigadas. La justicia los investiga por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
El Ayuntamiento de Sitges ha informado en un comunicado que la investigación que lidera la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española se centra en unas “irregularidades externas” al consistorio. Fuentes municipales niegan cualquier responsabilidad jurídica y penal y niega ningún vínculo de los equipos de gobierno investigados con la gestión de las subvenciones y los contratos menores. «Una vez detectadas posibles irregularidades externas se encargó a profesionales jurídicos el esclarecimiento de los hechos, parando las subvenciones, revisando los expedientes e iniciando el proceso para el retorno de las subvenciones que no estaban plenamente justificadas», asegura el Ayuntamiento.
Un año de investigación y 600.000 euros bajo sospecha en Sitges
La operación se ha puesto en marcha esta mañana después de más de un año de investigaciones. La policía española ha registrado varios domicilios y dependencias municipales para buscar información y documentos que prueben las irregularidades denunciadas por la intervención municipal. El juzgado investiga q Carbonell y 12 personas más, entre ellas regidores de los dos últimos mandatos –uno con ERC y el otro con CiU–, por la concesión de subvenciones y contratos menores a la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf y a una cooperativa, ambas vinculadas a la misma familia, que serían los otros cuatro investigados.
Se calcula que entre subvenciones y contratos podrían haber obtenido unos 600.000 euros entre 2017 y 2022, años que engloban la segunda mitad del último mandato de CiU (2015-2019) y buena parte del primer mandato de ERC (2019-2023).
